Las condiciones de los edificios propiedad del Estado nacional en la ciudad generó un pedido concreto: que pasen a manos municipales y provinciales.
El reclamo proviene del diputado provincial Joaquín Blanco (Frente Progresista Cívico y Social): “Es hora de que estos edificios estén bajo la órbita de la provincia y municipio, para así ponerlos en funcionamiento y realzar su valor histórico”, destacó.
Sarmiento 1350
Dentro de un amplio listado, hay dos edificios que se destacan por su valor patrimonial e histórico, y su ubicación en la ciudad. Se trata de las propiedades ubicadas en Sarmiento 1350 (donde funcionaba la sede del Comando del II Cuerpo del Ejército) y Laprida 708, esquina Santa Fe (que fue sede del SENASA hasta 2015). “Por decisión del gobierno nacional, día a día se desvalorizan por su falta de uso, mantenimiento y abandono”, agregó Blanco.
“En un contexto en el que Gobierno Nacional se desprende de bienes públicos mediante ventas, nosotros proponemos que transfiera estos edificios a la Provincia, para que los rosarinos podamos definir su destino. Es nuestro derecho, porque se trata de edificios que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, y hay que evitar cualquier riesgo de negocios inmobiliarios”, expresó el diputado, haciendo referencia a un informe anual elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que da cuenta de que el gobierno aumentó la venta de tierras y edificios fiscales en un 2.236% (8.500 millones de pesos), en 2018 respecto al año anterior.
Además, Blanco propone que estos edificios sean cedidos a cuenta de la deuda que Nación tiene con la provincia, y cuyo pago el Ejecutivo continúa reclamando. “Hace un año, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, propuso pagar parte de esa millonaria deuda con bonos del Tesoro, obras públicas y propiedades fiscales”, dijo.
Sobre los inmuebles
El inmueble ubicado en Sarmiento 1350 tiene una larga historia en la ciudad. El palacio fue construido en 1909 y fue la primera sede del Banco Municipal, hasta que fue vendido al Ministerio de Defensa de la Nación en la década del 80, luego pasó a Economía y comenzó su desocupación. Bajo la presidencia de Néstor Kirchner, en 2007, se proyectó agrupar las instalaciones de la AFIP, pero la iniciativa no prosperó y el inmueble continúa desalojado hasta el día de hoy, con un esquema mínimo de seguridad privada.
Laprida 708
En 2016, la Municipalidad hizo un pedido para recuperar ese edificio y trasladar la Secretaría de Cultura (hoy se encuentra en la Estación Rosario Norte), para ponerle fin a décadas de desuso. Pero fue denegado.
El otro inmueble está ubicado en la esquina de Laprida y Santa Fe, en el casco histórico de la ciudad. Es una casona construida por José Gerbino y Leopoldo Schwartzen en las primeras décadas del siglo pasado. Allí funcionó la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) hasta 2015, año en que entró en remodelación y las oficinas se mudaron a Mitre 597, donde todavía permanecen.
“Esas obras nunca avanzaron y la casa se encuentra en total estado de abandono, sin mantenimiento y con un notable deterioro”, explicó el diputado. “La provincia y la ciudad pueden dar uso a estos edificios que son de gran valor para los ciudadanos”, finalizó.
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Este martes se conoció que el Gobierno nacional autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a transferir diez inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que se destinarán a la venta para financiar las obras del “Paseo del Bajo”.
Por medio de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, la AABE detalló que los inmuebles a ceder están ubicados en los barrios de Retiro, Balvanera, Chacarita y Mataderos, por un total de 150 mil metros cuadrados.
Los predios se encuentran en zonas de las avenidas Ramón castillo, Antártida Argentina, Ramos Mejía, Salguero, Lisandro de la Torre y Corrientes.
Son inmuebles que se encuentran “desafectados en su uso”, según el texto oficial, y al transferirlos a la Ciudad, la Nación compensa pagos que se habían realizado en el marco del contrato de préstamo celebrado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar la obra vial en la ciudad porteña.
