Por Elisa Soldano
La asociación civil Unión de Personal Militar le pidió al presidente Javier Milei que elimine la Secretaría de Derechos Humanos y que desplace a algunos de sus trabajadores. El petitorio fue rechazado por trabajadores del Poder Judicial y por diferentes organismos que luchan por la Memoria, Verdad y Justicia, los cuales juntaron más de 10.000 firmas en “solidaridad y defensa de los profesionales atacados y de todos aquellos que llevan adelante las causas contra los genocidas”.
En un comunicado, la Unión de Personal Militar le pidió a Milei que, en su reforma de ministerios, elimine la Secretaría de Derechos Humanos ya que, a entender de esta organización, “solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados juicios de lesa humanidad, que no son más que la máscara de la justicia venganza que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70”.
“Dentro de esta política de persecución –continuó el documento– queremos mencionar y denunciar a los funcionarios de la Secretaría que, activa e injustamente, someten a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico, con el propósito de imponer la teoría que ellos llaman impunidad gerontológica, según la cual el beneficio de excarcelación o prisión domiciliaria en razón de la edad o del estado de salud, no debe aplicarse a los imputados en estas causas. Esto significa, en otras palabras, perseguirlos a cualquier precio y que se mueran en las cárceles”.
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Para conocer qué significaría para el país quedarse sin Secretaría de Derechos Humanos, Conclusión habló con el fiscal federal Adolfo Villate, quien interviene en casos de lesa humanidad; y con la abogada e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gabriela Durruty.
Al ser consultado por el rol que tiene este organismo, el fiscal federal de la Unidad de casos de Lesa Humanidad, Adolfo Villate, consideró: “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido un soporte muy importante a lo largo de estos años para la continuación de los juicios. Tiene un equipo de abogados que acompaña al Ministerio Público Fiscal en su carácter de querellante en muchas causas, también tiene equipos de psicólogos que brindan asistencia a las víctimas de estos delitos, además de intervenir en los trámites reparatorios. Pero sustancialmente la Secretaría de Derechos Humanos tiene un carácter simbólico muy importante porque da cuenta del compromiso de parte del Poder Ejecutivo Nacional en la continuidad de las causas que tienen que ver con las violaciones a los Derechos Humanos”.
Y completó: “La presencia de esta Secretaría ha sido sustancial porque da cuenta del compromiso que tiene nuestro país en la persecución de las causas y de la decisión que ha tomado la Argentina de juzgar a quienes cometieron ese genocidio que se llevó a cabo durante la última dictadura militar”.
En este sentido, Villate señaló que eliminar la Secretaría implicaría quitar el “soporte y apoyo fundamental” que el Estado Nacional brinda a las políticas de defensa de los Derechos Humanos, y advirtió: “Tiene que ver con el posicionamiento del Poder Ejecutivo que, si decide cerrar este organismo, está dando un mensaje muy fuerte a la sociedad acerca de la importancia que tienen los Derechos Humanos en su gestión”.
Por su parte, la abogada Gabriela Durruty destacó: “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encarna la decisión del Poder Ejecutivo de cumplir con el mandato internacional que establece que los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y sancionados. Desmantelarla o reducir sus intervenciones significaría que el Estado argentino corra el riesgo de incurrir en la violación de los tratados de los cuales es signatario”.
En cuanto al rol de este organismo, la integrante de APDH puntualizó: “Desde la Secretaría no solamente se llevan adelante querellas en diversas causas de todo el país, en representación de las víctimas del Estado terrorista, sino que también se sostienen iniciativas tendientes a reconstruir las historias de víctimas directas, investigar acerca de los procesos sectoriales que rodearon la implementación del genocidio, se analiza documentación otrora clasificada que sigue siendo encontrada y paulatinamente sumada a los procesos, se garantiza, en muchos casos, el control de parte de los peritajes solicitados en las causas, y demás aportes a los procesos de memoria, verdad y justicia”.
