La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Ecuador prohibió este jueves que más de una persona viaje a bordo de la misma moto, salvo algunas excepciones, con la mirada puesta en bajar las cifras de delitos que se cometen con este tipo de vehículo.
La medida, de la que están exentos aquellos que trasladen a su cónyuge o conviviente, hijos, hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y menores de 12 años, entrará en vigor esta noche, informó el Gobierno.
Según un informe de la Policía Nacional, en el primer trimestre de este año, en promedio se cometieron tres robos al día a bordo de motos solo en Quito. Mientras que en Guayaquil, el 60% de los delitos se llevaron a cabo de esa manera.
Asimismo, un total de 220 muertes violentas se perpetraron bajo la modalidad de dos personas en moto.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, comunicó que la medida fue coordinada con el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República, con el objetivo de ejecutar operativos conjuntos con miras a «recuperar la seguridad integral de la ciudadanía», informó el diario ecuatoriano El Universo.
Por su parte, el director ejecutivo de la ANT, Adrián Castro, dijo que se facultará a los municipios, mancomunidades y consorcios para que establezcan reglas complementarias, siempre que garanticen la seguridad de los ciudadanos y sus medidas se sustenten en informes técnicos, estadísticos y en el análisis de su realidad local.
Hasta ahora varias ciudades regulaban el transporte en moto mediante ordenanza municipal, pero el acatamiento de estas restricciones no se controla con frecuencia.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que «tanto la gran mayoría de asesinatos, algunos bajo la modalidad de sicariato, como los robos comunes, son perpetrados con dos personas en moto».
La norma llega un día después de la sanción de un proyecto de ley que regula el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte de militares, policías y guardias penitenciarios, para dar respuesta al aumento de la violencia y criminalidad a causa, centralmente, del narcotráfico.
Ecuador cerró 2021 con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.
Con esta norma, los uniformados tienen derechos a la defensa institucional y de la Defensoría Pública cuando se vean involucrados en casos de uso de la fuerza en cumplimiento del deber, y a negarse a obedecer órdenes que atenten contra las garantías.
