MIéRCOLES, 27 DE NOV

Impulsan un plan de acción para que barrios populares de Rosario accedan al agua potable

Un convenio firmado este martes entre la Oficina de Defensa del Consumidor y la Secretaria de Integración Socio Urbana, apuntó también a establecer un control de precios sobre los materiales de construcción que las empresas venden a las beneficiarias del programa “Mí Pieza”, para evitar prácticas abusivas.

 

La Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario y la Secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación firmaron este martes un convenio para llevar agua a los barrios populares de la ciudad y para controlar aumento de precios en materiales de construcción a las beneficiarias del programa “Mí Pieza”.

El encuentro entre las partes se llevó adelante en el Concejo Municipal de la ciudad, y contó con la presencia de varios ediles.

El jefe de la Oficina de Defensa al Consumidor de Rosario, Antonio “Toni” Salinas, detalló a Conclusión: “Estamos celebrando dos convenios muy importantes. El primero tiene que ver con tratar de generar un plan de acción para llevar agua a los 112 barrios populares que tiene Rosario en los que viven 40.000 familias”.

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Además, explicó la segunda parte del convenio firmado este martes: “Por otro lado, la idea es poner a la Oficina al servicio de un programa que está llevando adelante la Secretaría de Integración Socio Urbana, que es el programa ‘Mi pieza’, que busca que las beneficiarias, mujeres mayores de 18 años que viven en un barrio popular y cuentan con certificado de vivienda, puedan acceder a este subsidio para la refacción o ampliación de la vivienda”.

En este sentido, el organismo que dirige Salinas trabajará para prevenir y evitar prácticas abusivas y desleales por parte de las empresas que venden materiales de construcción. Para ello, creará una lista de precios orientativa para que las beneficiarias del programa puedan consultar, y también recibirán denuncias y reclamos sobre las empresas que apliquen aumentos de precios “desleales y abusivos”.

Antonio “Toni” Salinas, jefe de la Oficina de Defensa al Consumidor de Rosario.

“A partir de este miércoles nos vamos a poner a trabajar para empezar a recepcionar denuncias y también en dos líneas de acción concreta: la confección de una lista de precios de materiales de construcción que sean acordes a los parámetros de lo que entendemos como precios justos, y por otro lado un registro de proveedores y comerciantes de materiales de construcción que realicen buenas prácticas, para también difundir y poder informar a las beneficiarias cuáles son los lugares donde se respetan los precios acordados o sugeridos”, concluyó Salinas.

A su turno, la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, indicó a Conclusión que el organismo viene trabajando en tres líneas de acción: la integración de los barrios a través de los servicios básicos, la ampliación y remodelación de viviendas en barrios populares y los lotes sociales con servicios, con el objetivo de evitar las ocupaciones de inmuebles.

“Veíamos la necesidad enorme de empezar a trabajar con la ampliación y remodelación de las viviendas en los barrios populares, sabiendo que por los bajos recursos no pueden acceder a ningún crédito y el programa ‘Mi Pieza’ viene desde esa demanda”, señaló Miño.

Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación.

En esta línea, informó que el monto que este programa entrega a las beneficiarias es de $240.000, por lo que celebró el convenio firmado con la Oficina de Defensa al Consumidor ya que permitirá que las familias cuiden este ingreso sin padecer de prácticas abusivas por parte de las empresas.

Consultada sobre cuáles son las irregularidades más frecuentes, Miño advirtió: “Lo que las familias necesitan son chapas de zinc, bolsas de cemento, cerámicos y a veces se ve que los corralones de cercanía, sabiendo que en algunos barrios hay muchas beneficiarias, aumentan los precios de estos elementos”.

El programa “Mi pieza” alcanza a todos los barrios populares del país y -tras dos sorteos que se realizaron en octubre y en diciembre, respectivamente- unas 100.000 mujeres argentinas ya son beneficiarias de esta asistencia que les permitirá ampliar sus viviendas.

 

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