La empresa de transporte Uber apeló hoy la decisión tomada por el ente regulador londinense sobre la remoción de su licencia para operar en la capital inglesa, su mercado más importante de Europa.
La apelación se presentó hoy en el Tribunal de Magistrados de Westminster, afirmó la compañía en un comunicado, donde agregó que en forma paralela mantendrán «discusiones constructivas con (la agencia) de Transporte de Londres».
Este organismo que controla el transporte público de la capital británica había anunciado el 22 de septiembre último que no iba a renovar la licencia de Uber, que venció el 30 de septiembre, porque «no es un operador adecuado y correcto”.
«Esperamos mantener discusiones constructivas con el ente de Transporte de Londres», afirmó hoy Uber en un comunicado citado por la agencia Bloomberg, donde también indicó que podrá seguir operando mientras dure el proceso legal.
Se estima que la primera audiencia del caso se lleve a cabo a mediados de diciembre, mientras que otras apelaciones pueden extender el proceso durante meses, o incluso años.
Las autoridades de la capital británica dijeron que la compañía con sede en San Francisco no pasa la prueba para operar «de forma adecuada».
Bajo su nuevo CEO, Uber trató de distanciarse del enfoque de su ex director ejecutivo Travis Kalanick, al marcar una mirada conciliatoria para suavizar las relaciones con los reguladores del transporte.
El Reino Unido es el mercado europeo más grande de Uber y una petición lanzada para protestar por la decisión de Transporte de Londres reunió más de 800.000 firmas.
«Nuestra principal preocupación en este momento es el bienestar de los 40.000 conductores que trabajan para Uber en Londres y efectivamente se les dio menos de un mes de aviso de despido», dijo Jason Moyer-Lee, secretario general del sindicato de trabajadores independientes (IWGB su sigla en inglés).
Sin embargo, las negociaciones sobre la licencia en Londres son solo uno de los temas con los que Uber está luchando actualmente.
La empresa enfrenta al menos cinco investigaciones criminales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que van desde temas como posibles sobornos, software ilícito, esquemas de precios cuestionables y el robo de la propiedad intelectual a un competidor.
