La negociación salarial del sindicato de Camioneros, la última paritaria pendiente de relevancia nacional, volvió a estancarse ayer y quedó a las puertas de un conflicto en todo el país.
Al mismo tiempo, el debate puso al descubierto una mecánica de acción coordinada entre el gremio y la cámara empresaria para reclamarle al Gobierno beneficiosque dio de baja Cristina de Kirchner.
Uno de ellos es una deuda que, según los transportistas, la gestión anterior acumuló por 2.000 millones de pesos, y el otro es un subsidio al gasoil.
Una nueva audiencia ayer en el Ministerio de Trabajo sirvió como preámbulo de una protesta nacional en preparación del gremio de Hugo Moyano. La discusión estuvo a cargo de su hijo mayor y número dos en Camioneros, Pablo Moyano, quien ratificó un reclamo de aumento salarial del 42% y una compensación por el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los choferes. Lo hizo acompañado por la dirigencia nacional de la organización y junto a miles de afiliados que montaron un acto en la puerta de la oficina de la cartera laboral en Callao al 100.
La oferta de la principal cámara empresaria, Fadeeac, fue subir los sueldos un 29,5% (un punto y medio más que en la audiencia previa) y descartar de plano cualquier debate sobre el gravamen, por entender que es una exigencia a ser planteada ante el Gobierno o el Congreso. En ese contexto los dirigentes dieron por finalizado el debate y avisaron que hoy definirán medidas de fuerza. La Federación de Camioneros reunirá desde las 9 a los secretarios generales de todo el país en el hotel «Los Dos Chinos».
La posibilidad de realizar protestas está acotada desde que la semana pasada. Trabajo dictó la conciliación obligatoria por diez días hábiles, con la posibilidad de extender ese plazo. De llamar a un paro formalmente la cartera laboral estará en condiciones de aplicar multas millonarias, le dijeron a este diario los funcionarios. Ante esa amenaza, Moyano no descarta implementar medidas indirectas como trabajo a reglamento o asambleas informativas que, en definitiva, tendrán el mismo efecto que una huelga. Los sectores en vista son la recolección de residuos y el transporte de caudales. La semana pasada el gremio complicó el abastecimiento de las estaciones de servicio con un paro en el transporte de combustibles.
Más allá del reclamo salarial puntual, por lo bajo hay negociaciones cruzadas entre los hombres de Moyano, Fadeeac y los funcionarios. Una de ellas pasa por una deuda que los transportistas le endilgan a la gestión anterior por un subsidio que Cristina de Kirchner eliminó en 2012. Se trata de la devolución de aportes patronales que el Estado hacía a los empresarios que tuviesen a sus choferes registrados y en cumplimiento de las normas laborales.
El denominado Régimen de Fomento para la Profesionalización del Transporte (Refop) existió desde 2003 y fue un pilar del crecimiento del gremio de Moyano. Con ese mecanismo los empresarios abarataban sus costos y el gremio conseguía más afiliados en blanco. Aunque Cristina de Kirchner anuló ese subsidio en 2012, en el punto más alto de la confrontación con Moyano, los transportistas sostienen que esa gestión dejó de pagarlo mucho antes y acumuló una deuda estimada, en la actualidad, en 2.000 millones de pesos.
Fadeeac elevó ese reclamo al Ministerio de Transporte, pero de manera reservada planteó que sólo si se atiende esa deuda podrá afrontar un aumento salarial mayor y evitar así un paro nacional de uno de los gremios con mayor poder de daño. En el Gobierno abrigan otra sospecha: que también la cámara patronal y Camioneros operan en tándem por la restitución del subsidio al gasoil que en la actualidad sólo perciben las firmas de transporte público de pasajeros.
En ese sentido, entre los negociadores del Ejecutivo creen que existe un principio de acuerdo entre el sindicato y las empresas (con un aumento salarial en torno del 36%) que sólo verá la luz si se producen desembolsos con fondos estatales para el sector, algo beneficioso para ambas partes. Y que las protestas, con eventuales medidas de fuerza o movilizaciones, estarán más orientadas a ese propósito que a golpear las estructuras económicas de las compañías. Las partes volverán a reunirse el miércoles que viene en Trabajo.
