Concejales rosarinos piden que no haya protocolo antipiquetes

El protocolo para las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas impulsado por el gobierno nacional preocupa a los ediles rosarinos. Los concejales Norma López(FpV), Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (IP), Marina Magnani (UyO), Lorena Giménez (PPS), Carlos Cossia (Peronismo Solidario), Caren Tepp, Pedro Salinas, Juan Monteverde (Ciudad Futura) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) le exigen al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz que “se abstenga de realizar o instrumentar cualquier tipo de normativa, protocolo u orden que implique la criminalización de la protesta social a través de la restricción de los derechos de reunión, protesta, manifestación, de petición ante las autoridades, así como de cualquier otro derecho consagrado en la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales de Derechos Humanos”.

“Nos preocupa la ambigüedad de las declaraciones de funcionarios del gobierno de Santa Fe sobre la adhesión al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentado en el Consejo de Seguridad Interior del día 17 de febrero en San Carlos de Bariloche, herramienta que promueve la represión desde un marco legal, a trabajadores y ciudadanos que legítimamente ejercen sus derechos a la protesta, la libertad de expresión y de pensamiento. Esta es una de las cartas más duras y antidemocráticas de la gestión del presidente Mauricio Macri, que deja a las claras la falta de capacidad de diálogo, convivencia y el modus operandi autoritario sobre los argentinos”, aseguraron desde el Palacio Vasallo.

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, adhirió en representación de la provincia de Santa Fe, y como paso imprescindible para hacer efectivo este acuerdo con la provincia, el gobernador Lifschitz tendría que elaborar un protocolo que respete el nacional. “Exigimos que no lo haga en nombre de los vecinos de la ciudad de Rosario”.

Los ediles también agregaron: “Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son la piedra angular de toda democracia y es un deber del Estado su defensa y protección. El derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos”.

En tanto, sostuvieron: “La nueva normativa representa un cambio regresivo del paradigma en materia de regulación de la protesta social e implica un grave retroceso institucional y político en materia de Derechos Humanos y garantías constitucionales que afectan gravemente el principio de no regresividad de los DD.HH., vulnerando derechos consagrados constitucionalmente y en Pactos Internacionales”.

Pero además, explicaron: “Este protocolo configura un retroceso en políticas democráticas y en la plena vigencia del Estado de Derecho, restringe gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, el derecho de protesta, de libre expresión, de peticionar a las autoridades, la libertad de prensa y la labor periodística”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se expresó: “Uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos”.

También diversas instituciones gremiales y sindicales se han manifestado en contra del nuevo Protocolo en tanto criminalizar el reclamo social constituye un adoctrinamiento y un cercenamiento de derechos constitucionalmente protegidos. El reclamo social y el movimiento sindical y gremial fueron motores en la historia argentina para la consecución de beneficios laborales y el impedimento de retrocesos en cuanto a lo conseguido.

Por último, los legisladores locales señalaron que el “Acuerdo para una Política de Seguridad Democrática” fue firmado en el mes de diciembre de 2009 por una vasta alianza multisectorial y multipartidaria que objeta las respuestas autoritarias a los temas de seguridad ofrecidas por distintos gobiernos a lo largo de los últimos quince años y propone algunos criterios básicos para la acción democrática del Estado frente a los problemas del delito y la inseguridad.

La suscripción del nuevo Protocolo de actuación significa un retroceso y contraposición frente al Acuerdo para la Seguridad Democrática al que el gobierno de Santa Fe se ha mostrado orgulloso de pertenecer y respetar.