Luego de que el gobierno de Puerto Rico dio a conocer por estos días el Informe Financiero Anual Consolidado (CAFR, sus siglas en inglés) para el año fiscal 2014, altos funcionarios del gobierno anunciaron simplemente que el gobierno de la isla está «insolvente» y que analiza una moratoria sobre sus pagos que vencen el 1º de mayo y el 1º de julio, entre otros. «El gobierno de la Mancomunidad cree que existen dudas sustanciales sobre la capacidad del gobierno primario» y otras entidades del gobierno «de continuar como una empresa en funcionamiento», advierte el informe.
Sin medias tintas
En el curso de una entrevista con radio WUNO, el secretario de Finanzas de Puerto Rico, Juan Zaragoza, lo planteó de este modo: «Si por insolvente queremos decir que no podemos hacer los pagos cuando éstos se vencen, estamos insolventes».
Por su parte, y según un informe de Primera Hora, la jefa de personal del gobernador Alejandro García Padilla, Grace Santana, dijo que las medidas de emergencia que se estaban considerando «van a afectar los derechos de los acreedores y los pagos que se vencen el 1º de mayo y el 1º de julio».
El Banco de Desarrollo del Gobierno (BDG) debe u$s 422 millones que se vencen el primer día de mayo y el gobierno y varias instituciones en conjunto tienen que pagar 2 mil millones de dólares para el 1º de julio, de los cuales 805 millones son bonos de Obligaciones Generales, que por mandato constitucional se tienen que pagar.
