Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – En el mes de abril, desde Cgera, informaron que 15 mil empresas cerraron sus puertas, había 830 mil empresas, y luego de casi 4 años de gobierno de la Alianza Cambiemos, quedaron 815 mil, que además despidieron gente con lo cual el desempleo llegó a 197 mil o 200 mil puestos de trabajos perdidos.

Claro que estamos hablando de aquellas que registraron el cese de la actividad en el organismo correspondiente, sin embargo, se sospecha que el número de pymes que bajaron sus persianas es mayor, porque no todos dan la baja en forma inmediata.

Uno de los indicios más fuerte, sobre lo que acontece en el mundo de la producción es que no existe una herramienta que sea lo suficientemente efectiva para constreñir a los gobiernos -que aplican un plan económico- a obligarlos a sentarse a una mesa de negociación para actualizar demandas u ofrecer propuestas que fortalezcan la realidad de los sectores productivos.

En pocas letras, del contrato electoral que tentó a los argentinos en 2015, no quedó nada en pie. No obstante, la estafa electoral, y sin que mediara rectificación de las políticas oficiales, la idea del oficialismo de cara a los próximos 4 años, es profundizar lo que comenzó en diciembre de 2015.

El movimiento obrero también está atrapado en el marco de esta ingeniería institucional, que le aherroja -como al mundo empresario- la posibilidad de empatar con los mercados la posibilidad de votar -lo que más le conviene- casi diariamente.

El deterioro de la actividad productiva y comercial, es razón más que suficiente, para comenzar a pensar que algo debe cambiar, sea por la vía de una reforma constitucional que institucionalice esa herramienta o por otra modalidad que permita vincular la demandas a la agenda productiva de un gobierno.

Ni cámaras empresaria o sindicatos, pueden sin esta herramienta encarar una instancia de interlocución real ante la voluntad del poder político constituido en términos del siglo XIX.

Tampoco revertir la deslegitimación del compromiso social asumido por una fuerza vencedora en el marco de una democracia limitada, no solo por el andamiaje legal sobre la cual de asienta, sino también, por la indiscutible  condición de Argentina en el mundo. Un país periférico y altamente dependiente en el terreno económico, tecnológico y financiero.

Todo dependerá de la voluntad del grupo gobernante y muchas veces de los condicionamientos que los factores de poder impongan sean estos asociados a los mandantes políticos o no.

En diálogo con uno de los directivos de Cgera, Ariel Aguilar, emerge claramente la idea de la necesidad inmediata de cambiar el modelo impuesto por el macrismo, con una transición que amenaza -no solo con la incertidumbre de lo que vendrá- sino también con la certeza de las medidas que se fijo Cambiemos, para modelar un modelo de país. primarizado productivamente, y sin ningún rol para el mundo de la empresa y la producción.

Resta preguntarnos, si las repuestas no aparecen porque no se concibe una alternativa a esta manera de transitar el momento político económico, o por la limitación que se instaló a partir del advenimiento del proyecto Cambiemos que derivó en una coyuntura difícil, que deja un fuerte condicionamiento para los meses que restan, hasta que los argentinos decidan de que manera querrán ser gobernados en el futuro.

El Concejo Económico y Social

A titulo de ejemplo y a grandes rasgos se dice que el Consejo Económico y Social (C.E.S.) de España es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, adscrito Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Funciones:

Emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los Anteproyectos de Leyes del Estado y Proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen materias socio-económicas y laborales y sobre los Proyectos de Reales Decretos que se considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de las materias indicadas.

Elaborar, a solicitud del Gobierno o de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios e informes que se relacionen, en el marco de los intereses económicos y sociales que son propios de los interlocutores sociales, con las siguientes materias: Economía y Fiscalidad; Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales; Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Transporte y Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; Mercado Único Europeo y Cooperación para el Desarrollo.

La experiencia europea en la materia llega hasta la edad media, y se formaliza en la modernidad que llego de los grandes adelantos del siglo XIX , pero con un fuerte impulso con las dos guerras mundiales ante la necesidad de garantizar la convivencia entre la burguesía y el proletariado para enfrentar a enemigos comunes. Nadie discute sobre la practicidad de esta figura más allá de la estigmatización que devino del corporativismo nazi y del fascismo italiano. Muy a pesar de esto, su consolidación llega de la mano del altísimo crecimiento y consolidación del Estado de bienestar.