Precarización 3.0: un debate sobre las aplicaciones de reparto
El concejal Toniolli, presente en la charla en la Facultad de Derecho, comentó a Conclusión que “no queremos que las empresas App se vayan pero si que se ajusten a la norma vigente”.
En la Facultad de Derecho de la UNR se llevó a cabo la charla «Precarización 3.0. La relación de dependencia en el mundo de las apps» organizada por la Agrupación Febo Asoma y Unión de Graduados de esa Casa de Estudios.
Durante la charla expusieron Sebastián Serrano Alou, presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Rosario, Eduardo Toniolli, concejal Partido Justicialista y autor de las demandas administrativas a Rappi y Glovo, y Julio Gaetan, docente adjunto de Derecho Laboral Facultad Derecho UNR.
Conclusión entrevistó al concejal Toniolli sobre esta temática de agenda política del momento en la ciudad de Rosario, debido al vacío legal que estas empresas generan dentro del marco laboral que sostiene la ley.
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Al consultarle sobre la problemática de estas empresas, el edil rosarino expresó que “básicamente son empresas que pretenden presentarse como plataformas colaborativas, cuando en realidad son empresas que pueden dedicarse a la cadetería, mensajería o logística, en algunos casos como Uber pueden ser de transporte publico de pasajeros y, que en realidad, lo que representan es casi un planteo filosófico con el que intentan justificar la falta de cumplimientos de las normas locales y la violación de los derechos laborales fundamentalmente”.
“La ciudad de Rosario no se ve beneficiada en nada por que Rosario no recauda un solo peso por el funcionamiento de estas empresas. Si es verdad que generan trabajo pero precarizado. Nosotros no queremos que se vayan pero sí que se ajusten a la normativa vigente”, aclaró Toniolli.
Sobre los permisos municipales con los que deben contar estas empresas que funcionan a través de app para celulares, el concejal explicó que “el municipio no ha dicho absolutamente nada. Nosotros hicimos hace un mes una denuncia administrativa solicitando que el municipio tome cartas en el asunto, intime a las empresas para que se formalicen y que se habiliten y si no lo hacen el municipio vaya a la justicia e inicie acciones legales. Hasta ahora no ha hecho anda de eso”.