Conclusión Buenos Aires – Aldo Battisacco

El economista Horacio Rovelli sostiene que Argentina no es un país pobre, es un país injusto. El puerto de Rosario, con sus 31 terminales en 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco, al sur, y Timbúes, al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro industriales del mundo con más de 120 millones de toneladas de ventas declaradas. Le sigue el puerto de New Orleans, en el Estado de lusitana en EE.UU. con 66 millones de toneladas. La Bolsa de cereales de Rosario estimó para este año cosecha récord de maíz de 59 millones de toneladas más un remanente de 4,3 millones de toneladas, es decir, Argentina tiene 63, 3 millones de toneladas y de esto el 70% se exporta. Todo esto con la presión de los grandes exportadores.

Sin embargo, más del 50% de nuestro pueblo es pobre. Oficialmente el INDEC presentó la Canasta Básica Total que necesita, por ejemplo, una familia compuesta por cuatro miembros que, al mes de diciembre de 2023, requería de ingresos netos por 495.798 pesos. La inflación de enero de 2024 y la que se espera para el resto del año, y la retroalimentación de la devaluación de nuestra moneda con el proceso inflacionario y, por ende, con nuevos deterioros del poder adquisitivo de la población, nos permiten prever nuevas camadas de pobres.

Rovelli sostiene que «la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ofende a los que están bajo la línea de pobreza, los desatiende y que la misma funcionaria haga un acuerdo con una organización de iglesias evangelizas, y que les de 177, 5 millones de pesos, además, que haga acuerdo con la ONG Conin, dirigida por Abel Albino, del Opus Dei, que fue ministro de Desarrollo Social en Salta cuando los chicos se morían de desnutrición, este crápula decía que los niños se morían por falta de amor».

¿Como puede ser que el gobierno de Fernández -con todos sus errores- había armado con la Secretaria Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, en esa época conducida por Rafael Fleger, y hoy por Pablo de la Torre, hizo un plan financiado por el BID, donde se creó un registro de comedores comunitarios que repartía 10 millones de platos por día? se pregunto el docente universitario, «en esa época asistían a 4,5 millones de personas. El programa estaba distribuido en 34.782 comedores y merenderos populares y a través del programa Potenciar Trabajo, recibían el sueldo la mitad del salario mínimo vital y móvil de 78 mil pesos, 134 personas que en su mayoría son cocineras.

Rovelli contó que esta personas tuvieron que hacer un acto para reclamar que esa plata del BID sea distribuida para asistir los a los que asisten a los comedores populares. Y evitar que las personas que atienden esos comedores pidan a los comercios cercamos ayuda para seguir suministrando alimentos».

La Iglesia Católica, fijó posición más allá del acuerdo firmado el 7 de febrero de 2024 entre Cáritas y el Ministerio de Capital Humano, y publicó al día siguiente: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”

El INDEC presentó la Canasta Básica Total que necesita, por ejemplo, una familia compuesta por cuatro miembros que, al mes de diciembre de 2023, requería de ingresos netos por 495.798 pesos. La inflación de enero de 2024 y la que se espera para el resto del año, y la retroalimentación de la devaluación de nuestra moneda con el proceso inflacionario y, por ende, con nuevos deterioros del poder adquisitivo de la población, nos permiten prever nuevas camadas de pobres.

Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual

El medio de este descomunal proceso de pauperización de la población, el sistema financiero le presta dinero de sus depósitos al Banco Central a una tasa del 100 % nominal anual y en un plazo de uno a seis días y que suman en febrero de 2024 un total de 27,9 billones de pesos, equivalente a 30.000 millones de dólares, y no se hace ese trabajo, para aumentar las exportaciones de alimentos, energía e insumos.

En este marco se priva a nuestro pueblo de trabajo, de una vida digna para su familia, y se los somete a consumir lo menos posible para, de esa manera, aumentar las exportaciones. Lo dijo claramente Javier Milei: se prohíbe no exportar y si se quiere consumir en el mercado argentino, que se pague a precio internacional.