La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) alertó que la quita de subsidios a las tarifas del sector determinada por el Gobierno nacional, si bien es necesaria, «generará inevitablemente una mayor carga financiera en las distribuidoras, con los incrementos de costos que ello significa, sin que eso mejore de manera alguna su deficitaria situación actual».
Esta preocupación fue el eje de la última reunión de la Comisión de Política Energética y Tarifaria de FACE, donde los representantes de cooperativas de distintas regiones del país que la integran elaboraron un informe, presentado al consejo de administración.
En el mismo se precisó que «el incremento del monto de la factura a los prestadores del servicio de distribución configuró un salto abrupto», y añadió que esta situación «puede que tenga un desfasaje por la mora de los usuarios, agravado por ser las cooperativas empresas con sentido social, que efectúan siempre una presión menor sobre quien no puede pagar».
Asimismo, las cooperativas subrayaron que «las encargadas de establecer las nuevas tarifas en los ámbitos provinciales no lo hicieron antes del 1 de febrero,último, por lo que algunos usuarios industriales, con un consumo mayor a 300 kilovatios, continuaron vendiendo su producción asimilando que su aumento estaría en el mismo orden que el domiciliario».
«Cuando en realidad algunos podrían llegar hasta aproximadamente el 300%, agravado porque la leyenda en la factura donde se explicitaba el subsidio del Estado nacional, es menor que lo realmente aumentado, y lo explicado en los medios no dejó en claro que esto podía ser superior», advirtieron.
Consideraron que «debido a la magnitud del territorio argentino y a sus disímiles características geográficas y socioeconómicas, resulta a todas luces imposible pretender el establecimiento de cuadros tarifarios universales».
En consecuencia, las cooperativas remarcaron que «es necesario que las provincias recuperen la potestad de fijar sus propias tarifas, justas para los distribuidores cooperativos y razonables para los usuarios, con mecanismos compensadores que retribuyan los mayores costos asociados a la ruralidad o la baja economía de escala, que remunere los costos de capital asociados al incremento de potencia, para dejar a la Nación la regulación del mercado de generación y transporte».
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Foto: Salvador Hamoui.
