Un país industrial

Por Horacio Rovelli (especial para Conclusión)

La Argentina logró en forma desigual y combinada y con el objetivo de dar respuesta a la crisis de 1930, un inicio de industrialización del país, llegaron empresas y capitales extranjeros atraídos por el nuevo mercado en pleno proceso de sobre producción y sobre oferta de bienes y servicios en el mundo desarrollado. Ese impulso importante fue ampliado y con fuerte participación nacional (estatal y privada) con el peronismo e incluso continuó con los gobiernos posteriores, especialmente durante la gestión del Dr. Arturo Illia.  Tuvo su cenit en 1974 en que el PIB industrial significaba el 33% del total. La Argentina de 1974 era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre una persona rica y una pobre y bastaba tener trabajo para satisfacer la canasta básica total.

En mayo de 1973 asume la Presidencia de la República el Dr. Héctor J. Cámpora, y nombra a José B. Gelbard como súper ministro de Economía. Inmediatamente se instrumenta el plan económico y social llamado “Inflación 0”, que se apalanca sobre el trabajo nacional, en una alianza entre la burguesía industrial nativa  y el Estado, el segundo invertiría en infraestructura y a la vez mediante planes promocionales permitiría que crezca más la burguesía nacional que la extranjera.

Horacio Rovelli

El gobierno propicia el “Pacto Social” que es el congelamiento de salarios (tras un aumento inicial de las remuneraciones del 30%) y precios, con nacionalización (estatización) del crédito y del comercio exterior, esto es, todos los bancos captan depósitos pero el encaje es el 100% por lo que es el Estado a través del BCRA y de los bancos oficiales (Banco de la Nación Argentina, BANADE, Banco Hipotecario y los bancos de las provincias) el que administra el crédito (determina quién lo recibe y a que tasa) y, las ventas al exterior se hacen a través de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carnes.

Las inversiones extranjeras eran admitidas cuando su genuina radicación no desplazara, absorba o sustituya a los capitales nacionales o limite el control sobre los centros básicos de decisión.

Finalmente el Estado regula (establece las reglas) de todas las etapas de la comercialización de los alimentos, se aprueba la estricta ley 20.680 de abastecimiento (por lo que el Estado se reserva el control de precios al consumidor por lo menos de los productos de la canasta básica) y, se propone gravar la  renta potencial de la tierra improductiva (que finalmente no prospera y no se puede hacer ley por la oposición de la Sociedad Rural Argentina).

Se plantea una amplia apertura a los países socialistas dada la complementariedad de nuestras economías, la propuesta es venderle granos y MOA (manufacturas de origen agropecuario: harina, aceites, etc.) a los países socialistas más desarrollados y obligar a las industrias residentes en el país (fundamentalmente Ford, General Motors y Renault) a venderles MOI (manufacturas de origen industrial: automóviles, camionetas, máquinas y equipos) y, de esa manera cambiar bienes por tecnología, en el caso de Rusia trigo por represas, comenzando por la de Paraná Medio, que le iba dar energía eléctrica a toda la Mesopotamia Argentina.

Ese modelo había logrado superar la restricción externa vendiendo cada vez más al exterior productos industriales, el problema fue que generaban trabajadores fabriles y había fuertes movilizaciones obreras por mejores condiciones de trabajo y de remuneración,  conscientes de un país pujante y con tasas sostenidas de crecimiento.

La dictadura cívico-militar de 1976 en lo económico vino a destruir ese modelo de industrias sustituidoras de importaciones e incluso con capacidad de exportar, para subordinarnos al capital extranjero mediante la deuda y la colocación de alimentos y materias primas, integrando al país de esa forma al mundo (beneficiando a una minoría) pero desintegrando el tejido productivo y la cadena de valor construida en 30 años de fecunda labor.

LA SITUACIÓN HOY

El gobierno de Alberto Fernández con el fin de honrar la deuda heredada del gobierno de Cambiemos, impulsa fundamentalmente proyectos de inversión con orientación exportadora, en el convencimiento que ello permitirá alcanzar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Para lo cual pretenden generar un esquema de regulaciones macro prudenciales, que significan que el Estado garantice que se puedan llevar adelante inversiones extranjeras en minería, energía, agro-industria e industria automotriz, donde la Argentina cuenta con ventajas comparativas fruto de la fertilidad de su suelo y de una capacidad aún no explotada en minería en general y en minerales raros, litio, petróleo y gas y, en el caso de las terminales de automotores, la complementación con Brasil genera un mercado importante.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la reunión que se hizo en el gabinete del gobierno de Alberto Fernández a comienzo de este año 2022, afirma que “Uno de los problemas centrales de nuestra economía es la escasez de dólares. Este fenómeno se explica por varios factores, entre los que se destacan nuestra estructura productiva, el bajo dinamismo de nuestras exportaciones y la dolarización de portafolio (o el bimonetarismo). Las restricciones cambiarias permiten administrar la escasez de divisas, pero generan trabas para la inversión extranjera o la inversión nacional financiada con crédito externo. La creación de este régimen de fomento a la inversión destinada al aumento de exportaciones flexibiliza estas restricciones y permite viabilizar muchos proyectos de inversión actualmente en estudio. El régimen establece un mecanismo muy claro y previsible que le permite a las empresas que ingresen dólares del exterior tener mayores certezas sobre el repago de la inversión o del financiamiento asociado. Es un camino más en la dirección correcta. Necesitamos más trabajo y producción argentina”.

