por Florencia Vizzi
Los casos de femicidio se multiplican y horrorizan. No porque antes no existieran, sino porque recién en estos tiempos se ha logrado observarlos y atraer la atención sobre ellos, al menos un poco. Y porque recién en estos tiempos, por lo demás, se le ha puesto un nombre que los identifica como tales y los saca de la tipificación más general de homicidio. Laura Cardozo y Nora Giacometto, son las representantes de la ONG “Ampliando Derechos”, una institución que trabaja en derechos de género y diversidad, y acompaña y contiene a las víctimas de violencia en el difícil camino de búsqueda de justicia. Durante una entrevista con Conclusión hablaron sobre la realidad de la violencia de género en los barrios, dónde muchas mujeres: “tienen escasos recursos, o son desocupadas; muchas trabajan por hora y van perdiendo todo. Se quedan sin trabajo, sin casa, sin cama, sin nada”.
Detrás de esos asesinatos, se teje toda una trama de falencias, de invisibilidades, de concretos casos de ausencia del Estado e incluso, de complicidades y negligencias con los victimarios. La muerte de esas mujeres es el desenlace de larguísimos derroteros, que se suceden por años, de denuncias, de golpizas, de violencias cotidianas, de connivencias, que son literalmente minimizadas y hasta ignoradas por el Estado y por las autoridades que deberían cuidar a las víctimas, y que les imposibilita salir del círculo de violencia y en muchos casos, sobrevivirlo.
Acompañando cuerpo a cuerpo
Laura cuenta que hace unos años atrás fue a buscar a su hijo, que se encontraba pasando unas horas con su papá. El hombre se negó a dárselo, y le propinó una golpiza, que finalizó con una violenta patada en la cabeza que la desmayó. Cuando Laura llegó a la comisaría, poco después, vomitando, mareada, con fractura en la mandíbula y desplazamiento de una vértebra en el cuello, para hacer la denuncia, la dejaron detenida, porque su ex pareja, blandiendo algunos rasguños que ella le hizo cuando se defendía de los golpes, la había denunciado por agresión. No sólo la dejaron detenida 24 horas, sino que, a pesar de las condiciones físicas en que se encontraba, no recibió atención médica.
El caso de Laura no es una excepción, todo lo contrario. Conseguir hacer la denuncia, en muchos casos, suele ser un triunfo de difícil acceso.
La tarea que la ONG lleva adelante, sin ser esto excluyente, la realizan en barrios y zonas de alta vulnerabilidad social, donde las dificultades que presenta esta temática son muchos mayores, tanto por la ingente falta de recursos de las víctimas como de preocupante desidia de los entes estatales, de las que dependen casi exclusivamente.
“Nos llaman por teléfono, nos dice lo que les pasa y nosotros vamos con ellas a los Centros Territoriales de Denuncias, o a la fiscalía, o a la comisaría cercana a hacer la denuncia. Una vez realizada, comienza todo el largo camino de tribunales”, relata Nora Giacometto. “Vamos a la fiscalía con quienes finalmente hemos conseguido una buena relación, aunque casi nunca se consiguen respuestas satisfactorias en estos casos. A veces las acompañamos a algunas áreas de la municipalidad, cuando por determinadas razones necesitan mayor contención social, lo cual, es muy difícil de conseguir”.
Giacometto remarca la cuestión social y la falta de recursos como uno de los principales conflictos con los que se batalla: “Tenemos un muy grave problema con las víctimas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social. Porque son las que más contención necesitan, y no tienen lugares donde quedarse, o medios económicos para trasladarse, ellas con sus hijos. Muchas son desocupadas, muchas trabajan por hora y tienen escasos recursos. Se quedan sin casa, sin cama, sin nada”.
En estos casos en particular, la contención psicológica es fundamental. No sólo en el momento de desesperación, en que, en medio de una golpiza deciden realizar la denuncia. Estas mujeres necesitan un tratamiento a largo plazo. La titular de “Ampliando redes” explica que “la víctima necesita varios meses de tratamiento para poder desengancharse de esa relación tremenda que tiene con el agresor y, por supuesto, también es imprescindible para los hijos. Eso es fundamental, y es lo que no se consigue. Es casi imposible acceder a turnos en los hospitales públicos y no hay ningún efector municipal que se los brinde, con la urgencia con la que lo necesitan”.
La ONG dispones de una psicóloga que atiende en forma gratuita, aunque, señalan “no da abasto muchas veces”, y de igual forma, un abogado que se encarga de colaborar con las causas.
