La Corte Suprema de la Nación revocó una sentencia contra el retiro por invalidez a un trabajador con disminución visual, hipertensión arterial, limitación funcional de la columna y cáncer de próstata, en un fallo conocido hoy.
El máximo tribunal aceptó el recurso presentado por el trabajador, identificado por sus iniciales R.R.A., y ordenó a la Cámara de Seguridad Social que dicte un nuevo fallo teniendo en cuenta que el demandante supera el porcentaje de disminución de capacidad laboral que exige la ley para acceder al beneficio.
La Sala II de la Cámara había rechazado el reclamo basada en el dictamen de la comisión médica central para la cual el hombre no reunía las condiciones exigidas por el artículo 48 inciso a de la ley 24.241, que fija para el retiro por invalidez como mínimo una disminución del 66 por ciento de la capacidad laboral.
El tribunal de segunda instancia sustentó su decisión en el informe de los peritos de la justicia federal de Santa Fe, que había considerado que el trabajador presentaba patologías que sumadas a los factores de edad y nivel educativo alcanzaban a una incapacidad del 39,24 por ciento.
Según la Corte, la Sala II «se limitó a confirmar los porcentajes de incapacidad que habían fijado los expertos» de esa provincia «sin dar fundamento para arribar a esa conclusión», ya que «reprodujo con total exactitud» lo dictaminado por los médicos, sin indicar cuáles fueron los estudios tomados en cuenta para determinar el grado de invalidez.
Tras recibir el recurso de queja, la Corte dio intervención al Cuerpo Médico Forense para que evalúe el grado de incapacidad del demandante e informe «si su estado de minusvalía era compatible con las tareas denunciadas, así como también sobre la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral».
Recibidos los resultados de esos estudios, el máximo tribunal observó que coincidían con las afecciones diagnosticadas con anterioridad, pero diferían «sustancialmente» en la valoración de la incapacidad que tales patologías producen en la aptitud laboral del trabajador, cuya minusvalía estimaron en un 70,3 por ciento.
La Corte remarcó que el informe que encomendó «fue precedido por un minucioso examen clínico efectuado al demandante, que incluyó interconsultas con especialistas en oftalmología, cardiología y radiología» y «se apoyó en una exhaustiva y razonada ponderación de todos los antecedentes agregados a la causa, consideraciones que no se observan en el dictamen emitido por los peritos» en Santa Fe.
Con esos argumentos, la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social, dio «por cumplido el requisito de incapacidad» previsto por la ley y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento, consigna el fallo firmado por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
