El presidente Alberto Fernández oficializó la creación y puesta en funcionamiento de una Comisión especial que recibirá y analizará denuncias sobre violencia institucional en Jujuy durante y después de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial. Quien se desempeñen en la misma lo harán con caracter ad honorem.
La medida fue adoptada a través del Decreto 435/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Esta nueva Comisión receptará y analizará de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy. La misma que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.
Según los datos que arroja el texto publicado, estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes, quienes se desempeñarán con carácter ad honorem.
Los objetivos de la Comisión serán, «receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional» local.
Además, también deberá «recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en Jujuy».
Según lo indicado en el texto del Decreto, el coordinador de la Comisión será el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylskila. A parte de él mismo, el espacio estará integrado por la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Gabriela Kletzel; y por expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, quienes serán designados por el ministro de Justicia, Martín Soria. Además, se invitó a los organismos de derechos humanos internacionales a designar un representante para oficiar como veedor del desarrollo de la Comisión.
Metas de la Comisión
Lo esperado es realizar, en un plazo máximo de 60 días, un informe que será elevado al Congreso y la Corte Suprema de Justicia, «conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos».
Por los tiempos establecidos, dicho informe sobre los hechos de violencia institucional en Jujuy podría tener impacto en el final de la campaña electoral antes de las generales del 22 de octubre o, de publicarse luego, previo a un eventual balotaje.
