El acta paritaria que rubricaron la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) y el Ministerio de Transporte en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que supone aumentar un 15,20% el salario a los choferes de colectivos, se cerró con algunas condiciones que no resultan positivas para el transporte local.

Los empresarios sujetaron la firma del acta a que los municipios aumenten el boleto al menos dos pesos más antes de enero de 2019, cláusula que cayó muy mal entre los políticos rosarinos que se manifestaron en contra y consideraron que tomar tal medida no significaría más que “bajarle los subsidios en el transporte al interior del país”.

En diálogo con Conclusión, la concejala Verónica Irizar del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) se refirió a la escala de aumentos que supone el acta (5,70 sobre el básico de marzo que se aplicará para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto; del 11,40 sobre el mismo básico pero entre los meses de septiembre a diciembre; y del 15,20 para el primer trimestre del año que viene) y dijo que los mismos “no van a ser considerados a los efectos del cálculo de los montos a distribuir por subsidios nacionales”.

“Es la primera vez que Nación plantea cubrir con subsidios, con el fondo de compensaciones provinciales, solo el primer tramo del 3,5 y no cubrir el 15,2 restante”, señaló extrañada y en seguida agregó que “esta constatación hace que sea preocupante cómo se va a poder financiar este aumento salarial para los trabajadores y de ahí se desprende el planteo de los privados de aumentar el boleto”.

Si bien admitió que todavía no han recibido una notificación oficial por parte del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, cuestionó que en enero pasado, cuando se discutió sobre la Sube, dijera que “iba a aumentar los subsidios al interior y esto sería hacer todo lo contrario, que se bajen”.

En ese sentido, adelantó que mañana ingresarán una declaración manifestándose “en contra de este tipo de ajuste” y por otro lado realizarán un pedido de audiencia de parte de los bloques del Concejo Municipal para discutir el tema.

“Argentina viene con una historia de distribución de subsidios que han sido inequitativamente repartidos, están desde el 2001 estos subsidios y siempre fue priorizada el área metropolitana de Buenos Aires”, se quejó indignada y expresó que “es momento de corregir esta situación que fue la que permitió que Capital Federal tuviera un boleto de seis pesos hasta el año pasado”.

A modo comparativo Irizar dijo que “el boleto porteño está muy lejos de la realidad del interior del país que por ejemplo en Córdoba se paga un boleto de 15,38 pesos, en Bahía Blanca uno de 17, en Bariloche uno de 16, en ciudad de Santa Fe 11, 50 y acá en Rosario 11,49 pesos. Es momento de cambiar esto y hacer un país más federal”, indicó contundente.

En el mismo orden argumentativo, la concejala del Frente Progresista reflexionó: “Si solo el 5% es el porcentaje de subsidios destinado al interior del país, nos parece que el ajuste no puede venir por ese lado, más vale que lo paguen los porteños y no los rosarinos que estuvimos pagando y financiando un transporte muy barato para ellos durante todos estos años”.

“Hoy el Concejo tiene aprobado un mecanismo trimestral por el cual se ajusta la tarifa pero tiene como límite el índice de variación salarial y esto es muy bueno porque significa que los ajustes del boleto nunca pueden ser más que lo que aumentaron los salarios en ese mismo lapso, y esa metodología es la correcta”, manifestó a modo de cierre Irizar pidió a la gestión macrista “afinar la política porque los más perjudicados son siempre los asalariados, los emprendedores y los que menos tienen”.

Por su parte, la edila Fernanda Gigliani del bloque Iniciativa Popular rechazó los dichos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre que son los municipios los que deben hacerse cargo del transporte público porque “hace años existe un fondo compensador, donde todos los rosarinos sostenemos parte del sistema, aportamos 289 millones por año, 2,41 pesos por pasajero, es decir, que es un 10% del costo total del boleto”.

“Querer subir la tarifa tiene que ver con una decisión política de seguir acortando e instalando tarifazos porque la solución que plantea el ministro pretende trasladar lo que el gobierno deja de aportar al usuario al boleto, con lo cual se implosiona todo el sistema de transporte”, se quejó.

También Gigliani coincidió con Irirzar en que “siempre se trata de políticas nacioanles que afectan a los que menos tienen porque esto afecta a los trabajadores, estudiantes y los que forzadamente usan el transporte público”.

Finalmente apuntó: “Habría que preguntarle al ministro Frigerio a dónde va a ir esta plata que dejan de enviar a Rosario”.