Los integrantes de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR), y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, que preside Jorge Vara (UCR), se reunirían a partir de las 12 en el 2° piso del Anexo «C» de la Cámara baja y, con la intención de darle el visto bueno a la iniciativa, pero la convocatoria fue infructuosa.
Pasada la media hora de la citación, la presidenta de la comisión cabecera, Roxana Reyes (UCR-JxC), informó que no se había logrado reunir el quórum y que se llamaría a una nueva convocatoria. El proyecto también debe pasar por Presupuesto y Hacienda.
Reyes alegó que algunos legisladores tuvieron complicaciones con los vuelos para llegar. Hubo ausentes tanto desde el oficialismo -solo se lo vio a Eduardo Toniolli– como desde Juntos por el Cambio, aunque los presentes eran más desde ese lado del salón. También estuvieron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.
A pesar de no haber tenido quórum, en la reunión se escucharon a invitados de distintas organizaciones interesadas en la temática. La primera en exponer fue la directora Ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Watcher, quien la semana pasada estuvo ante la bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.
Paula Watcher
Ante la ausencia oficialista, Reyes remarcó: “El proyecto vino con unanimidad del Senado, pero claramente hay una decisión política de algunos bloques de no dar el debate sobre este proyecto. Nosotros vamos a insistir con la convocatoria a ambas comisiones porque puede perder estado parlamentario a fin de año”.
“Hoy cuando un profesor de educación física, un docente o director de deportes de un club, una pileta u otra institución, advierte que pueda haber alguna situación que puede tener que ver con el abuso sexual infantil, suele ser muy traumático para el propio profesor o directivo, y muchas veces no saben cómo proceder, qué protocolo aplicar sin revictimizar, sin vulnerar los derechos o afectar la propia intimidad del niño. Entonces debemos trabajar sobre estos marcos de actuación”, explicó la radical al salir de la reunión.
En ese sentido, agregó que “hoy tenemos víctimas que están sufriendo porque quienes debemos generar las herramientas para prevenir estas situaciones hoy no dimos el debate”. “Vamos a insistir y seguir convocando al plenario de comisiones, y esperamos que los diputados del Frente de todos y de La Libertad Avanza entiendan de la niñez es también una agenda prioritaria”, lanzó contra sus pares. No obstante, LLA no cuenta con integrantes en esas comisiones.
El proyecto fue aprobado por el Senado el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
María Belén Tapia
La iniciativa, impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), establece que «toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes».
De acuerdo al texto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, establecerá los requisitos mínimos de los protocolos y determinará el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido.
También, deberá poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
Asimismo, tendrá a su cargo la tarea de brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Según el proyecto, el protocolo «deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño».
