La vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, junto al INADI, delegación Santa Fe y la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe participaron en una jornada sobre los avances y desafíos en la efectiva implementación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), la que se llevó a cabo en el salón «Puerto Argentino» del Concejo Municipal de Rosario.

Dicho protocolo se encuentra entre las principales acciones implementadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PnssyPr) del Ministerio de Salud de la Nación, para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de creación 25.673. En ese contexto, se afirma que (la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada).

En diálogo con Conclusión, la concejala López destacó que «a nivel nacional cuentan con el protocolo de actuación para los abortos no punibles, que se encuentran en el artículo 86 del Código Penal. Aquí se contempla la causal de riesgo de vida de la mujer, para el feto y las violaciones».

En este contexto, el protocolo que depende del Ministerio de Salud de la Nación en el 2008, Santa Fe fue la primera provincia en adherir, pero ya estaba en vigencia la aplicación de esta ley en el 2007 en la ciudad de Rosario.2

«Un caso muy conocido como fue la muerte de Ana María Acevedo en el Hospital Iturraspe», continuó la concejala,  «cuando se negaron a practilarle un aborto terapéutica sabiendo que la mujer padecía cáncer terminal. De hecho no fue atendida, la obligaron a parir y además falleció torturada por los dolores y cuando nació el bebé también ocurrió lo mismo. Con esto, tres hijitos quedaron huérfanos al cuidado de su abuela».

Sobre ese caso, además, recordó que se realizaron acciones penales contra los médicos por el no cumplimiento con el deber de funcionario público  y además por abandono de persona.

«En ese marco, Rosario saca una ordenanza entre el 2007 y 2008, que era un programa de salud sexual y reproductiva y además una guía de actuación para los casos de abortos no punibles que están en coincidencia con la Nación. Luego adhiere la provincia de Santa Fe y en este año el ministro de Salud de La Nación, Daniel Gollán, actualizó ese protocolo con algunas incorporaciones», destacó la concejala.

Explicó también que ya no se llama guía de abortos no punibles que tienen más que ver con lo legal, sino que incorpora un término más amigable como la «interrupción de embarazo» para aquellas personas que tengan el derecho legal contempladas en este artículo.

Cuando una mujer posee una discapacidad o es violada también está contemplado en la ley y no necesita ser judicializado el caso.

Están dadas todas las garantías para los profesionales de la salud en la ley para los casos en que se les respeta la decisión de no realizar las prácticas para la interrupción del embarazo, pero lo que no pueden es abandonar la atención de la paciente, no derivarlas y tampoco pueden negarse a la atención de esa mujer.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), lo que está haciendo es promover, y difundir estas acciones para que las mujeres que quieran interrumpir el embarazo por las causas que lo justifiquen y los trabajadores de la salud sepan que están respaldados sin necesidad de sentirse perseguidos.

«Lo bueno de la jornada, dijo finalmente la concejala, «fue la visita del coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Santa Fe, Oraldo Llanos, quien tiene a su cargo todo el territorio de nuestra provincia y expresó: «Falta mucho pero se están haciendo capacitaciones con buenos resultados. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo lo que ocurre en una ciudad como esta relacionada con un territorio alejado del norte argentino.

Foto: Florencia Vizzi