La junta militar de Myanmar es una «empresa criminal», afirmó este martes un experto de la ONU al anunciar que próximamente se publicará un informe sobre la procedencia de las armas que siguen llegando al país, un año después del golpe de Estado.
«El hecho de que haya pasado un año sin que ninguna resolución del Consejo de Seguridad haya impuesto un embargo completo a las armas, a pesar de que las armas siguen llegándole a la junta y matando a inocentes, es inaceptable», denunció el relator de la ONU para la ex Birmania, Thomas Andrews.
«El pueblo de Myanmar merece algo mejor de parte de Naciones Unidas», aseveró el dirigente humanitario en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.
Andrews, quien trabaja a cuenta del Consejo de Derechos Humanos pero que no se expresa en nombre de ese organismo, prevé publicar «pronto» un informe en el que identifica la procedencia de las armas que siguen llegando a manos de la junta.
El 1 de febrero de 2021 el Ejército birmano derrocó al Gobierno, liderado de facto por Aung San Suu Kyi, poniendo fin a una década de transición democrática. Desde entonces, ha llevado a cabo una sangrienta represión de cualquier protesta.
«La junta funciona como una empresa criminal, cometiendo asesinatos, torturas, secuestros, desplazamientos forzosos y todo ello, robando los ingresos y confiscando los bienes que pertenecen legítimamente al pueblo de Birmania», señaló Andrews.
«Sus ataques continúan sin descanso. El sufrimiento del pueblo no deja de aumentar», denunció, considerando que la población de Myanmar «merece un apoyo más fuerte de la comunidad internacional».
«En los últimos meses hemos asistido a una nueva escalada de la violencia y a una campaña de terror que ya se ha generalizado en todo el país. He recibido nuevas informaciones que daban cuenta de masacres, ataques contra hospitales y contra agentes humanitarios, así como de bombardeos e incendios de aldeas», añadió.
