Algunos economistas del oficialismo siguen diciendo que el nivel del endeudamiento público al que nos ha llevado el gobierno de Cambios no es un tema de qué preocuparse. Sin embargo, el informe de deuda pública que se apresta a publicar la Fundación Pueblos del Sur, refleja la profundización de un proceso que se inició en abril de 2016 con el pago a los fondos buitres y que, lejos de apalancar el crecimiento y la competitividad de la economía nacional, deja a la Argentina en una posición de máxima vulnerabilidad externa.
Según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, el gobierno nacional emitió deuda por 41.345,4 millones de dólares, de los cueles el 50% corresponde a la colocación de títulos públicos (específicamente, bonos denominados en moneda nacional y extranjera), el 40% por préstamos de organismos internacionales (incluyendo sólo el primer desembolso de USD15.000 millones, del préstamo del FMI) y el resto a Letras del Tesoro Nacional en dólares.
Si se pretende añadir la deuda emitida en el primer semestre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hay que considerar los 2.2442 millones de dólares para el Tesoro en concepto de “Adelantes transitorios del BCRA”. En suma, el stock de deuda del Estado Nacional aumentó alrededor de 43.767,3 millones de dólares en el primer semestre de 2018.
Con este crecimiento de la deuda en tan sólo 6 meses, el total de la deuda pública bruta del Estado Nacional ascendió a la fenomenal cifra de 364.700 millones de dólares, de la que el 69% se encuentra emitida en moneda extranjera. En medio de la escasez de dólares que infringe la corrida cambiaria, las cifran hablan por sí solas de un problema que genera justificada preocupación.
Hacia fines del año 2015 la Argentina tenía cierta holgura para endeudarse gracias a que la relación Deuda/PBI era del 52,6%. Pero en tan sólo dos años y medio de gestión, el gobierno de Macri consumió ese margen, llevando el mismo indicador al 87,9%, habida cuenta también del efecto de la devaluación sobre el PBI.
Lejos de atender al desarrollo nacional y subsanar los problemas estructurales que aun presenta la economía argentina, la emisión de deuda vino a financiar la fuga de capitales y el desbalance externo producido por una decidida política de apertura indiscriminada de bienes, servicios y capitales. Al mismo tiempo, la deuda que se emitió con cargo al Tesoro de la Nación, sirve para pagar el costoso fracaso de la política antiinflacionaria, desarrollada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y apoyada por el propio presidente Macri. En otras palabras, se trata de una deuda que, lejos de servir para mejorar la capacidad de la economía de genera divisas, vino a agrandar el pasivo público a cargo del conjunto de los argentinos.
El problema de la insustentabilidad de esta política aparece con claridad cuando se observa el perfil de vencimiento de la deuda pública. Con la deuda emitida a diciembre de 2015, los vencimientos de capital e intereses para el año 2018 ascendían a USD 18.177 millones, pero gracias a la habilidosa capacidad de este gobierno de contraer deuda y fugar divisas, esa cifra ascendía a USD 90.024,7 millones al 30 de junio de 2018.
¿Cómo hará la Argentina para afrontar esos compromisos sin entrar en el círculo vicioso de pagar deuda con más deuda? La corrida cambiaria iniciada en abril de 2018 está estrechamente relacionada con esta duda objetiva de propios y agendos, a lo que se suma la noticia del déficit de Cuenta Corriente que sólo en los primeros tres meses del 2018 alcanzó los 9.480 millones de dólares, y proyecta un rojo externo un 30% mayor que el del año 2017.
Lo peor noticia es la decisión del gobierno de seguir adelante con este modelo económico que implica ser obedientes a la recetas de los financistas internacionales, pero darle la espalda al reclamo popular y la necesidad de pensar primero en el interés de los argentinos.
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