La Bancaria repudió pedido de juicio político a jueces que avalaron acuerdo salarial
Sergio Palazzo, secretario general del gremio a nivel nacional, salió a criticar la decisión que tomó el Ministerio de Trabajo. A su vez, el magistrado Enrique Gilbert también rechazó la solicitud en su contra.
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, repudió hoy la decisión del Gobierno de pedir juicio político a los jueces que avalaron el acuerdo salarial de ese gremio, ya que consideró que los magistrados «actuaron correctamente».
«Repudiamos el pedido de juicio político a los jueces que avalaron la paritaria», enfatizó el sindicalista, quien a la vez vaticinó que las negociaciones salariales «van a ser más tensas» este año que en los anteriores.
En declaraciones radiales, Palazzo subrayó que las paritarias «son libres» y advirtió que el Gobierno «viene por la baja de lo que llaman ‘el costo laboral argentino'».
Ayer, el Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, de la Cámara Nacional del Trabajo, quienes autorizaron el acuerdo salarial de los bancarios.
Esa cartera denunció que los camaristas tuvieron «mal desempeño», «falta de idoneidad» y «negligencia grave» por «arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución».
Rechazo del juez Gilbert
El juez de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, Enrique Arias Gilbert, consideró hoy que los fallos de un juez “no pueden ser motivo de denuncia” por parte del Poder Ejecutivo porque se estaría poniendo en riesgo “la división de poderes”, y sostuvo que en sus 28 años de magistrado dictó resoluciones que “no le gustaron al gobierno de Menem, ni al de De la Rúa, ni al de Duhalde, ni al de Kirchner”.
En referencia a la denuncia presentada ayer por el ministerio de Trabajo en contra suyo y de la jueza Graciela Marino por “mal desempeño”, Arias Gilbert expresó que “los jueces no pueden ser juzgados por su sentencias, porque pueden producir la desaparición de la división de poderes. Una opinión de un juez, expresada en un fallo, no puede ser motivo de denuncia. Si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento”, dijo Arias Gilbert a radio 10 respecto de su aval y el de Marino a la paritaria bancaria.
Arias Gilbert recordó que es juez desde 1989 y que “nunca ocurrió algo así en democracia”.
El ministerio de Trabajo presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, ambos de la Cámara Nacional del Trabajo.
La denuncia será sorteada el jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que preside el diputado Pablo Tonelli, para que un consejero de esa comisión instruya el expediente y presente al plenario un pedido de avanzar con el pedido de juicio político, o con la desestimación de la denuncia.
Si bien la denuncia “técnicamente tiene chances de prosperar”, es posible que termine en una mera sanción debido la posición que se descuenta tomarán los jueces que integran la comisión, que por una cuestión jurisdiccional seguramente votarán en contra o se abstendrán, dijeron a Télam fuentes del Consejo.
La Comisión de Disciplina y Acusación está integrada por Miguel Piedecasas (abogado), Angel Rozas (senador UCR), Luis María Cabral (juez), Jorge Candis (académico), Ruperto Godoy (senador FpV), Leónidas Moldes (juez), Juan Bautista Mahíques (representante del Poder Ejecutivo) y Gustavo Valdés (diputado UCR).
Según consta en la denuncia presentada ayer en el edificio de Libertad 731, el ministerio de Trabajo entendió que los camaristas incurrieron en “mal desempeño” de sus funciones de magistrado, y expresaron en su fallo “falta de idoneidad” y “negligencia grave” por “arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución.
“El derecho a las paritarias no es de la Justicia, ni del ministerio, es de las organizaciones sindicales y empleadores para llegar a un acuerdo, lo que no quiere decir que el Estado no participe”, explicó el camarista.
Arias Gilbert dijo además que el Ministerio de Trabajo incurrió en “un caso serio de dislexia, de dificultad en la comprensión de textos”, y sentenció: “Creo que estos muchachos no saben leer”.
Comparó su caso con el de un diputado al que se le decida hacer jury por “algo que dijo en la Cámara”, y se preguntó cómo era posible que “porque uno dice lo que no le gusta al ministro de Trabajo, se inicie un proceso de enjuiciamiento”.
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