La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Consenso Fiscal suscrito entre el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias administradas por el oficialismo y la oposición, cuyo objetivo es buscar acuerdos sobre políticas tributarias, así como lograr el equilibrio en el control de La evasión fiscal en todo el país.
La iniciativa fue sancionada en una sesión especial presidida por la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, en la que se aprobó el proyecto de prórroga de seis impuestos que vencen a fin de año, y cuya recaudación se espera. También se debatirá en los Presupuestos 2023.
El apoyo al Pacto Fiscal tuvo 136 votos a favor que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Bloque Ser y diputados radicales que responden a los presidentes de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés.
108 legisladores se pronunciaron negativamente, en su mayoría de los bloques Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Avanza la Libertad y Frente de Izquierda. En tanto se registraron 4 abstenciones, de diputados del radicalismo mendocino.
El acuerdo fiscal, fue firmado en marzo pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 mandatarios provinciales.
El entendimiento no fue firmado por San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El eje del debate entre los legisladores de las distintas fuerzas -que comenzó poco después de las 13 horas- fue si el acuerdo fiscal permite aumentar los impuestos provinciales como el de Timbres y los Ingresos Brutos, dejando sin efecto la obligación de bajar aquellos impuestos suscritos en El pacto de 2017
El nuevo consenso fiscal establece que las tasas de Renta Bruta no deben ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto de sucesiones.
Al abrir el debate, el representante del Frente de Todos, Carlos Heller, dijo que el proyecto de Consenso Fiscal pactado con las provincias busca “seguir avanzando de manera gradual y sostenida en la reducción de las diferencias que existen en las distintas regiones del país”.
Hablando como miembro informante, enfatizó que “no se puede hablar de inclusión, se habla de distribución”. y subrayó que “de ninguna manera el objetivo de este consenso es subir los impuestos”.
Por su parte, el diputado del Pro Luciano Laspina señaló -al defender la opinión de rechazo planteada por la minoría- que la iniciativa del oficialismo pretende «salvar la política sacrificando a los contribuyentes» y «castigar la economía».
“Este Consenso Fiscal repite el principio de salvar la política sacrificando a los contribuyentes y castigando a nuestra industria nacional, porque llevan un impuesto que no existe en ninguna parte del mundo”, agregó el legislador pro.
En el mismo sentido, el radical Víctor Hugo Romero rechazó el proyecto de Consenso Fiscal al señalar que «el crecimiento sostenido de Argentina es con estabilidad fiscal, pero el equilibrio fiscal no se logra aumentando los impuestos, se logra trabajando en la evasión, con una política inteligente». administración fiscal y eficiencia en el gasto».
Por su parte, el radical correntino Manuel Aguirre justificó su voto positivo al señalar que «el pacto legal fue firmado por nuestro gobernador (Gustavo Valdés)» y aprobado por la Asamblea Legislativa «con lo cual se Lo aprobaré, porque este acuerdo es bueno para nuestra provincia”.
En la misma línea se expresó el radical jujeño Jorge Rizzotti, quien señaló que “este Consenso que ha acompañado a nuestro gobernador (Gerardo Morales) no nos obliga a aumentar los impuestos, y creo que la defensa que hacemos desde el interior, que es el reconocimiento de las autonomías provinciales»,
desde la bancada de la derecha, el legislador de Libertad Avanza, Javier Milei, descalificó el acuerdo al señalar que «vamos a rechazar esta basura de consenso» y señaló que «esto no es más un aumento en la presión fiscal de lo que realmente habrá. En ninguna parte de la economía razonable dice que creces con más impuestos».
En la misma línea, el diputado de Avanza La Libertad, José Luis Espert, se expresó al señalar que el “Consenso Fiscal se asemeja al feudalismo, donde la Nación y las provincias acuerdan seguir esclavizando a los ciudadanos a quienes debemos representar en lugar de dar en interés de los gobiernos provinciales».
Otro de los diputados provinciales que respaldó el proyecto fue el diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien señaló que “lo que Argentina necesita hoy es una reforma tributaria”, a lo que agregó que “Córdoba demuestra responsabilidad institucional y va a acompañar esta Consenso Fiscal».
El representante de Juntos por Río Negro, Agustín Domingo, también manifestó su respaldo argumentando que “no se están aprobando los impuestos provinciales porque lo que se está ratificando aquí son los acuerdos que hace el Poder Ejecutivo con los gobernadores”.
Dijo que “a este Consenso Fiscal le falta mucho federalismo. El federalismo se discute cuando hablamos de recursos, que el gasto del gobierno tiene que ser equitativo con todas las provincias garantizando el envío de recursos”.
Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño advirtió que “esta ley de Consenso Fiscal que ha firmado el Gobierno Nacional es hija del pacto de colonización con el FMI. Los gobiernos provinciales quieren tener vía libre para aumentar los impuestos que recaerán sobre los ciudadanos sectores».
El acuerdo federal busca la implementación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones participantes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica y asegure la armonización tributaria.
Otro objetivo es fortalecer la autonomía de las provincias al brindar estabilidad jurídica a los gobiernos y contribuyentes con respecto a los impuestos provinciales.
También contiene un capítulo denominado “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera únicamente a través de líneas de financiamiento con organismos de crédito bilaterales o multilaterales y que, en materia de “responsabilidad fiscal”, establece que “la regla límite de crecimiento del gasto se regirá en todo caso por el incremento del PIB”, entre otras cuestiones.
