Por Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

 

Con 214 votos afirmativos y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe. La iniciativa –que busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario– fue consensuada entre todos los diputados nacionales de la provincia, representantes de varios partidos políticos.

El proyecto fue discutido durante la tarde de este martes en una sesión especial de la Cámara Baja y, ante la aprobación, ahora deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley. La propuesta brinda a la provincia de Santa Fe mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

La iniciativa cosechó 214 votos, ya que fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza y Avanza Libertad. Hubo cuatro abstenciones de la izquierda.

El proyecto –presentado por el diputado del Frente de Todos por Santa Fe, Roberto Mirabella, pero elaborado de forma conjunta con todos los legisladores de la provincia– busca crear nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión.

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Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento”.

En diálogo con Conclusión, Mirabella habló de la iniciativa y pidió “celeridad” al Consejo de la Magistratura para nombrar a los nuevos jueces y fiscales. En este sentido, puntualizó: “Todos los cargos que creamos en la ley tienen que ser concursados, con lo cual la creación de las fiscalías, de los cargos para jueces de garantías, jueces de revisión, jueces penales y los defensores, son todos cargos que se concursan. Obviamente que no son cosas que se resuelven de un día para el otro, esperamos que tengan mayor nivel de celeridad de lo que fueron otros concursos”.

Sobre el sistema de justicia penal en Rosario, el diputado manifestó: “Lo último creado fue la ampliación de la Cámara Federal en 1990. Tenemos una estructura que es vieja, chica, raquítica y con muchas vacantes, que hace mucho tiempo que están. El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario está vacante en su totalidad desde hace cinco años, hay dos pliegos que tiene el Senado desde el año pasado. El Juzgado Federal 1 de Rosario hace siete años que está vacante, tiene el pliego el Senado. Ahora, el Juzgado Federal de Santa Fe y de Rafaela y el Tribunal Oral Federal de Santa Fe también están en concurso, es decir, vacantes. Y el Consejo de la Magistratura aún no hizo las entrevistas, está demorado el concurso”.

En este sentido, el diputado del Frente de Todos Eduardo Toniolli señaló que la iniciativa “va a permitir poner en marcha el sistema acusatorio federal en Santa Fe con más estructura”.

“Este proyecto nace del consenso multipartidario. Creemos este es el camino para abordar la violencia urbana que atraviesa nuestra ciudad, y no el turismo de dirigentes políticos porteños que vienen a Rosario, se sacan una foto con cara de preocupados y después se borran”, valoró Toniolli.

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Y agregó: “En Rosario no se crea una fiscalía federal hace cuatro décadas, y sin embargo en ese mismo período alguno delitos complejos, como el lavado de activos o el narcotráfico, han mutado y crecido exponencialmente, de allí la importancia de este fortalecimiento. En caso de avanzar también en el Senado, esta ley va a permitir contar con veintisiete cargos de fiscales federales más para la provincia de Santa Fe -quince de ellos en Rosario-, nueve de defensores, seis de jueces, y otros seis cargos de jueces penales con funciones de revisión”.

“Aún cuando el impacto que esta decisión va a tener en la persecución de delitos complejos va a ser a mediano y largo plazo, este acuerdo alcanzado debe ser tomado como un antecedente auspicioso para hacer frente a otras deudas de la política santafesina en materia de seguridad pública, que de resolverse podrían tener efectos positivos a corto plazo”, señaló el diputado justicialista, y precisó: “¿Por qué no avanzamos con la tan postergada reforma integral de la policía santafesina, sin la cual cualquier otra medida que se tome, por más buena que sea, será insuficiente?”.

“El crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 15 años en Rosario es paralelo a la profundización del autogobierno policial y su imbricación con el delito, por lo tanto es hora de asumir que ‘algo hay que hacer’ con este tema, y que la única forma de sostener las reformas necesarias en la materia es con un amplio acuerdo político, no solo entre partidos, sino también con la sociedad”, afirmó Toniolli.

Y concluyó: “Estamos hablando de un camino más complejo y trabajoso que el oportunismo que han mostrado dirigentes que solo vienen a la provincia de Santa Fe para hacer una nota televisiva con un chaleco antibalas puesto, pero que va a permitir encontrar soluciones de fondo al problema”.

A su turno, el diputado del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe, Enrique Estévez, dijo en diálogo con Conclusión: “Vamos a esperar que la iniciativa se trate en el Senado, porque el motivo por el cual nosotros estamos tratando este proyecto en la Cámara de Diputados es porque una comisión bicameral, que es la encargada de aplicar el Código Procesal Penal Federal aprobado en el 2014, no está constituida porque la vicepresidenta del Senado, y vicepresidenta de la Nación, no designa los miembros de esa Cámara para que esta comisión bicameral funcione”.

“Una vez que este proyecto sea ley, se comienza con todo un trámite vinculado a los concursos que tienen que realizarse para poder elegir a los fiscales y a los distintos jueces. En función de eso, también se deberá realizar una fuerte inversión en materia de infraestructura, edilicia sobre todo, para poder tener una estructura haciendo realidad lo que establece el nuevo sistema acusatorio, donde hay fiscalías, donde hay un Ministerio Público Fiscal que tiene una predominancia en la acción penal y con nuevos juzgados que van evaluar estos delitos complejos como son el narcotráfico o el lavado de dinero. Recién vamos a empezar a ver los primeros frutos de esta ley por lo menos de acá a tres años”, agregó el ex concejal rosarino.

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Consultado por la responsabilidad a la hora de aplicar esta ley, Estévez manifestó: “La responsabilidad es del Estado Nacional, porque hablamos de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, que son federales, no los puede juzgar ni investigar la justicia provincial. A todo este proceso hay que hacerlo con mucha conciencia para que no termine siendo, como sucede en algunas ocasiones en el Consejo de la Magistratura, un cuello de botella, y que la aplicación de todas estas autoridades judiciales que estamos aprobando puedan ser realidad. La responsabilidad va a ser del Poder Ejecutivo Nacional y en algunos casos del Poder Judicial a nivel federal, porque es el encargado de hacer un aporte presupuestario”.

Finalmente, el legislador habló del rol del gobierno provincial: “Lamentablemente desde que asumió el gobernador Omar Perotti el Estado provincial se ha retirado de distintos barrios de la ciudad de Rosario, donde hemos visto un incremento histórico de homicidios. Esto también se da en el marco de la custodia que tiene que haber de las cárceles provinciales, porque ahí adentro, junto con las cárceles nacionales, es donde se orquestan y se planifican muchas de las balaceras y actividades ilícitas que se generan en la calle. Por otro lado también hay que fortalecer a la institución policial, esto es importante. En la provincia de Santa Fe ha habido problemas hasta para que la policía tenga chalecos antibalas”.

Por último, el diputado del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires, Carlos Selva, habló con Conclusión y analizó: “Creo que lo que estamos dando hoy son un montón de herramientas. Muchos de los legisladores de Santa Fe, particularmente de la oposición, adjudican esto a un problema del Estado Nacional. Echar la culpa hacia afuera sin mirar lo que ha habido en la provincia desde hace tanto tiempo –por muchos años no fue gobernada por el justicialismo- es querer obstaculizar los consensos. Estamos dando un paso para un ordenamiento que va a agilizar los procedimientos de la justicia, eso solo no va a alcanzar, hace falta decisión política para cambiar estructuras policiales y judiciales”.