Grecia es escenario de un claro retroceso en materia de derechos laborales: por pedido del gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, el Parlamento aprobó el pasado viernes una reforma que permite que las jornadas de trabajo sean de seis días y de hasta 13 horas diarias, según lo establezca cada empresa. La medida es rechazada por la sociedad, que desde hace días viene realizando protestas en diferentes ciudades del país.

La ley aprobada por el Parlamento –que fue apoyada por 158 legisladores, de un total de 300– permite que los trabajadores puedan tomar un segundo empleo de 5 horas que se sumaría a un primer empleo de 8. Sumados, ambos totalizarían 13 horas laborales por día. Sin embargo, esta norma quedaría efecto cuando haya un conflicto de interés entre ambos trabajos.

Así, los sábados o los domingos pasarán a ser días laborales, mientras que las empresas también podrán cambiar los horarios de los trabajadores con 24 horas de antelación, para adaptarlos a las necesidades de la producción.

En tanto, las empresas que apliquen la normativa y que hagan ir a sus empleados seis días a la semana y por un total de 13 horas, deberán aumentar el sueldo diario de los trabajadores en un 40%.

Como defensa de la medida, el Gobierno de Grecia argumentó que la reforma logrará formalizar la generación de empleo, eliminará las horas extras no declaradas ni pagadas a los trabajadores y aumentará los puestos laborales.

Mientras que la oposición denunció que la reforma establece “condiciones bárbaras” para los trabajadores, los sindicatos temen que se den situaciones de irregularidad ante la falta de control e inspecciones por parte del Estado.

Otra incógnita es qué pasará con el derecho al paro, ya que la ley recientemente aprobada impone hasta seis meses de cárcel y una multa que alcanza los 5.000 euros para quienes impidan que otros trabajadores se presenten a sus puestos laborares durante una huelga.

Otro punto flaco de la normativa es que autoriza que las empresas despidan a un trabajador sin aviso previo y sin pagarle la indemnización si el empleado fue desafectado durante su primer año de contrato. Además, extiende el período de prueba hasta los seis meses.

Para los empleadores, establece multas de hasta 10.500 euros en caso de que no declaren las horas extras trabajadas.