Por Damian Wroclavsky para AFP-NA
Celso Jacob se levanta cada día cerca de las cinco de la mañana en el penal de Papuda, en Brasilia, y espera que llegue el auto que lo traslada hasta el Congreso, donde cumple su mandato de diputado federal.
Esa increíble rutina sacó a la luz a un legislador que purga una condena de más de siete años en un régimen semiabierto, que le permite votar leyes, participar de debates y apoyar al bloque del presidente conservador Michel Temer, cuyo gobierno tiembla por una acusación de corrupción en su contra.
«Los que me conocen, y en mi ciudad me conocen bien, sufren conmigo. Y los que no me conocen piensan que soy un ladrón más, que desvió (dinero público), que robó. Es difícil separar la paja del trigo», dijo a la AFP en una entrevista realizada en su despacho del Congreso.
«La gente dice: un preso está trabajando. No soy un preso, estoy preso; y me estoy defendiendo. Puedo, y tengo la seguridad, de que voy a revertir mi situación», agregó.
A los 60 años Jacob había llegado a la cima de su carrera. Tras dos mandatos como suplente fue confirmado como diputado titular el 1 de enero de 2017, entre otras cosas gracias a la destitución de Eduardo Cunha, el ultraconservador exjefe de la Cámara que ahora purga 15 años de cárcel por corrupción.
Pero el fatídico 6 de junio fue arrestado en el aeropuerto de Brasilia, luego de que la corte suprema -que juzga los casos de políticos protegidos por fueros- ratificara su condena por falsificar una ley y por saltarse una licitación en 2003, cuando era alcalde de la localidad Tres Rios, en el Estado de Rio de Janeiro.
Estar preso
Este economista especializado en educación habla a borbotones, denota ansiedad por contar su caso y prefiere evitar ser filmado en el Congreso.
Su presente le obliga a avisar a las autoridades si necesita salir de la Cámara o si una sesión se extiende y lo obliga a regresar tarde al penal, donde cambia su traje de legislador por el uniforme blanco carcelario. Tiene vedadas actividades sociales como ir al cine, hacer compras o ir a visitar a sus familiares.
El día de la entrevista, su hijo y su hermana debían visitarlo en el Congreso. Jacob reconoce haber cometido errores «técnicos» y asegura que cayó en una trampa al firmar una supuesta ley municipal que le aseguraron había sido aprobada por los concejales. Y el único objetivo de haberse saltado una licitación era terminar las obras de una guardería paradas desde hacía años.
Pero la corte suprema desestimó sus alegaciones. «La acción de falsificar una ley es gravísima» y «configura una intensa ofensa al principio de separación de poderes», destaca el fallo.
La sentencia ya no puede ser apelada, pero el legislador espera que nuevos testimonios permitan reabrir el expediente, aunque el ambiente político de 2017 no facilita su cruzada.
La clase política está siendo bombardeada por acusaciones de corrupción que ya pusieron tras las rejas a legisladores y empresarios y tienen acorralado al propio presidente de la República.
«El momento político hoy es difícil, porque estamos en medio de denuncias, de grandes desvíos de dinero (…) En condiciones normales no pasaría nada con mi caso», sostuvo.
Miedo
El diputado, que integra las comisiones de Educación y de Derechos Humanos de la cámara baja, confiesa que tuvo miedo el día que llegó a Papuda, un centro carcelario que alberga a 5.487 reclusos a unos 30 kilómetros del centro de Brasilia.
«El régimen penitenciario de Brasil no es para recuperar a nadie. Donde yo estoy es mejor, pero no es un lugar recomendable», afirmó.
Comparte celda con otros dos presos y reconoce que es muy requerido por sus compañeros de pabellón durante los fines de semana, en los que permanece en el penal.
«Me piden ayuda para que vea sus casos», contó. Dice confiar en la Justicia y se apoya en su fe en Dios. Pero por las dudas, hace cuentas: por cada tres días que trabaja le descuentan uno a su encierro. A ese ritmo, podrá dejar de dormir en la cárcel cuando transcurra un sexto de su condena (un año y dos meses).
«Si todo saliera mal, voy a tener que cumplir más o menos 10 meses más para pasar al régimen abierto», concluye.
