El Centro de Datos del poder judicial fue allanado hoy por orden de jueza María Romilda Servini en el marco de una causa en la que se investiga si es manipulable el sistema que sortea las denuncias que ingresan al fuero federal.
El procedimiento, llevado a cabo por la división de Cibercrimen de la Policía Mertropolitana, comenzó a las 10 de la mañana tuvo por objetivo poner a prueba la seguridad del sistema informático que determina en qué juzgados quedan radicadas las denuncias y que designa a los peritos.
Fuentes judiciales informaron que la mayor parte del procedimiento se realizó en la sede misma del «Data Center» del consejo de la Magistratura ubicado en Lavalle al 1200 aunque estimaron que algunos objetos podían ser secuestrados en el marco de la investigación.
La dirigente de Cambiemos había solicitado que se investigue la «posible comisión de ilícitos penales» por medio de la alteración intencional del sistema de sorteos para direccionar algunas denuncias hacia algunos juzgados en particular.
La denuncia presentada el 15 de julio en los tribunales federales de Retiro está basada en un presunto informe elaborado por a Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, al que Carrió habría accedido en su carácter de diputada, y en declaraciones periodísticas de la jueza Servini.
«Recientemente han trascendido las declaraciones públicas de la juez María Romilda Servini en las que hizo mención al sistema actual de sorteos en la Justicia», sostuvo Carrió en su denuncia, para luego citar una entrevista con Radio Del Plata en la que la magistrada afirmó que se trata de un sistema «manejable».
En el mismo texto, la diputada citó las declaraciones de las jueza en las que dijo que «se debe investigar la manipulación de los sorteos» y «que habría que hacer una investigación porque hay momentos en los que a uno le caen 10 causas y a otros juzgados, una».
Carrió también hizo referencia a lo ocurrido en abril cuando la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman pasó al fuero federal y el sistema de sorteos Lex 100 determinó que quedara en manos del juez Sebastián Casanello, algo que finalmente no ocurrió porque el sorteo debió hacerse de nuevo.
En aquella oportunidad, la secretaria General de la Cámara Federal, Susana Echevarría, advirtió al presidente del tribunal, Martín Irurzun, se había producido una falla en el sistema que gestiona los expedientes judiciales por lo que, tras otro sorteo, la causa cayó en el juzgado federal de Julián Ercolini.
Irurzun tomó el testimonio de la secretaria Echeverría y radicó una denuncia. La investigación quedó en manos el juez Casanello, asignado también por un sorteo realizado con el sistema cuestionado.
«Así como manipularon el sorteo de la causa Nisman, que primero cayó sobre Casanello y luego sobre Ercolini, habría que investigar en todos los fueros», dijo la jueza Servini, según otra de las citas reproducidas por Carrió en su denuncia.
La diputada también aseguró que el 30 de junio Irurzun «envió al Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, una nota en la que da cuenta que a partir de informes producidos por la Dirección General de Tecnología del Consejo se pueden advertir cuestiones que deben ser tomadas en cuenta por ese organismo, todas ellas relativas al sistema informático que utiliza el Poder Judicial».
Esas notas llevaron a «Irurzun a afirmar que el informe producido por la Dirección General de Tecnología del Consejo permite advertir cuestiones que deben ser tomadas en cuenta en aras de mejorar el sistema», sostuvo Carrió.
