Dicho decreto fue declarado inconstitucional por la jueza Sandra Valenti, que falló sobre una presentación de un interno que no pudo acceder a su libertad por una calificación negativa del Servicio Penitenciario Provincial. La magistrada señaló que la norma atenta contra la rehabilitación de los internos, y criticó que por episodios de la coyuntura política se caiga en la tentación de agravar las penas o modificar las pautas en que las condenas se ejecutan.
En relación al mismo, desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) enfatizaron que «el decreto es inconstitucional y además, no se puede cumplir, porque las cárceles están estructuralmente incapacitadas para aplicarlo» .
Lilian Echegoy, vocera de la Coordinadora, señaló a Conclusión: «La normativa no sólo es inconstitucional y regresiva, sino de imposible implementación porque obliga a las unidades penitenciarias a ofrecer trabajo, pero en Coronda hay 350 cupos laborales para una población de 1.300». Además, agregó Echegoy, «a pesar de haber sido declarado inconstitucional, el decreto se sigue aplicando y se lo aplica en forma retroactiva, lo que está fuera de toda legalidad».
Otra cuestión relacionada con este tema es el inciso que especifica las obligaciones de los llamados «grupos de seguimiento». Echegoy explicó que los grupos de seguimiento se componen por psicólogos y tabajadores sociales que trabajan para el Servicio Penitenciario: «Se llama grupo criminológico de seguimiento, que son los encargados de evaluar y de ofrecer el accesos a la educación formal e informal. Ese grupo no hace el seguimiento como corresponde. Es decir, los únicos que están cumpliendo de facto este decreto son los presos».
Por otro lado, manifestó Echegoy que «en las cárceles no hay trabajo, las aulas son muy pequeñas y no todos los que se anotan pueden estudiar».
La representante de la CTC indicó que «se pidió una reunión con el secretario de Asuntos Penitenciario, Pablo Cococcioni, en la cual podamos participar los coordinadores y delegados para avanzar con las negociaciones, pero hasta ahora, luego de una semana de iniciada la medida de fuerza no hemos tenido ninguna respuesta para avanzar en la superación del conflicto. Debo señalar que hoy comenzaron a adherirse a la huelga los pabellones del penal de Piñero».
«Mucho más que el decreto»
Lilian Echegoy enfatizó que la medida de fuerza va mucho más allá del decreto, y tiene que ver con las paupérrimas condiciones de vida dentro de las unidades penitenciarias, como superpoblación, denuncias de maltrato a las visitas, comida insuficiente, falta de atención médica y de medicamentos, imposibilidad de acceder a la educación formal, reiteradas violaciones a los derechos humanos de los internos y de las visitas, desastrosas condiciones edilicias, entre muchos otros puntos.
«El petitorio presentado no se basa solo en el decreto ni en el tema de las salidas transitoria, va mucho más allá. Lo que se pide es trabajo, educación, es cuidado con los niños que visitan a los internos, que son estigmatizados, porque los chicos tienen que ir con la partida de nacimiento y le hacen un carnet con una foto en la cárcel. Eso atenta contra todos los derechos de los niños que son marcados con esa imagen. También se plantean inconvenientes con las visitas, porque nunca entran a tiempo o a veces no pueden entrar luego de largas horas de espera», explica la responsable de la CTC, listando tan sólo algunos de los reclamos.
Dentro de los puntos del petitorio presentado, el primero de ellos es el pedido de que se reanuden las mesas de diálogo, suspendidas a partir del 2014, que eran el medio para canalizar las demandas y evitar los conflictos.
Además, se pide que se acabe de forma urgente con las moras en el juzgado de Ejecución Penal que vulnera las garantías procesales, el accesos a una atención médica y medicamentos adecuados y que se garantice el acceso a la educación en todos los niveles y la gestión de cursos de capacitación laboral.
Los otros puntos del petitorio solicitan garantías para la seguridad e ingreso de las visitas, la actualización del peculio por las labores realizadas, ya que el más alto no supera los 1.500 pesos, y comida en buen estado y cantidad suficiente.
