Un juez español archiva la causa de espionaje con Pegasus por falta de colaboración de Israel

Un juez español archivó este lunes la causa por el presunto espionaje con el ‘spyware’ israelí Pegasus al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tres de sus ministros y varios líderes independentistas catalanes, por la «absoluta» falta de colaboración jurídica del Gobierno de Israel, informaron medios locales.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, explicó en un documento que se frustró la investigación seguida por la infección con el programa espía Pegasus de los dispositivos móviles de Sánchez y de los ministros de Defensa de España, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas.

Esto se debe a la «absoluta» falta de cooperación de Israel, que no respondió a la solicitud de auxilio judicial que se les hizo a las autoridades israelíes para obtener pruebas.

«Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria, no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, y reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones. Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel, lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, no va a ser cumplimentada nunca», criticó el juez, según informó el portal español 20 Minutos.

Calama había enviado cuatro veces el pedido formal de información a Israel sobre la empresa propietaria de Pegasus, el NSO Group, y la declaración testimonial de su máximo responsable, pero no obtuvo respuesta por parte de su homólogo israelí.

Esto provocó que el juez concluya en que desde su juzgado «poco o nada puede hacer» para que la investigación avance, y considera que «solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación».

El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.

El Gobierno español había presentado una denuncia ante la Justicia en la que aseguraba que los teléfonos celulares de Sánchez y varios ministros fueron objeto de escuchas «ilegales» y «externas» a través de ese spyware, lo que permitió el robo de «gran cantidad de información».

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabites en la segunda, mientras en el aparato de la titular de Defensa el robo fue menor: 9 megas.

El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trató, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.

Pegasus se instala en un celular a través de algún link que recibe el usuario y permite acceder a los servicios de mensajería y los datos, además de activar el aparato a distancia para poder captar imágenes o sonido.

Según Amnistía Internacional, este software podría haberse usado para piratear hasta 50.000 teléfonos móviles en el mundo.

En febrero de 2022, Pegasus volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se revelara que supuestamente fue utilizado por la Policía israelí para espiar a manifestantes y opositores al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El Grupo NSO, que se niega a confirmar la identidad de sus clientes y afirma que no tiene conocimiento de sus objetivos, negó la mayoría de estos casos y dice que el análisis forense digital no puede identificar completamente su software.