Ajuste a jubilados y golpe a economías regionales: ¿qué esconden los cambios a la Ley Ómnibus?

Tras arduas negociaciones entre el oficialismo y la oposición “dialoguista”, este lunes La Libertad Avanza presentó ante los diputados un borrador con varios cambios efectuados en la popularmente llamada “Ley Ómnibus”, que el presidente Javier Milei espera se trate en el recinto esta semana. Sin embargo, aún no están garantizados los apoyos a esta iniciativa ya que las reformas –que no serían tal como se acordaron– despertaron una serie de inquietudes.

En un jueves frenético, que incluyó reuniones a contrarreloj entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor del Gobierno, Santiago Caputo, y el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago, con los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, se acordaron algunos cambios a la “Ley de Bases” que permitiría que la iniciativa obtenga votos favorables y pueda ser aprobada en el recinto de la Cámara baja.

Sin embargo, este lunes el oficialismo presentó un borrador con las modificaciones y, según trascendió, varios diputados que pertenecen a la “oposición dialoguista” habrían advertido que los cambios no fueron los acordados a fines de la semana pasada.

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Entre las reformas más destacadas realizadas a la “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” se destacan cambios en la actualización de jubilaciones –que a partir de abril pasarían a ajustarse acorde a la inflación–, eliminación de retenciones a 35 economías regionales e imposibilidad de privatizar a YPF.

Sin embargo, en la oposición advierten que estos cambios están siendo analizados con lupa ya que implicarían un ajuste sobre los jubilados y pensionados, al tiempo que afectarían a las economías provinciales. De momento, La Libertad Avanza no tiene asegurados los apoyos del HCF de Miguel Ángel Pichetto, como tampoco de la Unión Cívica Radical (UCR) ni de los bloques provinciales.

Con este estado de cosas –cambiante, según la voluntad política– HCF e Innovación Federal podrían preparar un dictamen propio –que sería el tercero, sumado al de La Libertad Avanza y al de la oposición representada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda– que utilizarían en caso de no arribar a un acuerdo con el oficialismo. Claro está que estos no son los planes del presidente Javier Milei, quien necesita de estos apoyos para que la ley salga adelante y, para esto, le es imprescindible contar con los votos de los legisladores provinciales, sobre todo cuando la iniciativa llegue al Senado.

Ante el apuro del oficialismo por llevar la inicativa al recinto, en la mañana de este martes se oficializó que a las 18 se llevará adelante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para emitir dictamen de la Ley Ómnibus. 

Jubilaciones: cambios que encierran un feroz ajuste

Uno de los puntos de la ley que más controversias acarrea son los ajustes en las jubilaciones. Del borrador se desprende que el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual, pero a partir de abril comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato disponible del INDEC.

El índice de movilidad –indican las reformas– se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. La inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en ningún caso podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria.

En su versión original, la Ley Ómnibus apuntaba a la eliminación de la actual fórmula jubilatoria, y proponía que los aumentos se realicen de forma discrecional.

Si bien la “oposición dialoguista” demandaba un ajuste de jubilaciones basado en la inflación, el hecho de que esto recién comience a aplicarse en abril generó cierta incomodidad, ya que hay temor de que los haberes jubilatorios –que tomarían como referencia los aumentos de precios de febrero, dado que se actualizarían en base al “último dato de inflación mensual”, según el proyecto– queden dos meses atrasados en la medición.

La consultora PxQ, liderada por Emmanuel Álvarez Agis, estimó que si las jubilaciones comienzan a actualizarse por inflación en abril, pero en base a los números de febrero, estos ingresos podrían registrar un alza del 35% contra una inflación que en el trimestre comprendido entre diciembre, enero y febrero acumularía un alza mayor al 76%. Así, el poder adquisitivo de las jubilaciones y prestaciones sociales caería 41 puntos porcentuales.

En declaraciones a Página/12, el abogado previsional Federico Bobrovsky apuntó: “Al referirse al último dato disponible al comenzar la liquidación, la alerta que se enciende es el rezago. En Anses se liquidan los haberes con, por lo menos, 30 días de anterioridad. Entonces al aumento de abril, que deberían comenzar a liquidar a principios de marzo, deberán calcularlo con datos de febrero. Salvo que readecuen todos los sistemas, algo que no se hace de un día para el otro”.

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En este sentido, la consultora PxQ agregó: “El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer once de los doce meses de inflación de 2024. Con este artilugio, el gobierno se estaría ahorrando la inflación de enero para la movilidad previsional. Esto es particularmente importante porque, si el plan es exitoso, la inflación mensual debería ser decreciente y, por tanto, la variación de febrero de 2024 que incorporarán los haberes no será suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante enero”.

Retenciones, otro foco de conflicto

Esta es una de las negociaciones que, de momento, parece trunca. Es que la oposición expresó su total rechazo a subir las retenciones a las economías regionales y, como respuesta, el Gobierno ofreció dejar en 0% el derecho de exportación de unas 35 actividades provinciales.

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Con estos números, varios diputados provinciales votarán con el pulgar para abajo a la medida ya que rechazan que algunas economías regionales sí se vean afectadas y comiencen a pagar retenciones del 15%.

Aquí también cobraron sentido los reclamos –tanto de gobernadores como de legisladores– de las provincias de Córdoba y Santa Fe, que rechazaron que las retenciones a los subproductos de la soja pasen de 31% a 33%, y que otros granos pasen a pagar derechos de exportación del 15%.

YPF, salvada de la privatización

Si bien originalmente el oficialismo buscaba que se autorice la privatización de 41 empresas públicas, tras sus negociaciones con la oposición aceptó eliminar a YPF de esta lista. Para las firmas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, en tanto, se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

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Aquí hay discusiones incluso dentro de la oposición, donde piden que el Banco Nación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad) sigan siendo empresas públicas, pero Milei no da el brazo a torcer. La principal disputa es que los “dialoguistas” pidieron que se conforme una bicameral en el Congreso para discutir la privatización y venta de las empresas estatales que aún están en la lista, mientras que el radicalismo quiere que este debate para por los recintos de Diputados y de Senado.

FGS, otros punto de conflicto

La Ley Ómnibus también buscaba eliminar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de Anses, pero esto es rechazado por una parte de la UCR mientras que HCF e Innovación Federal pidieron que, si se venden las acciones y títulos públicos de este fondo, se garantice un flujo de dinero para sostener la asistencia que Nación le brinda a las cajas previsionales de las provincias que son deficitarias. Como respuesta, Milei propuso que la venta del FGS requiera de un dictamen favorable de la bicameral de seguimiento de las privatizaciones.