El gobierno nacional derogó las normas de regulación que la Inspección General de Justicia (IGJ) alentando a la formación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las cuales podrías ser conformadas unipersonalmente o con dos o tres socios fundantes y un capital mínimo de 2 salarios mínimos en pesos, permitiendo la inscripción en un máximo de 72 horas. Estas herramientas son utilizadas por las bandas criminales, como por ejemplo las lideradas por Ariel “Guille” Cantero, otrora líder de Los Monos, para lavar dinero y sostener el sangriento mercado del narcotráfico, las extorsiones y la violencia armada en Rosario.

Las resoluciones generales nº 11/24 y nº 12/24 de la IGJ publicadas en la edición de este jueves del Boletín Oficial eliminaron diferentes exigencias que la entidad hacía a aquellas personas que quisieran abrir una SAS: suscribir la firma digital de todos sus integrantes, aportar un capital mínimo significativo, demostrar la existencia y veracidad de su domicilio -debiendo estar todos sus integrantes domiciliados en el país-, presentar sus estados contables por medios digitales, especificar su actividad económica, informar en qué sociedad local destinan inversiones, contar con organismos de fiscalización y realizar los trámites registrales con dictamen de un profesional, entre otras obligaciones.

El ministerio de Justicia de la Nación explicó que “la intención es brindar mayores herramientas a los inversores locales y extranjeros, con el objeto de promover nuevos emprendimientos, rescatar los ya existentes y generar empleo”.

Desde el 15 de abril, los inversores y emprendedores que busquen registrar una nueva sociedad podrán registrar una SAS de manera unipersonal o con dos o más socios en un plazo máximo de 72 horas, se le habilitará un número de CUIT y los libros digitales de la nueva empresa.

“Básicamente, las regulaciones evitaban que se armen sociedades truchas”, reprochó la diputada peronista y expresidenta del Banco Nación Julia Strada. La legisladora apuntó que “hoy, en sólo 24 horas, completando un formulario y enviándolo con el estatuto modelo a la IGJ, declarando un capital mínimo y con la exigencia de que sólo una sola persona del Directorio tenga domicilio en Argentina, se constituye una sociedad que podría usarse para lavar dinero, señaló desde su cuenta personal de X.

Strada recuerda que en los primeros tres años desde la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas bajo el programa “Argentina Emprende” en los inicios de la gestión de Mauricio Macri, en 2016, el 98% de las 11.881 sociedades inscriptas no especificó en su estatuto de creación ninguna actividad concreta, mientras que cuatro de cada diez (42%) estaban constituídas por una única persona, de las cuales casi todas (99%) el único socio era también el administrador exclusivo de la sociedad. Así y todo, el 62% de las sociedades pluripersonales “rara vez superaban los dos socios”.

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Monerías

No contenta con estos datos, Strada recordó que “en investigaciones judiciales en la ciudad de Rosario, se identificó que el grupo narcocriminal conocido como Los Monos utilizaba este tipo de sociedades como instrumento”. La investigación aludida reveló que la organización liderada por “Guille” Cantero creó 40 SAS en 24 horas para emitir facturas apócrifas y lavar más de 1.200 millones de pesos en 2018.

La Justicia Federal santafesina investigó el lavado de activos a través de estas herramientas. El fiscal federal Walter Rodríguez descubrió, a raíz del aterrizaje forzoso de una avioneta con droga en las cercanías de San Justo, que 15 personas físicas estaban detrás de 32 sociedades simplificadas a través de las cuales se emitieron 8.500 facturas cuyo monto superó los 731 millones de pesos. Ricardo Nissen, director de la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández informó frente al Congreso que varias de estas SAS fueron creadas por integrantes de la banda de Los Monos.

Ariel «Guille» Cantero, líder de Los Monos

“La normativa regulatoria de las SAS ha recibido severos cuestionamientos por constituir un instrumento con potencialidad para ser utilizado con fines ilícitos, en tanto habilita su creación en el plazo de 24 horas a partir de requisitos simples y exiguos, empleando para ello estatutos modelos, previendo un trámite expedito de muy bajo costo, y requiriendo un capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, del cual sólo se exige la integración del 25 por ciento al momento de la constitución”, apuntó Nissen, citando una resolución del juez federal Marcelo Bailaque.

El director de Sociedades de la IGJ, Darío De León, reveló al diario Ámbito Financiero que el Clan Cantero seguían abriendo sociedades simplificadas aún estado dentro de la cárcel: “Una vez que ya estaban detenidas, estas mismas personas presentaban una SAS por semana y el sistema lo permitía porque era totalmente automático. Como se podía hacer de forma remota, alguien afuera se había quedado con las claves y seguían operando”, explicó el funcionario.

Además, De León agregó que “una de cada seis SAS están sospechadas de emitir facturas apócrifas, no es un caso aislado” y sostuvo que “controlar a las personas jurídicas también es parte del combate contra el narcotráfico”.