El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló haber recibido 445 propuestas de diferentes sectores del país para hacer cambios, ajustes y precisiones al acuerdo de paz con las FARC que fue rechazado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, mientras que la oposición le envió una carta pidiéndole un testigo sin voz ni voto en la renegociación que se llevará a cabo en Cuba y el Congreso manifestó su predisposición a refrendar un nuevo entendimiento.

«Hasta el momento son 445 propuestas que han sido catalogadas, organizadas y sistematizadas en función de los capítulos del acuerdo. Todas ellas están siendo estudiadas y analizadas con detenimiento y respeto y serán discutidas con las FARC para lograr un nuevo acuerdo lo más pronto posible», dijo el mandatario en un mensaje al país.

Santos aseguró que después de haber reconocido públicamente el resultado del plebiscito se generó «un diálogo abierto y franco con el país».

Ese diálogo, señaló, «ha permitido escuchar las inquietudes ciudadanas y en muchos casos aclararlas y responder las preguntas y dudas que nos presentaron».

El pasado viernes el equipo negociador del gobierno, encabezado por su jefe, Humberto de la Calle, regresó a Cuba, sede de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para buscar un «nuevo acuerdo» con esa guerrilla, y hubo ronda de conversaciones hasta hoy mismo.

«Justo antes de que el primer grupo de negociadores del gobierno viajaran a La Habana, les di instrucciones para que trabajen sin pausa y con eficacia para alcanzar ese objetivo que todos los colombianos tenemos: un nuevo acuerdo que nos permita alcanzar una paz estable y duradera, más amplia y más profunda», añadió el mandatario, que expresó su confianza en que «esa misma disposición y apertura anima a las FARC».

«El objetivo es alcanzar un nuevo acuerdo que tenga toda la legitimidad jurídica y política para comenzar a implementarlo lo más pronto posible porque, como lo hemos dicho, el tiempo apremia», puntualizó.

Mientras tanto, representantes de la campaña del No que se impuso en el plebiscito del pasado 2 de octubre enviaron una carta a Santos, en la que piden un testigo sin voz ni voto en la renegociación del nuevo acuerdo en Cuba.

El ex presidente Andrés Pastrana, la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez manifestaron al presidente la importancia de que los colombianos vean transparencia en la mesa de negociación «para superar la desconfianza» con la nueva fase del diálogo.

«Cientos de versiones sobre supuestas formas de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas están minando el camino hacia la paz que merece Colombia y generado un mar de desconfianzas», dicen los firmantes.

Después de la derrota en el plebiscito, Santos convocó a un gran diálogo nacional para lo que se reunió con diferentes sectores de la sociedad, incluidos opositores como Pastrana, Ramírez, Ordóñez, y el ex presidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático.

«Somos conscientes que tenemos una contraparte (FARC) a la que no se pretende imponer un acuerdo sino persuadir que un nuevo y óptimo acuerdo respaldado por los colombianos sí es posible y tendrá como resultado un gana-gana indiscutible para las partes», afirman Pastrana, Ramírez y Ordóñez.

Casi para apurar un nuevo acuerdo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió que la demora en la negociación puede generar división al interior de esa guerrilla y conducir al caos.

«Me preocupa inmensamente el deterioro de la cohesión de las FARC pasando el tiempo sin que haya una dinámica en el proceso de cese el fuego», aseguró Villegas en rueda de prensa.

Para el ministro, el deterioro «viene de la autoridad y de la disciplina, de la presión de grupos armados para que haya disidencias por el paso del tiempo en medio de la incertidumbre a pesar de que el mando de las FARC ha tenido la mejor voluntad».

«Mi frustración es muy grande cuando veo estos riesgos que está corriendo la Nación, de violencia, de en vez de que dé un salto hacia el progreso lo dé hacia el caos», comentó Villegas.

El alto funcionario precisó frente a los medios de comunicación que «los requisitos para un cese el fuego definitivo indefinido son varios y se tiene que dar a pesar de la buena voluntad que han presentado las FARC sobre la mesa».

Villegas expresó su preocupación por el hecho de que haya «6.000 combatientes de las FARC en cese el fuego y de hostilidades en la ruralidad colombiana, en 24 puntos con verificación, pero sin un cronograma preciso».

Una buena señal fue la que envió el titular del Senado, Mauricio Lizcano, que remarcó que el Congreso de Colombia está dispuesto a refrendar el nuevo acuerdo.

«El Congreso está dispuesto a asumir esa responsabilidad histórica de refrendar los acuerdos», señaló Lizcano al hablar en un foro sobre la dificultad que vive el proceso de paz.

Según Lizcano, en la actual coyuntura política debe descartarse un nuevo plebiscito para refrendar o rechazar el acuerdo con las posibles modificaciones que se le introduzcan.

Integrante del gobernante Partido de la Unidad Nacional, el legislador dijo que el Congreso está listo para asumir la tarea de refrendación por ser el escenario más adecuado, porque allí están representadas las fuerzas del Gobierno, de la oposición y de los partidos independientes.

«El escenario para refrendar un nuevo acuerdo debe ser el Congreso de la República. Allí están los líderes más connotados del Si y del No (en el plebiscito). Me parece que un nuevo plebiscito es un salto al vacío, polariza aún más al país y nadie garantiza que el resultado sea positivo», dijo Lizcano.

La ONU, en tanto, destacó que la situación de los niños afectados por el conflicto colombiano ha mejorado de forma palpable gracias al proceso de paz y pidió al Gobierno y a las FARC compromisos para seguir avanzando.

Un informe de su secretario general, Ban Ki-moon, sobre los niños y los conflictos armados en Colombia, que analiza lo sucedido entre septiembre de 2011 y junio de 2016, destaca que con el inicio del proceso de paz se registró «una disminución considerable» del número de violaciones cometidas contra niños, niñas y adolescentes, en particular en los últimos años.