La Cámara de Diputados sesionará este miércoles con reformas a la Ley de Alquileres como tema central. La oposición, liderada por legisladores de Junto por el Cambio, propone reducir el plazo de los contratos a dos años –actualmente son de tres– y que los precios se actualicen de forma trimestral o semestral, y ya no de manera anual. Estas modificaciones fueron duramente cuestionadas por las agrupaciones de inquilinos de Rosario, quienes advirtieron que si bien la ley sufrió “violaciones” desde su aplicación en 2020, garantiza un piso de derechos para las personas que alquilan.
La ciudad de Rosario atraviesa una crisis habitacional desde hace algunos años: cada vez son más los propietarios que optan por vender sus inmuebles, ya que argumentan que con la nueva ley no es rentable ofrecerlos en alquiler. Esto provocó una caída considerable en la oferta, que, según advierten los especialistas en el tema, no llega a satisfacer la demanda.
Cabe destacar que la nueva Ley de Alquileres, que lleva el número 27.551 y entró en vigencia el 1 de julio de 2020, establece entre sus puntos centrales que los contratos de alquiler tendrán una extensión de tres años, y que el precio se ajustará de forma anual, en base a un promedio entre la inflación registrada en los últimos doce meses y la evolución de los salarios en igual período, conocida como la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
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Referentes del sector inquilino de Rosario aseguraron a Conclusión que la nueva normativa sufrió varias violaciones en sus tres años de aplicación, pero reconocieron que la misma brinda “un piso mínimo de derechos” para las personas que alquilan, y que eliminarla sería “irresponsable”.
Para reclamar por sus derechos, inquilinos de Rosario movilizarán este miércoles 23 de agosto frente al Congreso de la Nación, al tiempo que pedirán que aquellos diputados que tengan conflictos de intereses por ser propietarios de viviendas que están en alquiler, se abstengan de votar. Asimismo, presentarán una solicitada firmada por las centrales de trabajadores y sindicatos exigiendo que no se modifique la ley de alquileres por el perjuicio que puede tener sobre los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
Una ley con fallas en su aplicación
El Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y militante de la Concejalía Popular, Ariel D’Orazio, habló con Conclusión e hizo un balance de la nueva ley: “La normativa fue incumplida durante estos tres años en gran parte de su articulado, con diferentes maniobras. Con la modificación a la ley 27.551, se establece que el inquilino, si está en tenencia, pude optar por un plazo menor a los tres años, pero esta trampa legal ha hecho que muchas inmobiliarias en las renovaciones busquen establecer periodos que van entre los doce o los seis meses”.
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Y agregó: “Otra de las modificaciones que se han incumplido, aunque en menor medida, tiene que ver con el pago de los impuestos que gravan a la propiedad. Después hubo violaciones en los valores de los contratos de locaciones, donde algunos han intentado aplicar un índice por encima del oficial, otros han inventado bonificaciones dentro de los contratos, lo que está prohibido. Hay falta de información en algunos casos y una ávida intención de exprimir el bolsillo o las cuentas bancarias de las personas que alquilan generando un perjuicio económico”.
“Hay muchas cosas que mejorar de la ley, pero también la estamos evaluando en la peor crisis macroeconómica de la Argentina de los últimos treinta años, que tiene que ver con un proceso inflacionario altísimo, como no veíamos desde el año 1991”, concluyó D’Orazio.
En este sentido, el también integrante de la Concejalía Popular, Nire Roldán, dialogó con Conclusión y ahondó: “La Ley Nacional de Alquileres es entendida como un tope al aumento de los precios, que cada vez eran más abusivos. La renta pasó de absorber un 25% del salario del trabajador, a un 35% o 37%. Pero el modelo inflacionario hizo que la normativa tuviera muchísimos problemas, y que el valor de ese ajuste anual de los alquileres fuera alto. No obstante, el mercado inmobiliario quiere liberar el aumento de los precios y eliminar el piso. Si hoy el ajuste da 107% de aumento anual de los alquileres, ellos quieren el 150%”.
¿Reformas a pedido de los propietarios?
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, Sebastián Artola, aseguró que las reformas que intentan hacerse a la Ley de Alquileres son “pedidas por el mercado inmobiliario” y no tienen en cuenta las propuestas de los inquilinos.
“Bajar de tres a dos años el mínimo del contrato de alquiler, que los aumentos dejen de ser una vez al año para pasar a ser trimestrales y los defina de manera unilateral el mercado es un retroceso que, claramente, va a significar más aumentos en los alquileres”, advirtió Artola.
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Y solicitó: “Les pedimos a los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe que no den quórum para que no puedan avanzar estas reformas regresivas que van en contra de los inquilinos. En particular, se lo estamos solicitando a los diputados Enrique Estévez y Mónica Fein que integran el Interbloque Federal y es uno de los sectores que quieren llevar adelante estas reformas con Juntos por el Cambio”.
Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario.
En esta línea, D’Orazio apuntó que las reformas impulsadas por la oposición no buscan resolver el problema de los inquilinos, sino “ampliar los márgenes de rentabilidad para los propietarios”. Al respecto, enumeró: “Esto está clarísimo cuando proponen reducir los plazos de renovación para fijar cuanto antes los valores del nuevo contrato, o eliminar la actualización por índice y fijarlos por UVA o inflación, lo que sería perjudicial para las personas que alquilan. Estas actualizaciones se darían de forma trimestral o semestralmente, lo cual encarecería muchísimo el valor de la locación y generaría una imprevisibilidad económica absoluta para las personas que alquilan”.