La latencia de la teoría de los dos demonios
Al ser consultado sobre qué opinión le merecen los avances de los grupos militares, el fiscal evaluó: “Hay una lógica de pretender volver a lo que fue la teoría de los dos demonios, que es muy lamentable. Tengo la sensación de que esto no es un deseo mayoritario dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, hay muchas camadas nuevas desde que fue la dictadura y creo que ya no reivindican lo que sucedió en aquel momento y eso también es determinante para ver si ese mensaje tiene o no asidero en la realidad de las fuerzas. Sin embargo, hay grupos que siempre estuvieron presentes y hay una tensión permanente en las causas de lesa humanidad, pero la defensa de los Derechos Humanos es permanente, no cesa en ningún momento. Cuando hubo este tipo de tensiones, la sociedad salió a respaldar la continuidad de los juicios y la necesidad de que esos hechos sean debidamente investigados y juzgados”.
A su turno, Durruty indicó que esta teoría ha sido “jurídicamente desterrada desde el propio juicio a las Juntas”, aunque reconoció que la construcción de cultura y la disputa de sentido que permite que el pueblo argentino, y en particular los sectores más jóvenes, conozcan y comprendan la magnitud de los ocurrido durante la última dictadura “va más allá de los términos de las sentencias judiciales”.
“Es una lucha que no debemos dejar –remarcó la abogada– porque su abandono concluye en consecuencias que estamos viendo día a día. El aumento de los discursos violentos tiene, sin dudas, origen en la impunidad o el negacionismo de los mayores delitos de nuestra historia reciente”.
En este sentido, Villate destacó el “fuerte compromiso” que Fiscalía tiene con la vigencia y continuidad de las causas, como así también con el juzgamiento de los casos que aún están pendientes. “Creo que se pueden revisar las sentencias y las mismas dan cuenta de que se han desarrollado en el marco de la legalidad. Si bien puede haber un intento de parte de agrupaciones por querer desinflar o hacer que las causas dejen de tener vigencia, espero y creo que eso no va a ser posible”, completó.
Si bien reconoció que la continuidad de los juicios se ve “cada vez más comprometida” por la avanzada edad de los acusados y de las víctimas, aseguró que el balance de lo realizado hasta el momento es “más que positivo” ya que se llevaron adelante todos los procesos previstos –y en la mayoría se obtuvieron condenas– y que ya hay audiencias programadas para el año que viene.
Por último, y en relación a la “desigualdad” denunciada por los militares en el trato judicial, Villate apuntó: “No hay ningún ensañamiento, sino una búsqueda de que la ley se aplique de la misma forma para cualquier persona imputada de un delito. La mayor queja de parte de estas agrupaciones ha venido por la edad avanzada de las personas imputadas, porque pretenden gozar, a partir de los 70 años, de detenciones domiciliarias, pero eso no es automático, sino que tiene que darse otra circunstancia que es que el encierro, la cárcel, genere un trato cruel, inhumano o degradante, y venimos comprobando que eso no suceda”.
El fiscal aclaró que, en caso de comprobarse que los detenidos mayores de 70 años sufren maltrato, sí obtendrán una prisión domiciliaria, y aclaró: “Somos muy cuidadosos de analizar cada circunstancia y, si vemos que el caso lo amerita, no tenemos ningún tipo de duda en sostener que una persona tenga que estar en detención domiciliaria”.
Durruty, en tanto, señaló que la militancia en favor de los grupos genocidas “no es nueva”, pero advirtió: “Lo que alarma seriamente es que estos grupos intenten manifestarse a través de los estamentos públicos, considerando las posiciones manifestadas por quienes asumieron el poder. La labor de los sobrevivientes y las organizaciones de Derechos Humanos es oficiar de custodios de la memoria, y garantizar que el servicio de justicia sea accesible a las víctimas de los peores delitos que prevé la legislación internacional”.
A modo de conclusión, la letrada aseguró que buscarán sostener los juicios “a fuerza de militancia y convicciones”, y lucharán por “mantener en la agenda política, jurídica y mediática la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de evitar la impunidad de estos crímenes en miras de un futuro que no se construya sobre sostenes endebles, lo cual sería inevitable si no se juzgan estos delitos que, por su gravedad, cada uno de ellos se considera cometido contra la humanidad toda”.