A juicio oral y público por primera vez
“Nosotros siempre estamos utilizando la Fiscalía de Género como querellante, porque por esa vía hay más posibilidades de llegar a juicio, utilizando la fiscalía como querellante. El abogado que colabora con nosotras como voluntario, se encarga de seguir el caso, de ir todas las semanas a la fiscalía, reclamarle a la fiscal (en este caso es Raquel Almada), las medidas preventivas que estas chicas necesitan, informar que cosas hacen falta para que la causa avance, etc.”, explica Giacometto. Y relata que, en un hecho inédito hasta ahora en la justicia santafesina, hay dos casos que están por llegar a juicio oral.
Uno de los casos, el de J.V., que se espera que llegue a juicio entre febrero y marzo. El relato que hacen desde la ONG es desgarrador.
V. hace alrededor de cinco años que da batalla, ha presentado más de 40 denuncias contra Néstor A. por violación de las órdenes de restricción y de cese de hostigamiento. Cuando se le dictó la prisión domiciliaria, el agresor la violaba permanentemente, con la “complicidad de la comisaría que debía vigilar que se cumpla”- señala Giacometto– “La última de las violaciones de la restricción, la que finalmente derivó en prisión preventiva, fue cuando rompió la puerta de rejas que protege la casa de J., y le pintó en la puerta de entrada “TE TENGO”. Eso fue a las 5 de la mañana… ella lo vio desde la ventana y se acurrucó detrás de la puerta, en el rincón, aterrorizada, sin atinar a nada. Permaneció allí por horas, inmóvil por el temor. Al final, el juez comprendió que la vida de J. estaba en riesgo, y dictó la preventiva, lo cual, es un caso entre cientos”.
En ese sentido, ambas dirigentes manifiestan su esperanza de que esa pena sea ejemplificadora, por lo emblemático el caso, “nosotros a lo que apuntamos es a que este hombre tenga una pena acorde, y que sea de cumplimiento efectivo”.
Pedimos que el Estado no esté ausente
Lo que manifiestan categóricamente desde Ampliando redes es, por un lado la inacción de la policía y las complicidades, y por otro, el abandono de las víctimas por parte del Estado. Para ilustrarlo, relatan la historia de P., que lo evidencia claramente.
P. llamó al 911 luego de que su pareja la cortara en varias partes de su cuerpo con una botella rota. Antes de eso la amenazó repetidamente con un arma diciéndole que la mataría, hasta que, mientras su hijo de 7 años lloraba y le pedía que no la mate, dijo: “está bien, no la voy a matar de un tiro” y puso el arma en manos del niño.
Los efectivos del 911 nunca llegaron, así que P. corrió con sus hijos, los dejó en casa de un familiar que vivía a dos cuadras y fue a una garita de seguridad para pedir que vuelva a llamar al 911. Esa llamada tampoco tuvo respuesta, así que mientras el hombre se dedicaba a destrozarle la casa a P. ella intentó con el 144.
Sólo así, comunicándose con ese número que intervino desde Buenos Aires, P. consiguió que le envíen un móvil, cuyos efectivos, al llegar, sin demasiadas explicaciones, le dijeron que no podían ir a buscar al agresor. Esa actitud se modificó sólo cuando desde dónde estaban, pudieron ver que la casa de la mujer estaba siendo incendiada. Sólo en ese momento, el hombre fue detenido.
Pero el calvario de la víctima no terminó allí. El móvil del comando la traslada al policlínico San Martín, ya que la mujer se encontraba con múltiples cortes y contusiones en todo el cuerpo. Y allí la abandonaron, sin ropa, ya que al momento de salir huyendo de su casa estaba en camisón, sin dinero para trasladarse, y sin ningún tipo de contención psicológica porque en el policlínico no se la brindaron.
P. tuvo un tendón cortado, 20 puntos en un brazo, 8 puntos en el otro y golpes graves. Además perdió lo poco que tenía en su casa. La única suerte que tuvo esa mujer que fue abandonada por todos, incluso por quienes se suponían que estaban para defenderla, fue que una empleada de la sub comisaría 22 supo que el comando la había dejado librada a su suerte, y decidió salir a buscarla, y convencerla de que haga la denuncia.
Así fue que se supo que el agresor tenía “negocios” con otros efectivos de la misma comisaría y por eso nunca respondían a sus llamados.
