El juez federal Sebastián Casanello rechazó un pedido de sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en las que está siendo investigado.
Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el magistrado consideró «prematuro» el planteo, ya que resta conocer un pedido de información que él hizo a los Estados Unidos.
Macri es investigado por la escucha telefónica que tuvo como víctima a su cuñado, Néstor Leonardo, y a Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, aunque el juez no lo envió a juicio oral y público a diferencia de lo que sí hizo con otros 11 acusados, al considerar que no había pruebas en su
contra.
Si bien Casanello no lo remitió a juicio, dispuso ampliar la cantidad de pruebas, entre las cuales se destaca un pedido vía exhorto a los Estados Unidos con pedido de información sobre una empresa de seguridad contratada por Franco Macri para investigar a su yerno, quien estuvo casada con Sandra, fallecida el año pasado.
En cambio, sí van a juicio el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios; el espía y ex empleado del Ministerio de Educación Ciro James; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski; policías federales y funcionarios judiciales de Misiones, provincia donde se originaba la maniobra para escuchar los teléfonos.
Según la acusación, Macri introdujo a James en la administración porteña como gratificación por su tareas de
espionaje; y también promovió a Palacios, uno de los investigados en dicha maniobra.
El pedido presentado por los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, defensores de Macri, fue en base a los testimonios del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y el de Adrián Juan Pelacchi, jefe de la Policía Federal en los 90 y cuya empresa, AP Security Consultora SA, prestó servicios de seguridad contratados por Franco Macri para sufamilia.
En su declaración, el ministro Montenegro favoreció a Macri, ya que aseguró que a Palacios lo propuso él para la Metropolitana y que el jefe de Gobierno no intervenía en designaciones como la de James en el Ministerio de Educación.
Sobre la escucha que tuvo como víctima a Leonardo, la defensa apunta que fue Franco Macri la que contrató a la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, con sede en Estados Unidos, para investigarlo a raíz de la mala relación de éste para con la familia del ingeniero.
Ante ello, el juez Casanello el año pasado vía exhorto requirió información de la empresa, sobre cómo fue la contratación y los servicios que prestó para Franco Macri.
«Es menester estar a la espera de la respuesta de las autoridades norteamericanas a los fines de agotar la encuesta en ese sentido y contar con aquella prueba directa», consideró Casanello, quien rechazó el pedido de sobreseimiento al considerar que el mismo es «prematuro».
«Resta a la fecha contar con la respuesta plena a los interrogantes que motivaran el libramiento de la rogatoria internacional y que fueran explícitamente sindicados por la Cámara Federal al revisar el decisorio que decretó la nulidad parcial de la clausura de instrucción, razón por la cual habré de rechazar el pedido de sobreseimiento por prematuro», agregó.
En tanto, en la resolución del 29 de diciembre pasado, el juez también rechaza el planteo de la defensa por violación de la garantía de plazo razonable.
«La cantidad de hechos investigados y su complejidad torna proporcional la producción probatoria ordenada y en consecuencia compatible la duración del proceso, hasta el momento», concluyó.
