Conclusión Buenos Aires
La validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que establece una desregulación en la economía argentina aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados, que aún no definió un plazo para ser debatido, mientras los bloques opositores buscan conseguir el quórum, desde La Libertad Avanza y sus aliados se focalizaron en consensuar apoyos para aprobar la nueva versión de la Ley Bases.
Es de esperar que la sesión no sea convocada hasta que se apruebe o rechace la nueva versión de la Ley Bases que el Gobierno nacional presentó en el Congreso. El Gobierno se mostró públicamente confiado en que el DNU no va a ser “volteado”, por el momento se niega a garantizar el quórum para su tratamiento.
Tras el rechazo del DNU expresado en el Senado, la estrategia oficialista da indicios de que existe la intención de postergar indefinidamente un debate sobre esa normativa firmada por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023.
El diputado nacional Guillermo Snopek, criticó la iniciativa oficialista a la que le endilgo la responsabilidad de que «no se puede trabajar porque se advierte falta de institucionalidad».
Este martes la Corte Suprema rechazó los planteos contra la totalidad del Decreto presentados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo
El resto de las presentaciones en la justicia son realizadas sobre capítulos en particular como ocurrió la modificaciones de las leyes laborales que por el momento se encuentran frenadas, este jueves la Cámara Nacional del Trabajo volvió a declarar la inconstitucionalidad del capítulo que contempla la reforma laboral a raíz de un amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico.
Sin embargo, los otros capítulos del Decreto que desregulan la economía siguen vigentes y habilitaron –entre otros puntos- aumentos en el precio de los alquileres, medicamentos, comida y cargos en las tarjetas de crédito.
Uno de los puntos más controversiales fue la modificación que habilitó a las prepagas a disponer subas en los precios de las cuotas. La polémica se desató luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, expresara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”.
La medida adoptada contradice la postura del Gobierno que defiende la autoregulación del mercado a toda costa, un argumento que fue clave en la elaboración del DNU y que el oficialismo tendrá dificultades para mantener cuando eventualmente deba debatir en la Cámara Baja.
El DNU en la mira
La semana pasada, UxP, el FIT-U y el Partido Socialista convocaron en la Cámara Baja a decenas de constitucionalistas para exponer sobre la inconstitucionalidad del DNU donde también participaron cinco diputados de la UCR (Pablo Juliano, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti, Pedro Galimberti y Marcela Coli).
Con la participación de abogados constitucionalistas, bloques de la oposición debatieron la semana pasada durante largas horas sobre el DNU 70/23 de Javier Milei, que ya cuenta con el rechazo del Senado.
Ese día los ánimos se tensaron cuando se interrumpió la transmisión oficial que salía por YouTube tras 53 minutos de iniciada la reunión.
La diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard,explicó que “la ley (26.122) aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo”.
El DNU 70/23 “modifica practicamente todo el andamiaje jurídico del país en un solo decreto”, señaló y cerró: “Nunca pasó esto en la historia y si lo hubiese hecho nuestro gobierno u otro, esto hubiese sido un golpe de Estado”.
A la jornada se sumaron un puñado de radicales referenciados en Facundo Manes, quien no estuvo por encontrarse de viaje: Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti y Marcela Coli. También estuvieron Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, ambas de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto.
El DNU 70/23 de desregulación de la economía fue firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado. El 14 de marzo, tras su no tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, fue tratado en el recinto del Senado y allí resultó rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Sin embargo, la Ley 26.122 establece que para ser declarado inválido se requiere que sea rechazado en ambas cámaras.
