La educación argentina en conflicto

Por Sonia Alesso y Miguel Duhalde.

La CTERA definió un plan de lucha para todo el país que comenzó con un contundente paro nacional, alcanzando un 85% de acatamiento, y con una masiva movilización al Ministerio de Educación de la Nación. Esta movilización contó con la participación de más de 60.000 docentes de todo el país, acompañados por padres, estudiantes, pedagogos de universidades públicas, organizaciones de derechos humanos, trabajadores de la economía popular, movimientos sociales y sindicatos de diversos sectores de trabajadores provinciales, nacionales e internacionales.

El reclamo principal de la CTERA sigue siendo la apertura de la Paritaria Nacional Docente (PND). La persistente negativa del gobierno para convocarla es lo que ha desembocado en un conflicto que no es muy complicado de resolver. Sólo la desidia de este gobierno es la causa de la dilación del mismo, pues la situación se podría destrabar si se cumpliera con la Ley de Financiamiento Educativo, se procediera con la actualización de las partidas del fondo compensador correspondiente a los años 2017 y 2018 y se abriera la discusión para definir los aumentos del piso mínimo salarial docente para el corriente año. A escala provincial, los gobiernos podrían convocar a los sindicatos y mejorar las propuestas que, en el mejor de los casos, hasta ahora han sido del 15% en cuotas, como en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y que en otras jurisdicciones apenas llegan al 12%, como en la CABA, o al 6%, como en Jujuy. Aún hay provincias donde ni siquiera se han hecho ofrecimientos concretos de porcentaje para el aumento salarial.

La Paritaria Nacional Docente está amparada por una ley que llevó más de 20 años de pelea en la calle y es por eso que se la defiende tanto. Esta conquista no ha sido producto de la simple concesión de un gobierno; por el contrario, fue el resultado de la lucha constante que se inició con la Carpa Blanca y que se concretó desde el punto de vista jurídico con la sanción en el año 2005 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo. Desde el punto de vista político se consolidó con la posibilidad real para los sindicatos de contar con una instancia de negociación colectiva para poner en discusión, año tras año, todos los temas referidos al campo de la educación, incluidos los pisos salariales y el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Gracias a esta herramienta de negociación tan valorada por los sindicatos, desde 2006 hasta 2016 se consiguieron avances muy importantes, especialmente en lo que respecta a la eliminación de los elevados niveles de desigualdad salarial entre las provincias, la responsabilidad del Estado nacional en la asistencia con fondos y recursos a las provincias con más dificultades, el desarrollo de programas socio-educativos nacionales, el equipamiento de las escuelas con materiales didácticos y tecnología, la construcción de escuelas, el establecimiento de un programa de formación permanente gratuito y en ejercicio para los docentes, entre otras cosas.

Es evidente que el intento de eliminación de la Paritaria Nacional Docente por parte del Gobierno es más que un ajuste del presupuesto en materia educativa; significa también la tentativa de cancelar toda forma de organización colectiva de los trabajadores y el consecuente disciplinamiento de la clase obrera en su conjunto.

Detrás de este ataque aleccionador hacia los sindicatos y dirigentes populares que resisten en su lucha por la defensa de las conquistas logradas, en este contexto de restauración conservadora también se embiste contra la Educación Pública y se deslegitima constantemente el trabajo cotidiano de los docentes.

El gobierno nacional, en tándem con los de de la CABA y la provincia de Buenos Aires, apela a la descalificación de la escuela pública para justificar la imposición de su proyecto privatizador, mercantilista y neo-colonial. Es sintomático observar a los funcionarios en sus reiteradas apariciones mediáticas afirmando que la escuela privada es mejor y que la escuela pública ha fracasado, basándose para ello solamente en los resultados de algunas pruebas estandarizadas que han merecido las más diversas críticas de los diferentes sectores involucrados en la educación de todo el mundo.

También se apresuran a tomar datos parciales, equívocos y descontextualizados, para argumentar la supuesta ineficacia de la Escuela Pública y culpabilizar a la CTERA como principal responsable de este presunto “fracaso del sistema educativo en la Argentina”. El mismísimo Ministro de Educación Finnochiaro manifestó recientemente en medios oficialistas: “Los malos resultados de la evaluación Aprender fueron producto de 12 años de ceterismo educativo”.

Estos son tiempos en los que, al decir de la académica de Berkeley Wendy Brown, “el neoliberalismo procura establecer un tipo de subjetividad que tiene como sello la diseminación de los valores de mercado a todos los campos de nuestras vidas y que busca la eliminación de la política”. [1] La CTERA se posiciona justamente en contra de esa subjetividad de la que habla Brown y que está directamente relacionada con la idea del “capital humano”. Dicha perspectiva se sostiene en las ideas del interés individual, la competitividad, la meritocracia y la libertad — de mercado, por supuesto. Y sobre esos preceptos, el Estado, lejos de achicarse y desresponsabilizarse como en los ´90, ahora se reposiciona como un facilitador de negocios para las empresas y para los CEOs que ocupan los principales cargos de gobierno. Un Estado que legitima la desigualdad social, la concibe como natural y despliega su dimensión represiva, desdeñando y poniendo como blanco de todos sus ataques a la clase trabajadora, a sus organizaciones sindicales y a todos los movimientos que tienen en su horizonte la lucha por la soberanía popular, la solidaridad, la igualdad y la justicia social.

La derecha se ha comportado así históricamente, y esto la CTERA lo conoce muy bien. En el ´76 se pretendió terminar con la Confederación de Trabajadores de la Educación comenzando con el asesinato de sus principales dirigentes miembros de su Junta Ejecutiva y con la desaparición de más de 600 docentes de todos el país. En los ´90 se arremetió con la descentralización del sistema educativo, desresponsabilizando al Estado nacional para, así, desarticular el movimiento magisterial y fragmentar al conjunto de los trabajadores, lesionando su capacidad de lucha a escala nacional. Y con la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, a partir del año 2015, se vuelve a cuestionar fuertemente a la CTERA, poniéndola en el centro de todos los ataques provenientes de este proyecto de restauración conservadora que gobierna el país.

Resulta evidente pensar que si se visualiza a esta organización como el enemigo a derrotar es porque, aunque no lo quieran reconocer públicamente, es vista en la sociedad como un ejemplo vivo de la resistencia irreductible en defensa de la educación pública y de los trabajadores. Una organización sindical que ha permanecido incorruptible a lo largo de esta historia que la derecha quiere reescribir con represión, ajuste, persecución y vulneración de los derechos sociales y humanos.

[1] Idea tomada del artículo publicado en la Revista Orillera, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Biglieri Paula, “Una breve reflexión sobre el Estado populista y el neoliberal”, Año II, Nº 2, Otoño 2017.

Fuente: www.elcohetealaluna.com