No sólo los nueve mensajes subidos a la red Twitter “hackeando” la cuenta oficial de la ministra Patricia Bullrich -lo cual puso en evidencia que nuestro país no está preparado para prevenir un ataque cibernético- pusieron en el centro de la escena a la titular de Seguridad de la Nación.
Por un lado, el gobierno boliviano anunció que convocará al embajador argentino en el país del Altiplano, Normando Álvarez, para que aclare los dichos de Bullrich, quien a comienzos de esta semana vinculó la presencia de extranjeros con el alza del narcotráfico en la Argentina.
Y, por otro, se conoció un decreto por el cual el Gobierno nacional resolvió desarticular el programa «Cinturón Sur», que buscaban trasladar a las comisarías de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires a personal de Prefectura y Gendarmería para combatir el delito.
Junto al presidente
Lo del hackeo se dio mientras la titular de la cartera de Seguridad se encontraba participando de la tradicional entrega de sables y despachos a los nuevos jefes superiores de las fuerzas federales, en la Casa Rosada, junto al primer mandatario.
Poco después de hacerse públicos los mensajes apócrifos, Bullrich respondió al ataque en desafiantes declaraciones periodísticas: «Me pueden hackear las veces que quieran, pero lo que tengamos que hacer lo haremos», sostuvo.
Desde Seguridad se distribuyó un comunicado oficial en el que se expresaba que «lo sucedido no coincide con las reglas de convivencia y diálogo que fomenta esta institución» y se reiteraba la advertencia acerca de llevar a cabo «las correspondientes acciones judiciales».
Luego del hackeo -que duró unos sesenta minutos- los técnicos informáticos de la cartera lograron retomar el control de la cuenta y borrar los textos irregulares. Oficialmente, fuentes ministeriales aseguraron que la investigación para determinar la identidad de los agresores se encontraba «en marcha» y «muy avanzada».
Otro frente abierto
Con respecto a Bolivia, el ministro de Gobierno de ese país, Carlos Romero, expresó que las apreciaciones de la funcionaria (Patricia Bullrich) fueron «apresuradas porque no están respaldadas con datos». Y agregó que «la Cancillería va a convocar a la representación diplomática a efecto de pedirle una explicación y nosotros en todo caso reafirmamos nuestra voluntad de trabajo conjunto y simultaneo». La decisión de endurecer la política migratoria anunciada por el Gobierno de Cambiemos también provocó la reacción del cónsul boliviano en Buenos Aires. «Lamentamos la ligereza con la que habla la ministra de Seguridad argentina y nos sentimos indignados por semejantes apreciaciones», afirmó Ramiro Tapia. El diplomático aclaró que desde el gobierno boliviano han mandado una nota oficial rechazando sus dichos.
Fin del “Cinturón”
Como para agregar más dificultades a la ministra en cuestión, se conoció un decreto por el cual el gobierno nacional resolvió desarticular el programa «Cinturón Sur», a través del cual se buscaba trasladar a las comisarías de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires a personal de Prefectura y Gendarmería, para combatir el delito.
El operativo, que fue presentado hace cuatro años por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, implicó que unos 2500 efectivos de la Gendarmería y Prefectura se desplegaran hacia barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
