Gobernadores de diferentes espacios políticos anunciaron esta semana un plan de recorte del gasto público al reconocer que existe «una emergencia económica» a nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras el Gobierno nacional activó una convocatoria a los mandatarios provinciales para el próximo martes.
Con distintos enfoques y particularidades debido a la situación financiera de cada distrito, los gobernadores que anunciaron planes de control y reducción del gasto público fueron hasta ahora Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Poggi (San Luis), Martin Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
A nivel provincial, estas iniciativas fueron adoptadas por mandatarios peronistas, aliados en el frente Unión por la Patria (UxP), radicales y del PRO en el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) y fuerzas provinciales.
En paralelo, en las oficinas del ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzó a organizarse una convocatoria a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para congregarlos en una reunión el martes 19 en la Casa Rosada, que podría encabezar el propio Milei.
Este viernes, el ministro Francos mantuvo un encuentro a través de la plataforma Zoom con los gobernadores para coordinar detalles del cónclave del martes.
También participaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Chaco, Leandro Zdero, que estaban en Buenos Aires y asistieron de forma presencial a esta reunión, celebrada en el salón de Escudos de la Casa Rosada.
Desde la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof (UxP), -quien estuvo conectado a esta reunión virtual que encabezó Francos-, algunos de sus ministros advirtieron que «se mantiene en alerta» por las medidas económicas anunciadas por la administración Milei, que consta, entre otras cosas, de la limitación de los giros por fuera del sistema de distribución de recursos federales que establece la ley de Coparticipación.
En Misiones, el gobernador Hugo Passaluaqcua (Frente Renovador Misionero) evitó lanzar un plan de ajuste pero advirtió a los funcionarios sobre la «necesidad de seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas».
Por su parte, el santiagueño Zamora declaró el estado de «emergencia económica» en la provincia y la aplicación de «medidas restrictivas y de control del gasto público» por los próximos seis meses.
«Los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances, nos obliga a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos y por eso estoy enviado esta próxima semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia económica, medidas restrictivas y de control del gasto público», indicó Zamora a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Al igual que Nación, Zamora decidió que por seis meses se congelarán las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial.
Bajo otro signo político, el gobernador puntano Poggi (Juntos por el Cambio) presentó el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un déficit de «más de 125 mil millones de pesos» y anunció una política de ajuste, que incluye que los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas.
En un mensaje que fue transmitido por los medios oficiales de la provincia, Poggi informó que la situación de la provincia es «crítica» con los números en «rojo» y anunció que los sueldos de la administración pública se harán en dos veces para los meses de diciembre y enero, y pidió que sea extensiva para los demás poderes del Estado.
Uno de los primeros en lanzar un ajuste fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (UxP), quien anunció un plan de reducción que ahorrará 219.000 millones de pesos a la Legislatura y una reestructuración del Ejecutivo, que incluyó la eliminación de 40 organismos gubernamentales y de la Unidad de Reconversión Laboral.
En tanto, el gobernador cordobés Martín Llaryora (PJ) modificó su organigrama inicial, que preveía unos 32 ministerios y agencias público-privadas, y ahora son 14.
En Santa Fe, el mandatario Maximiliano Pullaro (JxC), manifestó que en la provincia hay «13.000 empleados públicos más que los que había en 2019″, entre los que se cuentan «funcionarios políticos o familiares de políticos de primera y segunda línea del gobierno» del peronista Omar Perotti, su antecesor, por lo que se revisarán los decretos de esos nombramientos.
Pullaro confirmó que participará de la reunión de gobernadores convocada por la Casa Rosada y adelantó que llevará al encuentro su «mirada» sobre las medidas económicas en la coincidencia en que «hay que ordenar las cuentas del estado Nacional» pero con la advertencia de que «ese ajuste no lo pueden pagar los sectores más vulnerables».
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En Chaco, Leandro Zdero (JxC) suspendió las recategorizaciones aprobadas hace tres meses por su antecesor, el peronista Jorge Capitanich, mientras que en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la eliminación del alquiler de autos y camionetas para funcionarios, la reducción del 50% de los cargos de planta política en el Ejecutivo provincial y la revisión de los pases a planta del último año.
En Catamarca, el gobernador peronista Raúl Jalil adelantó que en la segunda gestión que inició en la provincia se realizará una reducción de la planta política del Poder Ejecutivo local en un 20%.
El gobernador fueguino Gustavo Melella, quien reasumirá el domingo 17 para iniciar una nueva gestión, reformará la estructura política de su gobierno, aunque mantendrá la misma cantidad de ministerios y de secretarías de Estado de cara a su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo fueguino.
A su turno, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (JxC), firmó un decreto mediante el cual «se dan de baja las designaciones irregulares realizadas en el Ejecutivo provincial en los últimos seis meses y se revisarán las del último año».
También el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego (JxC) anuló los nombramientos recientes de empleados públicos y suspendió la renovación de contratos realizados por el gobierno anterior, medida que puede afectar a unas 6.000 personas, en tanto que una comisión evaluadora analizará «casos puntuales».
En la misma sintonía, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ratificó que «no hay plata» en la provincia y confirmó reducción «a la mitad» los cargos políticos del organigrama provincial, porque «no significan una mejor calidad de vida ni mejores bienes y servicios públicos».
En Río Gallegos, el flamante gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la venta de vehículos de una residencia oficial y la quita de más de 1.800 teléfonos a funcionarios del Ejecutivo, como parte de programa de «medidas urgentes» de reducción de gastos ante «la grave situación» que atraviesa la provincia patagónica.
«No se vive más del Estado, por lo menos no de esta forma», proclamó Vidal en la Casa de Gobierno, al revelar que en sus primeros días de gestión se encontró con «mucha desorganización» en el Poder Ejecutivo y «falta de fondos», por lo que también pidió las renuncias de funcionarios de la administración de Alicia Kirchner que aún permanecen en sus cargos.
