Por Felipe Kong López
Los ojos del mundo están y estarán sobre Japón durante las próximas décadas. En el actual contexto de crisis ambiental, humanitaria y social del planeta, el país asiático ha tomado una decisión altamente compleja y controversial, que no solo tensiona las relaciones diplomáticas con sus vecinos, sino que atañe al mundo entero.
Japón comenzó el jueves pasado a liberar, de manera progresiva, las aguas residuales contaminadas con desechos radiactivos de la clausurada central nuclear de Fukushima Daiichi en el Océano Pacífico, acumuladas desde que la planta fue golpeada el 11 de marzo de 2011 por un terremoto de magnitud 9,0 y un posterior tsunami que arrasó parte de la costa noreste de la nación.
Esta catástrofe resultó en un desastre nuclear de nivel 7, el mayor en la Escala Internacional de Eventos Nucleares y Radiológicos (IES, en inglés), de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, conectado al Sistema de las Naciones Unidas.
La planta de Fukushima ha almacenado desde entonces más de 1,3 millones de toneladas de aguas contaminadas con material nuclear. Dada la cantidad, se espera que la descarga se extienda por unos 30 años, según ha dicho la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO).
Las autoridades de ese país han asegurado ante la inquietud de la población que el líquido es inocuo, que ha recibido cientos de tratamientos en los últimos 12 años para retirar 62 tipos de isótopos radiactivos.
Pero aun así hay remanentes de elementos químicos en este gran volumen de aguas, como el tritio, una versión radiactiva del hidrógeno. Si bien no hay pruebas concluyentes de que este isótopo genere daño al ecosistema marino en menor proporción, estamos hablando de un proceso de descarga que durará tres décadas, un período en el que pueden ocurrir imprevistos.
La compleja tarea en adelante es monitorear las consecuencias que pueda tener el vertido de las aguas residuales de Fukushima al Pacífico en un futuro, lo que supone una responsabilidad mayúscula a largo plazo.
Además, se debe investigar este asunto con mayor rigurosidad, ya que en esta oportunidad los japoneses actuaron como «juez y parte» de los principales estudios internacionales realizados en la materia.
Considerando lo dicho, se entiende que el fallo final fue exclusivamente de Japón, que buscó socios extranjeros que respaldaron su voluntad, mientras que el resto de los países cumplieron una función muy marginal como observadores, sin posibilidad de intervención.
Frente a ello, una de las primeras preocupaciones del mundo científico y académico es que una vez comenzado el vertido del agua residual al mar, no hay marcha atrás. Serán las próximas generaciones quienes sufrirán los efectos de un eventual cambio en la composición del ecosistema marino.
Porque, pese a que Japón se encuentra a miles de kilómetros de distancia de otros países de la Cuenca del Pacífico, estos residuos llegarán, ya que el planeta es un ecosistema único e interconectado naturalmente.
Sin duda, el vertido de estos residuos tendrá consecuencias en el consumo de pescados y mariscos, perjudicando la principal fuente de ingresos de los pescadores artesanales y pequeños comerciantes de estos productos en diferentes países.
En definitiva, el mensaje de Japón es muy potente. El plan del Gobierno japonés ya ha sido ejecutado, pero es un hecho que va a tensionar las relaciones políticas, ambientales, económicas y sociales a escala planetaria.
Pero, ¿qué otra solución había sobre la mesa? Sabemos que la descarga de aguas residuales nucleares no es un asunto nuevo y que centrales de todo el mundo liberan periódicamente aguas que han sido utilizadas para enfriar sus reactores, de manera controlada y supervisada.
Según la comunidad científica, una alternativa es la evaporación, pero aun así los químicos volátiles son dañinos para el medio ambiente. Otra opción es aumentar los contenedores de aguas depuradas, con el riesgo de volver a enfrentar otro terremoto en Japón, un país altamente sísmico ubicado en el llamado «Cinturón de Fuego del Pacífico», lo que podría desatar una nueva catástrofe y un peligro mayor para sus habitantes.
A todas luces, la instalación de un reactor nuclear a orillas de la playa en un país en el que convergen dos placas tectónicas es cuestionable, ya que los eventos naturales están fuera de nuestro control y no se pueden prever.
A mi juicio, la liberación de aguas residuales contaminadas podría haberse aplazado un poco más, en base a alguna investigación científico-tecnológica que hiciera contrapeso a esta decisión político-económica, que se enfrenta en la actualidad a la voluntad de la ciencia y la ciudadanía.
En adelante, es importante fomentar la educación ambiental para que las personas se involucren en estos dilemas socioambientales que son de carácter global, sobre todo en el contexto de crisis climática que enfrentamos.
Asimismo, es necesario que las comunidades se conecten entre sí, retomando esa mirada sistémica del planeta para solucionar problemáticas tan complejas como esta, que ya dejó de ser de Japón, para salpicar al mundo entero.
(Felipe Kong López es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y director del Observatorio Latinoamericano en Educación Ambiental)