Por su parte, en esa misma reunión, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, indicó: “Esta iniciativa otorga beneficios al ingreso de capitales asociado a la inversión y la creación de empleo y no a la economía especulativa. Aquellos que ingresen capitales y exporten podrán dedicar parte de ese resultado al giro de obligaciones con el exterior, incentivando la entrada de capitales y mejorando la balanza de pagos” [1)

Y el ministro Martín Guzmán, el miércoles 9 de marzo 2022, cuando en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas del la Cámara de Diputados se trataba el acuerdo con el FMI,  viajó a Houston-EEUU para hablar con las empresas petroleras norteamericanas y, se comprometió en impulsar que hasta por el 50% de las exportaciones que realicen no deben liquidarla en la Argentina en los plazos perentorios de la normativa vigente.

El régimen de fomento de inversión para las exportaciones que apuntala el gabinete económico actual concede que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación por hasta un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas en el Mercado Libre de Cambio para financiar el desarrollo del proyecto. Este monto se podrá destinar al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes.

El beneficio le compete a las inversiones en sectores foresto-industriales, mineros, agroindustriales, hidrocarburíferos y de industrias manufactureras que aumenten las exportaciones (léase automotriz), ya sea a partir de la realización de un nuevo proyecto o de la ampliación de la capacidad productiva de un proyecto en marcha.

Si a eso le sumamos los tres proyectos del gobierno nacional que el Presidente Alberto Fernández en su discurso de una hora y media en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, del 1 de marzo de 2022, pidió prioridad en su tratamiento, que son, primero,  el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que regirá hasta el año 2025 y le confiere a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, carnes y todos sus derivados (harina, pellets, aceite, biocombustible) del país,  estabilidad fiscal, por ende no pueden modificarse hacia arriba, los derechos de exportación (retenciones) ni otros gravámenes y  un sinfín de beneficios impositivos por la compra de agrotóxicos (glifosato, glufosinato, ariloxifenoxi, etc.), de máquinas y equipos, etc.

El segundo proyecto es el denominado “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”  con el objeto no solo de lograr el autoabastecimiento, sino el de convertirnos en un exportador neto de combustible, para ello se le confiere de estabilidad fiscal por 20 (veinte) años, con tratamiento diferencial en lo tributario, en los aranceles y en lo cambiario ( pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial para girar utilidades al exterior) en un sector más concentrado que el de los alimentos, donde solo dos empresas concentran el 70% de la extracción del petróleo crudo y solo cinco empresas concentran el 80% de la producción de gas.

En el tercer proyecto de “Promoción de la Industria Automotriz” y de “movilidad sustentable” que dada la integración de dicha industria con Brasil,  donde actualmente por la baratura de nuestra mano de obra medida en dólares, incluso la parte del automóvil que exige más trabajo simple se realiza en el país y, es a la vez, la razón que representa el 10% del PIB industrial y es la principal exportación de MOI –Manufactura de Origen Industrial, generando el 6% del empleo del sector.

Se les beneficia con la amortización acelerada contable con respecto a la real de máquinas y herramientas y obras de infraestructura y,  la devolución anticipada del IVA, permitiéndole incluso ser utilizada para pagar otros gravámenes nacionales. Pero lo más importante es la disminución gradual de los derechos de exportación (retenciones) hasta llegar a ser 0 (cero) en el año 2031.

EN SÍNTESIS

Los tres proyectos referidos le dan beneficios a quienes no lo necesitan, son los sectores productivos que más se han desarrollado en el país en lo que va de este siglo y aún antes, más allá de los coletazos de ciertas aristas recesivas y/o de bajas circunstanciales en los precios internacionales.  Son sectores fuertemente concentrados y donde no se transparenta la estructura de costos y con ello, los reales márgenes de ganancia.  En el caso de las petroleras y alimenticias se ha demostrado graves evasiones fiscales, lo que exigiría un mayor control por parte de los diversos estamentos del Estado.

En el acuerdo con el FMI se plantea un severo ajuste fiscal, sin embargo es la misma Administración Nacional la que se priva de recursos tributarios que deben suministrar los sectores productivos señalados, amén de que se debe controlar el impacto ambiental de sus actividades.

Los funcionarios nombrados declaran preocuparse por las reservas internacionales del BCRA, e incluso en los memorándum de política económica y financiera y en el de entendimiento técnico,  se propicia incrementar las mismas en 15.000 millones de dólares en tres años (2022-2024), pero nada dicen y menos explican cómo se dilapidó todo el superávit comercial acumulado por 27.200 millones de dólares en los años 2020 y 2021.

La Argentina de 46 millones de habitantes necesita crecer en base a su mercado interno, que es la única garantía de un desarrollo económico sustentable con mejorar en la distribución del ingreso.  La aceptación de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos es la causa por la que se propicia un modelo básicamente extractivista, agropecuario exportador (con un único enclave industria por el sector automotor), que solo genera una economía dual, con una minoría que se beneficia de dicha integración internacional pero la mayoría de la población no encuentra trabajo y si lo consigue es a remuneraciones paupérrimas, incluso por debajo de la línea de pobreza como lo reconoce el BEL (Boletín de Estudios Laborales) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que el 51,2% delo trabajadores registrado perciben una remuneración mensual por debajo de la canasta básica total.  Trabajan y son pobres

El modelo económico debe partir exactamente al revés,  del mercado interno, del poder adquisitivo del salario y del consumo que ello genera, con un efecto multiplicador de la producción que a su vez debe emplear los minerales y energía que tenemos y, no  venderlos para que lo utilicen otros.

[1] Página oficial del Ministerio de Economía de la Nación 9 de febrero 2022.