Con la participación del ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados reanudará el martes la discusión del proyecto de Presupuesto 2017 propuesto por el Poder Ejecutivo.
La reunión, en la que el funcionario nacional detallará las partidas destinadas a obras públicas, fue convocada para las 16:00 en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.
Frigerio será el segundo ministro que concurra a la comisión presidida por el diputado macrista Luciano Laspina luego de que el martes pasado asistiera la jefa de la cartera de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para explicar el gasto social proyectado por el Gobierno.
La obra pública es uno de los núcleos candentes del presupuesto y que el Gobierno utilizará como moneda de cambio para obtener el apoyo de los gobernadores justicialistas.
El Gobierno considera que son ellos los que tienen la llave para destrabar la aprobación de la «ley de leyes», a raíz de la influencia que ejercen sobre senadores y diputados peronistas.
Con Miguel Pichetto como interlocutor directo, los mandatarios provinciales intentan coordinar a los distintos bloques parlamentarios peronistas de ambas cámaras (FpV-PJ, bloque Justicialista, Peronismo para la Victoria y otras bancadas más chicas) alrededor de un cúmulo de demandas que consideran básicas, cuyo cumplimiento es condición para liberar su apoyo al presupuesto.
El reclamo más importante tiene que ver con la automatización de partidas presupuestarias para obra pública que hasta el presupuesto anterior dependían de la asignación discrecional del Poder Ejecutivo.
En este sentido, exigen la asignación automática de parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación plena del Impuesto al Cheque.
Sin embargo, desde el Gobierno no darán el brazo a torcer tan ligeramente porque temen que las provincias utilicen esos fondos para financiar gastos corrientes como pago de sueldos y que las obras previstas queden sin ejecutar.
Según reconoció un influyente diputado del PRO al que NA tuvo acceso, el nudo que por estas horas divide posiciones en la Cámara Baja tiene que ver con la dicotomía planteada entre la distribución discrecional y el reparto automático del presupuesto.
En este marco, el Gobierno está encarando gestiones contrarreloj con los equipos técnicos de los ministerios de Economía de las distintas provincias para limar las diferencias y alcanzar niveles de acuerdo.
«Los gobernadores no están pidiendo más plata. Piden que lo que está (pautado en el Presupuesto) sea más automático. La oposición entiende que no se puede inventar más plata porque no podemos permitirnos más déficit», aseguró el mismo diputado en alusión al déficit de 4,2 por ciento que estimó el Gobierno para el 2017.
Según pronosticó, la ley podría tratarse en el recinto el martes 1 de noviembre, una vez que se hayan zanjado los puntos de conflicto con las provincias.
«Esto se cierra con los gobernadores. Ni con el Frente para la Victoria, ni con los justicialistas ni con Sergio Massa», subrayó.
