«La persecución, el armado de causas, los infiltrados y los secuestros deben terminar»
"En Jujuy Morales avanzó sobre militantes populares, persiguiéndolos y generando miedo. En San Luis aparecen policías realizando tareas de seguridad interior. Y en la Matanza la policía desaloja familias que reclaman por el derecho a la vivienda", dijo la dirigente.
La noche del miércoles pasado, la justicia federal de Bariloche ordenó el traslado a la cárcel de Ezeiza de cuatro de las siete mujeres mapuches que habían sido detenidas en un violento operativo de desalojo protagonizado por las fuerzas federales de seguridad en la comunidad Winkul Mapu en Bariloche. Entre las detenidas hubo embarazadas y mujeres con hijos. El jueves se encontraban aisladas y se les negó el derecho a la defensa. El traslado a más de 1.500 km significó un despojo de sus territorios y vulneración a los derechos de las comunidades.
Desde distintas organizaciones, exigieron al Poder Ejecutivo Nacional y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se cumpla el derecho a la defensa y las garantías procesales correspondientes. «No son terroristas, son pueblos originarios históricamente postergados, cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados por la ausencia de respuestas concretas del Estado», sostuvieron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
En el marco del lanzamiento de la Red Federal de las Organizaciones Populares, en el salón Delia Parodi de la Cámara, Conclusión dialogó con la secretaria Adjunta de UTEP, Dina Sánchez, quien denunció, secuestros, armados de causas, y persecuciones. La dirigente social reclamó que «todo esto se tiene que terminar».
«Es importante el lanzamiento de la Red, amanecimos con la noticia que detuvieron a 7 mujeres mapuches que las están trasladaron al penal de Ezeiza, es gravísimo lo que pasa, no solo a estas compañeras, nadie dice nada, esto no pasa en otro país, pasa acá en Argentina. También pasa en Jujuy la criminalización a compañeras y compañeros dirigentes sociales» y agregó «hace años que recibimos estigmatizaciones, pero lo que pasa hoy con las organizaciones que trabajan minuciosamente en los territorios, nos persiguen, nos infiltran con gente, secuestran compañero y tenemos un justicia que no se pone de nuestro lado, si no del otro», manifestó Sánchez
La referente de la UTEP señaló que «el ministerio de Justicia no dice nada, no le importa, me parece importante que haya una red que no solo acompañe esta situaciones, sin que sea la voz, pero no basta con denunciar, debe accionar. Claramente no hay una Justicia del lado de los sectores populares».
Se busca criminalizar el derecho a la protesta
«En Buenos Aires, a las compañeras que trabajan en el espacio público en el Parque Lezama, cuando salieron de trabajar hubo una cacería, las subieron a un celular durante 8 horas, esposadas e incomunicadas, que también pasa con las mujeres mapuches, es grave lo que está pasando», apuntó, al tiempo que agregó que «parece que es delito estar en el territorio, es delito luchar para que por lo menos se garantice el trabajo y los alimentos en el territorio, trabajo que tiene que hacer el Estado, pero lo hacemos nosotros», contó a este medio con preocupación Dina Sánchez.
«Nuevamente Morales en Jujuy avanzó sobre militantes populares, persiguiéndolos y generando miedo. En San Luis aparecen policías realizando tareas de seguridad interior. Y en la Matanza la policía desaloja familias que reclaman por el derecho a la vivienda», narró la referente de la UTEP.
Es urgente que se reactive la política pública del INAI, actualmente paralizado, para avanzar en los relevamientos de las comunidades y dar una solución definitiva a la problemática de hambre, tierra y vivienda que sufren los pueblos originarios en todo el país.
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