La subsecretaria de Hábitat de Rosario, Josefina del Río, expuso este martes en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debaten posibles modificaciones a la Ley de Alquileres, y se mostró a favor de gravar las viviendas ociosas. La medida, según planteó, debería implementarse coordinadamente con un paquete de beneficios impositivos para aquellos propietarios que vuelquen sus viviendas al alquiler.

«En las ciudades, que tienen que ser compactas y sostenibles, hay que gravar la vivienda ociosa, pero la escases de inmuebles en alquiler no se resuelve solo en base a una sanción, también es fundamental generar un régimen de beneficios y promoción impositiva para que más propietarios se inclinen a volcar sus viviendas al alquiler. No se trata de derogar la ley; se tiene cumplir aquello que ya se regula y modificar lo que demostró no funcionar», planteó la funcionaria rosarina al momento de hacer uso de la palabra en la Comisión de Legislación General.

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Del Río hizo un detallado análisis del escenario actual, con especial foco en los dos puntos más discutidos de la legislación actual: el plazo de duración de los contratos y la forma de actualización, incluyendo la periodicidad y el modo de efectuar el ajuste.

«Entendemos que la discusión tiene que partir de dos premisas. En primer lugar, plazos más largos suponen mayor estabilidad. El problema no son los tres años; es la seguridad jurídica. Eso alcanza a ambas partes del contrato. Suponer que a una familia le resulta fácil o cómodo efectuar un proceso de mudanza es desconocer la complejidad que tiene ese proceso y la inestabilidad económica y emocional que dicho proceso provoca», aseveró.

«En segundo lugar -continuó-, discutir el precio supone discutir el mercado. Es fundamental promover y controlar las disposiciones relativas a las garantías del contrato. Los seguros de caución y las fianzas suponen seguridad para el propietario y al mismo tiempo un abanico de posibilidades para los inquilinos. Tenemos que incentivar y garantizar la asistencia de mediación prejudicial y que estas sean de carácter obligatorio. Hay que resolver los conflictos que se susciten en este ámbito. Tienen que ser accesibles, cercanas y fáciles».

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Asimismo, la subsecretaria de Hábitat de Rosario puso énfasis en la parte de la normativa actual que no fue implementada. Según señaló, toda la parte referida al Programa Nacional de Alquiler Social está pendiente de cumplimiento. «Hay que adoptar todas aquellas medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante la contratación formal. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, jubilados y personas que están en situación de vulnerabilidad», destacó.

La jornada también contó con la intervención del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien llevó un informe denominado ‘Nueva ley de alquileres: contexto general y situación de los estudiantes de la UNR’. Dicho estudio fue difundido por Conclusión en febrero de este año. Allí se hace un análisis general, pero también hay expuesto un apartado que contiene una encuesta donde se recaba modalidad, características y dificultades de los estudiantes frente al contexto actual.

DATOS E INFORMACIÓN PÚBLICA

En este marco, la funcionaria rosarina remarcó la necesidad de contar con datos que sean claros, ciertos y transparentes, ya que a pesar de las informaciones proveídas por organismos estatales y privados, hay un panorama estadístico sesgado. «Una gran cantidad de contratos se están celebrando en condiciones informales y no se registran ante la Afip», advirtió del Río.

Y detalló: «Así las cosas, estimamos que en Rosario el 20% de la población alquila. Por eso, desde el año 2016 contamos con el CASA (Centro de Asesoramiento Social en Alquileres) con el fin de facilitar el asesoramiento y el apoyo del Municipio a inquilinos y propietarios en esta materia. Entre los años 2020 y 2021 recibimos 14 mil consultas vinculadas al tema de alquileres. 18 de esos 24 meses fueron bajo la vigencia de la Ley Actual. El 73% buscó asesoramiento legal. Los costos de ingreso a un nuevo alquiler; el mecanismo e índice de actualización; el pago de las expensas, impuestos y servicios, fueron los temas recurrentes. Esto no indica por sí mismo un fracaso de la ley,  pero sí un profundo desconocimiento y la falta de aplicación de gran parte de la normativa».