Por Esteban Guida*
La dura situación económica que atraviesa el país resulta el principal obstáculo para las aspiraciones presidenciales de Mauricio Macri, quien parece estar dispuesto a todo para lograr su reelección.
Lejos nuevamente de sus propios dichos y de sus confesas ideas, el presidente lanzó una batería de medidas económicas que, según la línea discursiva, buscan “dar alivio” a la población y a las empresas. La idea de aliviar el malestar general parece ir en contra del sentido común, ya que sólo quienes están ideológicamente subordinados pueden aceptar un placebo, frente a la necesidad de recibir el antídoto necesario para lograr la cura definitiva.
Más allá de esto, resulta evidente que el paquete de medidas anunciada no viene a solucionar ninguno de los problemas de la economía argentina ni a establecer las bases para una posible recuperación, sino que se presentan como un maquillaje que buscan mejorar la deteriorada imagen presidencial a pocos meses de las elecciones.
¿Puede ser que con el desastre económico que estamos viviendo el presidente Macri esté más preocupado por su reelección que por solucionar los graves problemas a los que ha sometido al país? Un análisis detallado de las medidas, busca aportar información para contestar con fundamentos esta pregunta.
Dentro de esta batería de medidas, se anunció un acuerdo con 16 empresas de primera línea para mantener los precios de alrededor de 60 productos básicos (aceites, arroz, yerba, harina, leche, yogurt) durante al menos seis meses (hasta la fecha de las elecciones). Como suele ocurrir, muchos de los precios ya han sido “ajustados” antes del acuerdo, pero cómo saberlo si no están establecidos los mecanismos de control, puesto que el acuerdo es voluntario; en palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne se trata de “un acuerdo entre caballeros”.
Dentro del intento por controlar los precios, el gobierno incluyó un acuerdo con los frigoríficos exportadores para que vendan 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo (precio final) en la feria minorista del Mercado Central. El número parece interesante, pero no está claro cómo llegará el descuento a todos los argentinos, puesto que esto no llega al 0,3% del consumo de carne del país.
También se lanzaron descuentos especiales en productos de entre el 10% y el 25% para aquellas personas que reciban transferencias del ANSES. Suena bien, pero no compensa ni cerca los aumentos de precios que ya han tenido que afrontar y superaron, en promedio, el 50% interanual. También se ha ofrecido una línea de créditos a familias, jubilados y pensionados con un costo financiero de hasta el 50%, pero se sabe que estos créditos difícilmente puedan ser pagados cuando los aumentos que reciben los beneficiarios están muy por debajo del costo financiero de estos verdaderos “salvavidas de plomo”.
En otras palabras, ¿es realmente una ayuda otorgar préstamos al 50% anual sabiendo que la mayoría de los jubilados apenas logran adquirir lo básico para vivir? En el documento oficial que expone las medidas del gobierno, se menciona que los créditos podrán ser usados para pagar deudas anteriores, sobre las que se les estaba cobrando el 70% de interés. Es decir, pagar deuda con deuda y seguir agravando la situación de los jubilados, que llegan a esta dramática situación porque el gobierno permitió que les apliquen tasas “usurarias”, como lo reconoció la ministra Stanley en la conferencia de prensa.
Otras medidas que suenen interesantes, todavía no tienen su debida reglamentación, porque no se trata de planes que el gobierno viene trabajando con convicción y compromiso, sino a modo de “manotazo de ahogado” (como se ha denominado este paquete de medidas) frente al inminente fracaso electoral del macrismo. En este grupo de medidas cuya implementación resulta todavía un gran interrogante, se encuentra un nuevo llamado del ProCreAr (aunque no se anunció ninguna medida para los damnificados con los créditos para viviendas UVA), un nuevo régimen de Lealtad Comercial para evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas y las siempre presentes (pero nunca vigentes) líneas de créditos especiales para las PyMEs.
También hubo un apartado especial para las tarifas de los servicios públicos. El gobierno anunció que no se dispondrán más aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público en lo que resta del año. Algunos aumentos previstos se aplicarán igual, mientras que otros serán absorbidos por el Estado Nacional. Sin embargo, este anuncio esconde algunas “medias verdades”. Primero, que estos beneficios se concentran en Buenos Aires (principalmente, en el tema del transporte y peajes). Segundo, que el grueso de aumentos se concretó en el primer trimestre del año, por ende, el congelamiento no resulta en beneficio cuantioso. Tercero, que el precio final de las tarifas depende en gran medida de los gobiernos provinciales, por lo que el gobierno se saca la pelota de encima.
Ninguna de todas las medidas anunciadas por el gobierno está orientadas a atacar las causas de la inflación y a solucionar los problemas macroeconómicos agravados y generados por este gobierno. Serán los argentinos nuevamente quienes decidirán si morder el anzuelo del engaño al creer los dichos de quienes con sus actos han contrariado sus propias palabras.
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