Petitorio Completo
1- Reanúdense las mesas de diálogo de manera periódica porque son el medio para canalizar las demandas y evitar conflictos en una unidad sobre poblada.
2- En el marco de esta huelga las resoluciones se tomarán mediante una mesa que convoque a las autoridades penitenciarias, defensor general de cámara en lo penal de Santa Fe, juzgado de ejecución penal, todos los delegados y voceros de la unidad y la Coordinadora de Trabajo Carcelario.
3- Se arbitren las medidas para resolver de manera urgente los incidentes en el el juzgado de ejecución penal, la mora existente vulnera la garantías y derechos procesales. Se proceda por las vías pertinentes ante el Ejecutivo provincial a fin de agilizar las conmutaciones de pena.
4- Pedimos que se garantice la atención medica de manera eficaz y con profesionalidad y se proporcionen medicamentos adecuados.
5- Posibilítese y garantícese el acceso a la educación de todos los interesados de nivel primario secundario y terciario, gestiónese cursos de capacitación laboral.
6- Se generen talleres auto gestionados para todos los interesados y para los presos considerados de alto perfil, estos últimos ……por disposiciones del no tienen trabajo ni acceso a la educación. Incurriendo en una discriminación inadmisible.
7- El decreto 4127-16 inconstitucional es aplicado de facto sobre los presos, pero el mismo decreto señala obligaciones para el grupo criminológico y de seguimiento, que por un lado incumplen y se extralimitan en dictámenes que exceden sus funciones. Hecho que requiere una intervención de carácter urgente, esta ineficiencia produce agravamiento en las condiciones de detención
8- Se requieren urgentes medidas para garantizar el ingreso y la seguridad de la visita, y se entreguen los números a la hora 0 del día anterior.
9- Se garantice el acceso a la educación de todos y talleres de capacitación laboral. Con cupos acordes a la población penal existente.
10- Afirmamos que el decreto 4.127 no solo es inconstitucional y regresivo, sino de imposible implementación. Porque ese mismo decreto obliga a las unidades penitenciarias a ofrecer trabajo, en Coronda hay 350 cupos laborales en una población de 1300. Ese incumplimiento debe ser sancionado de manera urgente.
11- La adhesión de la provincia a la ley 24660 omite el capítulo referido al trabajo, por lo tanto los presos no cobran un sueldo, es un “peculio” ínfimo cuyo último aumento se efectivizó en el 2015 por lo que merece una adecuación en todas las categorías.
12- Existe una flagrante violación de los derechos de los niños, a los que se les exige foto y partida de nacimiento. Esa documentación queda en las cárceles e irá a las bases de datos, por lo que vulnera derechos inalienables consagrados en la legislación vigente
13- Se exige comida adecuada, y suficiente ración y que se permita el ingreso de comida por parte de la visita. Demás como siempre se hizo, posibilitar el ingreso de alimentos especiales para eventos, como bautismos, casamientos, días del padre, madre, niño, y fiestas de navidad y año nuevo.
14- Volvemos a afirmar que las negociaciones referentes a esta huelga solo se realizarán en el marco de una mesa con la presencia de autoridades penitenciarias, defensor de cámara, juzgado de ejecución penal, todos los voceros de la unidad y la Coordinadora de trabajo Carcelario.
Coccocioni
En tanto, este lunes el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Coccocioni, declaró a medios santafesinos que «no están dispuestos a negociar, esencialmente el planteo vinculado con las salidas transitorias».
En una entrevista con el diario El Litoral, el funcionario manifestó: “No vamos a negociar. Respetamos la medida en tanto y en cuanto sea pacífica y estamos al tanto del petitorio. Ellos (los internos) saben hacia dónde nos encaminamos en materia de políticas públicas y éstas son para nosotros decisiones tomadas. La verdad que no estamos dispuestos a someterlas a negociación”, insistió.
Respecto del decreto firmado por Miguel Lifschitz a fines del año pasado, aclaró que si bien fue declarado inconstitucional, ello incide sólo sobre el caso en particular y no en general. “Por lo tanto -aseveró-, lo vamos a seguir aplicando. No es para nosotros debatible o negociable si se aplica o no un decreto; está firmado y hay que cumplirlo”.