Esas historias, con distintos matices se repiten, una y otra vez. “Lo que nosotros pedimos es que el Estado no esté ausente”, dicen las voceras de la organización, “que cuando una mujer hace una denuncia y dice me apuntó con un arma, no quede en la nada, porque muchas veces queda en la nada. Cualquiera de estas situaciones puede derivar en la muerte, de la mujer o de algunos de los chicos, hay golpes, hay armas, hay incendios; y cuando se hacen las denuncias, quedan en eso, denuncias”.
Además, señala Cardozo, la otra cara de la realidad es la indefensión de la persona que finalmente se anima a denunciar.
“Si una mujer decide hacerlo, lo primero que hace es recurrir a la comisaría, y lamentablemente, hay seccionales donde el personal comprende el problema pero, en la mayoría, no, hay una desidia total y se sienten tan desprotegidas, que da media vuelta y se va. Y luego hay muchos casos, como en el de estas chicas, que los agresores están en connivencia con algunos efectivos de esas comisarías porque tienen entre ellos “asuntos”, por decirlo elegantemente. Entonces ahí existe un escudo protector a los agresores. Van a hacer la denuncia y le dicen: ‘no mirá, no te conviene hacer esto, no vamos a tomar la denuncia porque él es peligroso y vas a tener más problemas’ y la mujer termina desistiendo y con más miedo que antes”.
Los Centros Territoriales de Denuncia, un logro que da para más
En relación a la Línea Verde y a los Refugios habilitados por la municipalidad, ambas dirigentes remarcan que el funcionamiento es absolutamente deficiente y que no hay ninguna política de asistencia a la víctima. “El teléfono verde ni siquiera tiene líneas rotativas, así que a veces ni podés comunicarte. Ahora, si lográs que te atiendan, el tema es que ellos no actúan en las emergencias. Lo único que hacen es escucharte, y te dicen que vayas a la comisaría, o te dan turno para un psicólogo tres semanas después”. En contraposición a ello, tanto Giacometto como Cardozo destacan los Centros Territoriales de Denuncia (CTD): “Funcionan realmente muy bien, son excelentes, porque los atiende personal muy capacitado, y además tienen médicos forenses en el lugar. Pero el problema allí es, en primer lugar, que atienden de lunes a viernes de 8 a 20. Y en estos casos la noche, la madrugada y los fines de semana, son los momentos dónde los agresores recrudecen el hostigamiento. El otro problema es que son pocos, debería haber más CTD en los barrios, porque por ahora sólo hay en los distritos, entonces hay mujeres que les queda realmente lejos, por ejemplo, las que viven en el límite de la circunvalación con Cochabamba, el distrito noroeste o el distrito oeste le queda inaccesible, pensando que estamos hablando de situaciones extremas, de momentos de mucha violencia y también de escasos recursos económicos. La mujer tiene que salir corriendo, en muchos casos, con sus hijos, y sin dinero encima, entonces acceder a los pocos CTD que hay es extremadamente complicado”.
La desidia del estado y la falta de prevención
Las representantes de la ONG señalan una y otra vez esa especie de “agujero negro” ese vacío en que caen las mujeres que son víctimas de violencia y cuyos pedidos de auxilio se pierden en los vericuetos del sistema, y sólo hacen eclosión, unas horas, cuando la muerte estalla en las pantallas y los diarios, y horroriza por lo brutal. Pero, de lo que en general no se habla en las crónicas policiales ni en los debates esporádicos que se suscitan a raíz de otra muerte evitable es la telaraña en la que quedan atrapadas. Esa telaraña se vuelve doblemente insalvable cuando esas mujeres carecen de recursos económicos para sortearlas. En el proceso de intentarlo, muchas pierden sus trabajos, porque temen dejar a sus hijos en manos de los victimarios, o porque su prontuario de entradas y salidas en los hospitales les impiden asistir regularmente. Y en el proceso de intentarlo la batalla se vuelve absolutamente desigual, porque no sólo pelean contra un violento y contra sí mismas, sino contra fuerzas policiales y de seguridad, contra el poder judicial que no las contempla, contra el sistema de salud pública que no les hace lugar… con un Estado indiferente.
Santa Fe ocupa, en este momento, el segundo lugar en el país en número de femicidios. Cuando se les pregunta a Laura Cardozo y Nora Giacometto, que le ponen el cuerpo a esa dura realidad, acompañando cotidianamente esas batallas, no dudan en responder: “A la desidia del Estado y a la falta de prevención, a la falta de políticas públicas reales y concretas, que excedan los discursos y las buenas intenciones”. Tal vez por allí, entonces, haya que empezar a caminar para encontrar respuestas.
