El año que ha transcurrido tuvo importantes connotaciones en la evolución de los precios, resultando un factor clave en el esquema de política macroeconómica. Por eso, la Fundación Pueblos del Sur presentó en esta oportunidad el Informe Anual sobre Inflación en Argentina.
Para tal propósito se han utilizado informes y documentos oficiales, coordinados por el Sistema Estadístico Nacional (SEN), que incluye los índices aprobados y utilizados de manera provisorio por el Indec, tales como el Índice de Precios confeccionado por la provincia de San Luis (PSL) y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo que se suma el Índice de Precios al Consumidor, realizado por Indec desde su reactivación en junio de 2016.
“A partir de la victoria electoral de Mauricio Macri en noviembre de 2015 comienza un nuevo proceso inflacionario, con rangos propios de un nuevo rumbo económico. Esta nueva etapa se instauró como un sinceramiento de precios”, comienza el comunicado.
Para controlar la inflación, el gobierno optó por el “disciplinamiento social, validando la caída del salario real, iniciando un proceso de apertura externa y subiendo fuertemente la tasa de interés, lo que significó una transferencia de recursos fuertemente regresiva y el inicio de una etapa recesiva con aumento del desempleo”, sigue.
“La realidad muestra que la política antiinflacionaria del gobierno de Cambiemos ha fracasado hasta el momento, ya que no se cumplieron las metas de la autoridad monetaria ni las propias promesas de campaña del presidente Macri y todo su gabinete. En efecto, la inflación del año 2016 según el IPC Caba fue del 41,05%, más del doble de lo que pronosticó el propio gobierno”.
Además de no alcanzar las metas establecidas, continua el informe, la política antiinflacionaria “tuvo un impacto socio económico de graves consecuencias: retracción económica y caída del PBI; caída del consumo y aumento de la tasa de desempleo y subempleo; ajuste fiscal y subejecución del presupuesto; desprotección efectiva respecto a la importación de bienes y cierre de establecimientos productivos; caída del salario real, entre otras”.
“A pesar de que el gobierno proyecta una inflación del 17% para este año, existe amplio consenso respecto a que el guarismo final se encontrará muy por encima de eso; los tarifazos, el costo financiero, la dinámica de los no transables y las perspectivas de gasto en un año electoral, echan por tierra la idea de que el problema de la inflación esté controlado”, culminó el informe.
En una opinión adicional del licenciado Fernando Ventura, se explica que “la inflación durante 2016 según la medición de CABA fue del 41,1%, de San Luis de 31,2%, de Santa Fe de 32,9% y de Córdoba de 34,4%”.
“Con una caída de aproximadamente 2,6% del PBI en 2016 y una devaluación en dos meses de aproximadamente del 55%, era esperable que la devaluación no se pudiera trasladar a precios completamente por el contexto recesivo, pero fue evidente que la falta de compensación de la devaluación con medidas para evitar el traslado de ingresos entre sectores hizo que el aumento de precios de los alimentos se disparara y complicara el panorama de los sectores de bajos ingresos”, siguió.
“El riesgo es haber desaprovechado, una vez más, una oportunidad política para recomponer los precios relativos y bajar en el mediano plazo la inflación, cuidando el empleo y una distribución del ingreso relativamente estable. Esperemos que el gobierno recapacite rápidamente porque los tiempos políticos y económicos no son los de diciembre de 2015, y se acortan peligrosamente”, terminó Ventura.
