La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), llevó adelante acciones de control en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. De esta forma, pudo identificar a empresas que operaban en la cadena agrocomercial, pero presentaban irregularidades en la venta de granos.
El organismo incautó en una planta de acopio, ubicada en Santa Fe, más de 900 toneladas de cereales sin documentación de respaldo, valuado en $88 millones, y realizó un millonario ajuste de inspección a una fabricante de alimentos balanceados.
Agentes de la DGI inspeccionaron una planta santafesina dedicada a la elaboración de alimento para ganado bovino, con tareas de fiscalización focalizadas en las operaciones de compraventa de granos utilizados como insumo.
El análisis de la documentación arrojó que una parte de ellas había sido adquirida a proveedores sin capacidad económica ni financiera para la actividad; y determinaron la existencia de 58 toneladas de maíz partido cuya propiedad no pudo ser respaldada.
Las inconsistencias detectadas dieron lugar a la interdicción de los granos y su posterior subasta en la ciudad de Santa Fe por $3,95 millones, que fueron puestos a disposición del Tesoro Nacional; y se determinaron ajustes impositivos por $30 millones.
Por su parte, en la localidad bonaerense General Pirán, se llevó a cabo una fiscalización presencial en una planta de acopio en la que, mediante el cubicaje, se constataron diferencias con el stock declarado y se logró identificar mercadería que no contaba con las cartas de porte electrónica correspondientes ni figuraban en los registros.
A raíz de estas irregularidades, la DGI incautó 563 toneladas de soja y 353 de girasol, volumen equivalente a la capacidad de carga de 30 camiones, con un valor de mercado de $88 millones.
