La investigación sobre posibles estafas por las que fueron imputados 14 directivos de Vicentin reveló escuchas telefónicas del actual presidente de la firma, Omar Scarel, con un abogado a quien le pide asesoramiento para justificar «200 mil verdes» que supuestamente su hijo tenía en una caja de seguridad, de los que terminó haciéndose cargo un extitular de la AFIP de Santa Fe.
Scarel era el síndico de Vicentin SAIC al momento de la cesación de pagos de la compañía, en diciembre de 2019, y la charla revelada esta semana en la audiencia de acusación del fiscal Miguel Moreno a los directivos de la empresa fue captada en diciembre de 2020, cuando se había convertido en el presidente del nuevo directorio.
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Para el fiscal, la conversación que reveló en la audiencia de esta semana es demostrativa de la capacidad de los directivos para borrar o alterar pruebas de la investigación, por lo que pidió la prisión preventiva de cinco ejecutivos.
La medida fue rechazada por el juez Román Lanzón, quien en cambio les impuso una caución por U$S10 millones a Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze.
El 29 de diciembre del año pasado, Scarel llamó al abogado Sergio Pavicich para pedirle asesoramiento sobre cómo proceder ante la interdicción establecida por el fiscal Moreno a una caja de seguridad a nombre de su hijo, en la que aparentemente había U$S200 mil cuyo origen el mismo ejecutivo admite en el diálogo desconocer.
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Scarel se queja porque, dice, el fiscal «no tendría por qué meterse con cosas que no corresponden a la causa», pero el abogado le responde: «Y sí, porque es fiscal, porque el lavado es delito de orden público y si vos no tenés respaldo de esa guita, lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar».
Entonces comienza un ida y vuelta para buscar cómo justificar el dinero interdicto en la caja de seguridad bancaria. Más adelante, el directivo de Vicentin y el abogado barajan posibilidades para justificar el dinero.
Finalmente, según explicó el fiscal Moreno, en la causa apareció un certificado firmado por Carlos Vaudagna, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), afirmando que el dinero era suyo y que lo había dejado como parte de operaciones con Remax.
Durante la audiencia de esta semana, la abogada querellante por el Grupo Grassi, Viviana Cosetino, dijo al respecto que «si un síndico de Vicentin tiene la influencia para recurrir a un ex director regional de la AFIP para que le justifique la escasa suma de 200 mil dólares, que Scarel no podía justificar, mejor no imaginar las otras cosas que pueden haber hecho o estar haciendo para entorpecer el proceso».
