Los ajustes llevados por el gobierno nacional aprietan cada vez más y ahora llegó a las rutas, más concretamente, la seguridad vial. Es que Nación ajustó el presupuesto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el organismo decidió desactivar a partir de este miércoles la Unidad de Control Psicofísico (UCP) cuya función era la de examinar el estado (físico y psíquico) de los choferes de micros de larga distancia.
El dispositivo, que hasta ayer atendía en la terminal de ómnibus «Mariano Moreno», se implementó hace un año y funciona en 10 provincias del país realizando controles aleatorios a través de un área de psicología y médica, en conjunto con los fiscalizares de la CNRT.
«Tiene un impacto social altísimo y es de mucha gravedad, nos deja en materia de seguridad publica, a merced de todo»
«La situación es muy preocupante porque atenta directamente contra la seguridad pública. Durante este año se han detectado muchísimas situaciones poco saludables, como hipertención arterial, altos valores en la presión, personas con consumo problemático y con problemas de stress crónico, entre otras. Todas situaciones que no son propicias para que la gente se pueda subir tranquila al colectivo», contó a Conclusión la psicóloga Nadina Camaño, una de las profesionales que forma parte del equipo.
En tanto, la especialista explicó que la forma de trabajo era a través de «una pequeña evaluación de rigor médico y psicológico» para «chequear en qué condiciones de salud esta esa persona al momento de salir a la ruta».
«Desde nuestra área interveníamos las licencias por un determinado tiempo, con un lapso no mayor a una semana, de manera que esa persona pueda realizar los controles necesarios para volver a estar en condiciones acordes para salir a trabajar y que nadie pierda sus puesto de trabajo«, explicó Camaño.
Y sostuvo: «El trabajo del chofer requiere de mucha concentración, descanso y condiciones saludables a nivel orgánicos, el dispositivo estaba para que eso se cumpla».
Ahora, con la implementación de la medida tomada por el gobierno nacional, esos controles dejan de existir y tanto pasajeros como choferes comenzarán a viajar inseguros. «Tiene un impacto social altísimo y es de mucha gravedad, nos deja en materia de seguridad publica, a merced de todo», remarcó.
Con la medida, además, pierden ese empleo unos 40 profesionales en todo el país, que durante un año garantizaron el derecho a la seguridad pública.