Por su parte, Roldán refutó la propuesta de que el plazo de actualización de alquileres sea acordado entre las partes: “Es una falsedad porque hay veinte personas haciendo cola para conseguir un inmueble, y si no te anotás con las condiciones abusivas que proponen, no hay contrato de alquiler”.
Y añadió: “Este miércoles van a intentar boicotear la Ley Nacional de Alquileres, de permitirle al negocio inmobiliario que pase por arriba de los derechos de los inquilinos y derogar o modificar la ley dándole el camino a los sectores especuladores”.
El peligro de dolarizar los alquileres
Antes de impulsar reformas en puntos centrales de la normativa, los legisladores de Juntos por el Cambio –en alianza con otros bloques– proponían derogar la nueva Ley de Alquileres. Si bien esta idea parecería haber quedado atrás, el hecho de que esta legislación pierda vigencia significaría un grave retroceso para los inquilinos.
Al respecto, D’Orazio explicó: “No hay una posibilidad de derogación porque la ley modificó el Código Civil y Comercial. Pero en caso de que ocurra, si se busca volver al régimen anterior, los inquilinos volverían a pagar el API, desaparecía el concepto de expensas no habituales que están a cargo de los propietarios y no de los inquilinos, desaparecería la posibilidad de rescindir –sin causa– los contratos de locación de manera gratuita, volverían a poder pedirse los depósitos en garantías por un equivalente mayor al mes de locación, algo que hoy está prohibido. Sería una pérdida de derechos muy importante para las personas que alquilan”.
Nire Roldán, integrante de la Concejalía Popular.
En este sentido, el referente de los inquilinos habló sobre la posibilidad de que la renta sea en divisa estadounidense: “Si se elimina la ley se podrían volver a dolarizar los contratos de locación, lo que sería aberrante. La semana pasada, por ejemplo, se habría pasado a pagar un 25% más, que es la cuarta parte de lo que te aumenta al alquiler una vez al año, aparte te lo podrían aumentar todos los meses. Sería irresponsable eliminar una legislación que tiene un piso mínimo de derechos en lugar de empoderarla”.
Sobre este punto, Roldán aseguró que “hay leyes de fondo que prohíben la utilización de moneda extranjera para cualquier tipo de contrato sobre vivienda en Argentina”, aunque advirtió que hay plataformas digitales que infringen la ley y dolarizan los alquileres.
En este sentido, aseguró que estas plataformas “pueden ser valiosas como servicios”, pero manifestó que en otros países están prohibidas: “No pueden hacer eso en Londres, París, Madrid o Barcelona, porque hay leyes de defensa de los derechos de personas que alquilan que establecen que los contratos en moneda extranjera no se pueden hacer”.
Poner la problemática inquilina en la agenda es la tarea
Mientras que la solución a la crisis habitacional que atraviesa el país parecería estar alejada de las agendas políticas, cada vez son más los inquilinos que piden presencia del Estado para facilitar el acceso a una vivienda digna y regular las exigencias de los propietarios.
“Mientras en los principales países del mundo se está debatiendo cómo el Estado tiene que intervenir y regular el mercado inmobiliario para ponerle un freno a la especulación y a los aumentos abusivos, acá se quiere dejar todo en manos del mercado. Se necesita una política integral de acceso a la vivienda y esta sólo es posible a través del Estado, es la única manera para que la vivienda vuelva a ser un derecho y deje de ser un negocio para unos pocos”, señaló Artola.
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La ciudad de Rosario atraviesa una situación crítica en este sentido: mientras que en los últimos veinte años –según explicaron desde la Concejalía Popular– se construyeron cerca de 23 metros cuadrados, actualmente la oferta de inmuebles para alquilar no satisface la demanda.
Ariel D’Orazio, integrante de la Concejalía Popular.
“Tenemos cada vez menos propietarios en términos porcentuales. Pasamos de tener un 82% de propietarios en el año 2001, a un 68% en el 2022, con una densidad poblacional que no se ha modificado sustancialmente. A pesar de que en la ciudad se ha construido indiscriminadamente, no se han creado nuevos propietarios y hay cada vez más inquilinos. El Colegio de Corredores Inmobiliarios reconoció en un informe que hay 18.000 inmuebles ociosos, el problema es que hay más y que lamentablemente no hay legislación que vaya en busca de esos inmuebles”, detalló D’Orazio.
A su turno, Roldán amplió: “La situación de los inquilinos es dramática. Que haya gente que tiene uno o dos inmuebles y los ha resguardado para vivir de rentas, lo entendemos, pero ahí chocan dos derechos; el derecho a un negocio lícito con el derecho constitucional a la vivienda, y entendemos que este último tiene prioridad”.
“Es un hecho de especulación inmobiliaria que algunos se permitan sacar del mercado los inmuebles, por eso decimos que hay que regular la vivienda ociosa, sobre todo los que son ociosas por especulación inmobiliaria. Para eso hace falta crear un Observatorio de Indicadores de la Vivienda en Rosario, registros de contratos de alquiler y registros de inmuebles ociosos de acuerdo a una metodología que hemos propuesto que es un cruce de servicios para detectar la ociosidad, y hacer políticas públicas en consecuencia”, cerró.
Ley 27551Inquilinos rosarinos rechazan cambios en Ley de Alquileres: “Buscan ampliar la rentabilidad de los… by Conclusión TV on Scribd
