El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró «no culpable» de los cargos leídos por la justicia de Manhattan por un soborno a una actriz porno y quedó en libertad sin condiciones, tras convertirse oficialmente en el primer exmandatario del país en recibir una imputación penal, en un hecho que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca en 2024.
El juez de origen colombiano Juan Merchán lo inculpó de 34 cargos relacionados con falsificación de registros comerciales en el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que mantuviera en secreto una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre negó.
El magnate de 76 años tendría que someterse a un juicio, que intentará evitar por todos los medios, con consecuencias imprevisibles para su carrera a la presidencia en los comicios de 2024, aunque legalmente nada le impide presentarse y llegar eventualmente a la Casa Blanca, inclusive en el caso de una condena.
Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada, haciéndola pasar presuntamente como minutas profesionales. Tanto el expresidente como sus abogados rechazaron la causa. Incluso Trump no dejó de gritar que es una «caza de brujas».
En un intento de politizar el caso y motivar a sus seguidores, que respondieron enviándole más de 7 millones de dólares para su campaña desde que se anunció la imputación el pasado jueves, el magnate recordó en la red Truth Social lo que ya usa como un lema: «No vienen por mí, vienen por ustedes. Yo estoy simplemente en su camino».
La Justicia de Nueva York investiga desde 2018 un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para ocultar una supuesta relación extramatrimonial de Donald Trump.
La suma no se incluyó en las cuentas de la campaña del candidato republicano -lo cual violaría las leyes electorales estatales-, sino que se registró como «honorarios legales» en las de su empresa, con sede en Nueva York.
En una serie de publicaciones en su Truth Social, Trump acusó al fiscal de haber «filtrado ilegalmente los puntos de la acusación», que calificó de «patética». El exmandatario cargó de nuevo contra Bragg, a quien ha propuesto que se acuse a sí mismo «si realmente quiere limpiar su reputación».
Una condena al cabo de su juicio no impediría, necesariamente, que Trump se postulara o ganara la presidencia en 2024, ya que en Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo y ser elegida.
