Aldo Battisacco – Desde Buenos Aires (Enviado Especial)
Mediante la firma de un proyecto consensuado que establece criterios sociales y federales para establecer tarifas, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el bloque Justicialista hicieron causa común este martes para presionar a Cambiemos.
La iniciativa fue aprobada en un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a solo 72 horas de la audiencia pública por la tarifa de gas.
Previo al tratamiento en el recinto, el proyecto debe tener la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de no dar lugar a la iniciativa el oficialismo esta en condiciones de interrumpir la discusión.
Según se desprende de la lectura del texto, este alcanza los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de prestación de agua potable, y contiene capítulos vinculados a criterios de “equidad federal”, “protección social” y “protección del empleo”.
De acuerdo a lo que manifestó Sergio Zilota, que preside la Comisión de Obras Públicas, se trata de “estándares mínimos que debería seguir el Gobierno”, explicó.
Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, precisó que el proyecto propone tener en cuenta un contexto donde “la sociedad ha restringido el consumo de alimentos” y hubo un “aumento de importaciones sin estrategia”.
“No estamos autorizados para fijar tarifas, pero estamos obligados a darle a este gobierno un marco de equidad tarifaria federal que hoy no tiene”, señaló el salteño.
Por su lado, el santafesino Alejandro Grandinetti del Frente Renovador expresó que “agregar federalismo a la discusión no es solo una cuestión de costos: es la asignación de un derecho básico para tratar de que efectivamente avancemos hacia la pobreza cero”.
Lamentándose de que el Congreso no haya tratado el tema con anterioridad el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez manifestó que “vamos detrás de los problemas, pero hay un Ejecutivo que va mucho más atrás”, advirtió.
Desde el oficialismo, la legisladora Alejandra Martínez y el macrista Guillermo Durand Cornejo sostuvieron que es un “proyecto panescénico”.
Martínez agregó que la oposición alberga cierta “intencionalidad de ver qué rédito político sectorial se puede sacar, sin importar en absoluto la situación de la población”, y agregó que “lo único que se hace es obstaculizar un proceso que se está llevando a cabo con toda corrección”.
En esencia, la medida da nacimiento a un“Régimen de Equidad Tarifaria Federal” que busca “evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”.
Otro de los puntos que consagra equidad federal es el que refiere a que “no se podrán fijar tarifas y costos mayores para zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en relación a otras de mejor calidad de vida”, porque “no se podrán fijar, para el resto de los usuarios del país, tarifas superiores a las que correspondan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El sistema de “Tarifa Social Universal” para los servicios de gas, luz y agua potable, está direccionado a “a garantizar a los hogares que se encuentren en situación transitoria o permanente de vulnerabilidad socio-económica el acceso a los mismos a través de un precio diferencial”.
Tomados los parámetros del proyecto reduce la tarifa en no menos del 30 por ciento de los valores vigentes para las micro y pequeñas empresas, cooperativas, fábricas recuperadas y pequeños contribuyentes.
