El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC decidieron anoche un impulso al acuerdo de paz en momentos en que un cúmulo de dificultades amenaza con alargar la implementación de lo pactado, para lo cual diseñaron una estrategia de seis puntos.
El compromiso quedó plasmado en un comunicado conjunto emitido en Cartagena de Indias, donde durante dos días representantes del gobierno y las FARC se reunieron a puerta cerrada para evaluar los primeros 100 días de la instrumentación del acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá.
A la cita se sumaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, según la presidencia.
En compañía de miembros de su gabinete, el mandatario se reunió con miembros del secretariado de las FARC para recibir el informe de los dos días de trabajo, agregó la información.
«El Gobierno nacional y las FARC seguirán trabajando para cumplir los compromisos contemplados en el Acuerdo Final que nos llevará a construir la paz estable y duradera para beneficio de todas y todos los colombianos», señala el comunicado recogido por la agencia de noticias EFE.
El momento que vive el acuerdo es complejo, pues las partes se recriminan por el poco avance en los compromisos para llevarlo a cabo, y a esto suman las dificultades del gobierno para alinear a sus huestes en el Congreso a la hora de aprobar las reformas constitucionales con las que se creará la arquitectura jurídica de lo pactado.
Una muestra de esas dificultades está en que, a pesar de las mayorías con que cuenta el gobierno en el Congreso, aprobó con los votos justos el acto legislativo que introduce al ordenamiento legal la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que busca satisfacer los derechos de las víctimas.
En Cartagena, el Gobierno y las FARC, que confluyen en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, dijeron que se identificaron las dificultades y se acordó trabajar en los asuntos de desarrollo legislativo, garantías de seguridad, tránsito a la legalidad, zonas veredales transitorias de normalización, reincorporación y el cronograma de abandono de armas.
En cuanto a garantías de seguridad, se agilizará «la activación de los mecanismos e instancias establecidas en el acuerdo», lo que incluye un Pacto Político Nacional «que busca garantizar el efectivo compromiso de todos los colombianos para que nunca más se utilicen las armas para hacer política».
Las FARC, por su parte, completarán los listados de sus hombres, que deben incluir a los milicianos (colaboracionistas), mientras que el gobierno se comprometió a dar «apoyo necesario a las instancias competentes encargadas del trámite de amnistías con el fin de agilizarlas».
Con respecto a uno de los reclamos más recurrentes de las FARC, que es el atraso en las obras de adecuación de las 26 zonas veredales creadas para albergar a unos 7.000 guerrilleros, el gobierno se comprometió a que en abril las entregará «en su totalidad» y dotadas de ambulancias y personal médico.
Lo acordado en Cartagena será discutido por Santos en un consejo de ministros con el fin de superar cuanto antes los obstáculos que se atraviesan en el camino de la paz.
